FUENTE: International Viewpoint |19/09/2020 | TRADUCCIÓN: Charles Rosa
La proporción de la población que vive por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 41,1% en 2019 y podría aumentar en otras 800.000 personas en 2020. El curso del golpe demuestra que fue cuidadosamente preparado. El 18 de agosto, los amotinados tomaron simultáneamente los cuarteles de Kati y N’Tominkorobougou, mientras que se enviaron tropas para arrestar a figuras clave del régimen, el presidente Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), su primer ministro Boubou Cissé y el ministro de Relaciones Exteriores Tiébilé Dramé, Finanzas El ministro Abdoulaye Daffé y el general Ibrahim Dahirou Dembelé, ministro de Defensa.
Un golpe de Estado en medio del descontento popular
De inmediato, los autores del golpe de Estado proclamaron la creación de un Comité Nacional para la Salvación del Pueblo (CNSP) y dispusieron que el propio Keïta anunciara su renuncia y la de su gobierno, así como la disolución de la asamblea nacional, permitiendo así el mantenimiento de un barniz constitucional, incluso si eso no engaña a nadie. Si los golpistas son en su mayoría altos funcionarios, no obstante, no están integrados en el círculo íntimo de las personalidades del régimen. Algunos de ellos lideraron la guerra contra los rebeldes en el norte de Mali, como el coronel Assimi Goïta, presidente del CNSP, quien fue el comandante del batallón autónomo de fuerzas especiales y combatió a los yihadistas en el norte del país de 2002 a 2008. El número dos del CNSP, Malick Diaw, era subcomandante de la zona militar de Kati, y es considerado como el eje del golpe. El portavoz del CNSP, Ismaël Wagué, era el subjefe de estado mayor de la fuerza aérea.
Parafraseando un anuncio de una multinacional de alta tecnología: la gente lo soñó, los golpistas se dieron cuenta, excepto que en este caso, la gente no solo soñó, se movilizó masivamente contra el régimen con manifestaciones masivas. El detonante de esta movilización, que se inició a principios de junio, fue la decisión del Consejo Constitucional de modificar los resultados de las elecciones parlamentarias en una treintena de circunscripciones a favor de candidatos al régimen. La tasa de abstención para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2018 fue del 57% y para la segunda vuelta superó el 65%. Esta abstención se mantuvo durante las últimas elecciones parlamentarias demostrando el desinterés de la población por una clase política ampliamente desacreditada. Las movilizaciones masivas fueron organizadas por el Mouvement du 5 Juin – Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP), una agregación de diferentes partidos, sindicatos y organizaciones activistas de la sociedad civil, contra el gobierno y por la renuncia de Keïta. La única respuesta del gobierno fue una feroz represión con un saldo de 11 muertos y más de un centenar de heridos. IBK no dudó en utilizar la Fuerza Especial Antiterrorista (FORSAT) que disparó munición real contra la multitud en un intento por sofocar las protestas.
Si bien en 2013 IBK había representado la esperanza y ganó las elecciones presidenciales con facilidad, continuó decepcionando al no tomar decisiones importantes capaces de resolver los problemas del país. Su gobierno y sus familiares se han visto afectados por casos de corrupción que han arrasado la vida política. Entre otros, la sobrefacturación de la compra del avión presidencial, las compras de 4X4 de lujo repartidas a su séquito, sin olvidar su reloj Patek Philippe por más de 80.000 euros y el comportamiento de su hijo, Karim Keïta, que luce descaradamente su lujoso estilo de vida en las redes sociales, mientras que casi la mitad de la población vive por debajo del umbral de pobreza. Una investigación de la ONU reveló que la alta jerarquía militar como el general Kéba Sangaré, jefe de estado mayor del ejército, ha seguido torpedeando los acuerdos de paz de Argel. y tomar decisiones irresponsables levantando la protección de la aldea de Ogossagou, que sin embargo estaba amenazada por milicias armadas. Horas después de la partida del ejército de Malí, la aldea fue atacada, matando a 35 civiles y 19 desaparecidos. Este pueblo ya estaba de luto por la masacre de 160 personas hace un año. Si el general Sangaré ha sido relevado de su cargo, este tipo de individuos continúa con políticas represivas al más alto nivel del estado. Por tanto, es un régimen asediado, corrupto e incapaz que ha llegado a su fin. Si el general Sangaré ha sido relevado de su cargo, este tipo de individuos continúa con políticas represivas al más alto nivel del estado. Por tanto, es un régimen asediado, corrupto e incapaz que ha llegado a su fin. Si el general Sangaré ha sido relevado de su cargo, este tipo de individuos continúa con políticas represivas al más alto nivel del estado. Por tanto, es un régimen asediado, corrupto e incapaz que ha llegado a su fin.
Una situación dramática para la gente
Ya sea en el ámbito económico, social o de seguridad, todos los indicadores están en rojo. Según el último informe del Secretario de Naciones Unidas, la situación se está deteriorando considerablemente. “El número de desplazados internos en Malí aumentó de 218.000 en marzo a 239.484”. Los acuerdos de paz de Argel que datan del 20 de junio de 2015 se han estancado y las dos medidas más importantes no se han llevado a cabo: “los retrasos en la reestructuración administrativa y territorial y los desafíos que enfrenta el redespliegue de las unidades reconstituidas del ejército al norte de el país fue identificado como los principales obstáculos para la implementación del Acuerdo ”. La situación en el norte del país es ahora una especie de zona gris donde los grupos armados, signatarios o no del acuerdo de paz, islamistas o grupos comunales, se dedican principalmente a diversas actividades de tráfico. Una situación que resulta en parte de la intervención militar francesa en el marco de la Operación Serval. De hecho, la primera consecuencia fue la dispersión de los combatientes islamistas por toda la región del Sahel, la segunda está vinculada a la dependencia de las fuerzas armadas de los separatistas del MNLA y luego, con la operación Barkhane, a las milicias progubernamentales para luchar contra los yihadistas en el a expensas de una política de desarme general.
Hay dos grupos islamistas: el Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes – GSIM) afiliado a Al Qaeda y dirigido por Iyad Ag Ghali y el Estado Islámico del Gran Sahara. Además, hay grupos armados que están federados en varias organizaciones. Del lado gubernamental está la Plataforma de Movimientos de Autodefensa denominada “la Plataforma”, mientras que del lado rebelde está la Coordinación de Movimientos Azawad (CMA) y finalmente, la Coordinación de Movimientos de Entente que reúne a combatientes de los dos primeros grupos. Entre todos estos grupos, las fronteras son en gran parte porosas y las alianzas se forjan y desatan al capricho de los jefes de clan.
La violencia que estuvo confinada al norte se ha extendido durante varios años al centro del país y la situación solo está empeorando con los enfrentamientos entre comunidades, pero también dentro de las comunidades. Los conflictos se deben principalmente al acceso a los recursos, ya sea agua o pastoreo, entre los fulani, que son en su mayoría pastores, y otras comunidades que dependen de la agricultura o la pesca. Los enfrentamientos se vuelven sangrientos porque las armas de guerra son numerosas y circulan con facilidad en el país, la ausencia de un Estado que pueda actuar como regulador y mediador permite a los islamistas prosperar insertándose en los conflictos y agudizándolos. No pasa un mes sin presenciar ataques y represalias por parte de milicias armadas comunitarias como “Dan Nan Ambassagou” o islamistas. En cualquier caso, son los civiles quienes pagan el precio más alto.
Cuanto más fuerte es la presión militar, más se hunde el país en una crisis con dramáticas consecuencias para la población. Las violaciones de derechos humanos, como asesinatos, saqueos, secuestros, desapariciones y reclutamiento forzoso, incluido el de niños, son cometidas por grupos armados, pero también por fuerzas gubernamentales: “La MINUSMA documentó 535 violaciones y abusos, 412 más que en el período del informe anterior, incluidos 275 abusos por parte de grupos armados y 163 por las fuerzas nacionales ”. [ 1 ]Los casos enumerados reflejan solo parcialmente la situación debido a la multiplicidad de ejércitos gubernamentales que operan en el Sahel: el ejército de Malí, la fuerza conjunta del G5 Sahel que reúne a elementos de los ejércitos de Mali, Níger, Burkina Faso, Mauritania y Chad, la ONU fuerza MINUSMA, el grupo de fuerzas Takuba compuesto por soldados de la Unión Europea, las fuerzas del ejército francés de la Operación Barkhane y las fuerzas de los distintos países del Sahel que tienen un derecho de persecución de 50 kilómetros, recientemente aumentado a 100, más allá de sus fronteras . Cuando se cometen abusos contra civiles, es difícil saber quién es el responsable, ya que los soldados de los ejércitos sahelianos integrados en la fuerza G5 no tienen ningún signo distintivo. En cuanto a las fuerzas armadas francesas, trabajan y dependen de ciertos grupos armados responsables de delitos,
Malí ha caído gradualmente en una espiral de violencia. Ya no son unos pocos yihadistas los que llevan a cabo ataques, sino grupos armados que se benefician de problemas inicialmente políticos y económicos. La crisis del capitalismo en África y notoriamente en el Sahel con sus repercusiones climáticas, económicas, sociales y ahora sanitarias exacerba las tensiones comunales. Las respuestas militares, ya sean malienses u occidentales, no cambian la situación, sino que la empeoran. Como señalan las organizaciones de la sociedad civil activistas del Sahel: “Hasta ahora, los recursos militares no han logrado garantizar la protección de todas las poblaciones sin discriminación e incluso han dado lugar a numerosos abusos contra la población civil…. Los Estados deben poder analizar las situaciones que llevan a las personas a unirse a grupos armados… ” [ 2 ]Esta situación de guerra latente en el norte y el centro del país tiene consecuencias a nivel social, los centros de salud ya no funcionan y las escuelas están desiertas, por lo que antes de la crisis del Covid-19 se cerraron cerca de 1.261 escuelas por razones de seguridad. Los precios de los productos alimenticios continúan subiendo debido a las dificultades del transporte. La epidemia de Covid-19 ha agravado la escasez. Naciones Unidas considera que “la inseguridad alimentaria afecta a 3,5 millones de personas, de las cuales 757.000 se encuentran en una situación grave”. Podemos comprender mejor el enfado de los malienses contra el gobierno y su presidente IBK y la acogida favorable del golpe de Estado en contraste con las posiciones de la comunidad internacional.
El baile de los hipócritas
El golpe fue condenado por unanimidad; sin embargo, aparecen ciertos matices. Por tanto, Francia está pidiendo el regreso de los civiles al poder sin mencionar a IBK, a diferencia de la CEDEAO. Esta organización, que agrupa a los jefes de estado de los países de África Occidental, exige “el restablecimiento del presidente Ibrahim Boubacar Keïta como presidente de la República, de conformidad con las disposiciones constitucionales de su país”.
Entre estos grandes defensores del orden constitucional, encontramos a Alassane Ouattara y Alpha Condé que cambiaron la constitución de su país para presentarse a las elecciones o Faure Gnassingbé que llegó al poder por un golpe de Estado y que se encuentra en su cuarto mandato mediante elecciones amañadas. Su solemne declaración en defensa de la Constitución de Mali nos haría sonreír si no tuviera consecuencias significativas. La CEDEAO ha declarado “el cierre de todas las fronteras terrestres y aéreas, así como el cese de todos los flujos y transacciones económicos, financieros y comerciales, con excepción de los alimentos básicos, los medicamentos, el combustible y la electricidad. entre los países miembros y Malí. Invitamos a todos los socios a hacer lo mismo ”. [ 3 ]Malí es un país sin litoral que depende de los países fronterizos para su suministro. Un embargo solo haría la situación aún más difícil.
En África, los golpes de Estado se suceden pero no son iguales. Hay golpes de Estado que pusieron fin a experimentos democráticos como fue el caso en 2008 en Mauritania, donde el general Mohamed Ould Abdel Aziz tomó el poder para acabar con las detenciones por malversación de fondos, o el de Blaise Compaoré para derrocar a Thomas Sankara. Hay otros golpes de estado que derrocan dictaduras o regímenes odiados que se mantienen a través de la represión. Malí es un ejemplo. El fin de la dictadura de Moussa Traore en 1991 fue a través de una combinación de movimientos de masas y un golpe militar. El golpe de estado de Amadou Haya Sanogo en 2012 puso fin al régimen corrupto de Amadou Toumani Touré. Este tipo de golpe de Estado es siempre ambivalente ya que por un lado libra al país de dirigentes corruptos pero por el otro reemplaza al pueblo y su organización, despojándolos de su victoria,
Una situación compleja de luchas
El M5-RFP no apoyó el golpe pero acogió con satisfacción la salida de IBK de la presidencia, considerando esta renuncia como resultado de la lucha del pueblo y manifestándose dispuesto a trabajar con los militares. Desde el punto de vista de la movilización popular, la situación sigue siendo compleja. El liderazgo de la protesta sigue en manos de un líder religioso y demagogo particularmente atrasado, el imán Mahmoud Dicko. Apoyó al ex dictador Moussa Traoré, luchó contra el cambio en el Código de Familia que otorga más derechos a las mujeres e impulsó a IBK al poder en las primeras elecciones presidenciales. En el M5-RFP, la organización de Dicko, la Coordinación de Movimientos, Asociaciones y Simpatizantes (CMAS) tiene un peso muy importante y políticos como Choguel Maiga, Mountaga Tall o Modibo Sidibé que han participado más o menos en todos los regímenes no son lo suficientemente importantes como para contrarrestar. Ahora los militares han tomado una posición decisiva en el espectro político de Malí. Entre estos dos polos, el Imam Dicko y los golpistas, será difícil para los partidos políticos progresistas y las organizaciones de la sociedad civil militantes hacer oír su voz cuando deban tomarse decisiones políticas y económicas importantes.
Paul Martial es corresponsal de International Viewpoint. Es editor de Afriques en Lutte y miembro de la IV Internacional en Francia.
