El expresidente de la Argentina, Mauricio Macri, presentó esta semana una Fundación que lleva su nombre. La institución pone el eje en la educación. En el marco del lanzamiento sostuvo que, en materia educativa, «esperamos que todos puedan aportar conocimientos y opiniones, pero la voz de las familias, que representan en sus demandas y anhelos a sus hijos, debe ser la que suene más fuerte, la que se escuche con más atención, la más respetada».
Sintetizó así la ideología que la derecha viene agitando en Argentina cada vez que se pone en debate la educación, ideología según la cual las familias son propietarias de sus hijxs. De esta forma, el relanzamiento político de Macri puso en el centro del debate público el conflicto entre la escuela y la familia, y confrontó con la política sanitaria del gobierno y con el reclamo de la docencia de una vuelta segura a las aulas. Sin embargo, a pesar de que esta vez se desarrolla en el contexto de la discusión sobre el retorno a clases en medio de la pandemia, este conflicto no es nuevo.
El caso Santiago Maldonado
Un antecedente relevante se manifestó en 2017 en relación con la desaparición del joven Santiago Maldonado durante la represión de una protesta realizada por la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, provincia argentina de Chubut.
El debate público en torno a su desaparición, que movilizó la denuncia de distintos organismos de derechos humanos contra el Estado argentino por desaparición forzada, encubrimiento y abuso de autoridad, no tardó en llegar a las aulas por dos vías: lxs alumnxs y lxs docentes. En este último caso, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) decidió llevar adelante distintas actividades escolares con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Desaparición Forzada de Personas.
A raíz de éstas acciones, surgieron quejas de padres y madres en contra del tratamiento del tema en el aula, exacerbadas por los medios de comunicación afines al macrismo, que se sumaron a las intervenciones de importantes funcionarios del Gobierno Nacional. Este fue el caso del propio ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiario, que cuestionó la iniciativa de CTERA e invitó a las familias a elevar sus quejas a los equipos directivos o al Ministerio en caso de que consideraran que el tratamiento del asunto era «partidista». Esta iniciativa es similar a la que Bolsonaro impulsó un año más tarde en Brasil, de la mano del Movimiento Escuela Sin Partido, que convocó a familias y alumnxs a denunciar a docentes «adoctrinadorxs».
En el caso de Argentina, muchos padres y madres, coincidiendo en algunos casos con las autoridades de las escuelas, consideraban que la simple alusión al término «desaparecido» tenía un sesgo partidista, aun cuando la propia causa judicial llevaba la carátula «desaparición forzada». Lo cierto es que la polémica activó la reacción de las autoridades incluso antes de que llegaran las quejas, motivo por el cual empezaron a consultar a los padres y a las madres si autorizaban a sus hijxs a participar de actividades áulicas sobre el tema. En algunas instituciones llegaron a protagonizar escenas de violencia mientras retiraraban a lxs estudiantes en medio de las clases. Esta contracampaña se popularizó en las redes sociales con el hashtag #ConMisHijosNo, que terminó de consolidar a los padres y a las madres como garantes de la censura del tratamiento del tema en las aulas.
Las tomas de colegios
Algunos meses después, se desarrollaron situaciones similares a raíz de las tomas de colegios que se desarrollaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de las cuales estudiantes organizadxs ocuparon treinta edificios para manifestarse en contra de la reforma impulsada por la cartera educativa de esa ciudad.
Mientras el estudiantado supeditaba el levantamiento de las medidas a un encuentro con la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, esta eligió como interlocutoras a las familias: «Los papás tienen que poder tener los pantalones largos puestos y las polleras puestas para decirles a los chicos que no».
De esta forma, la ministra hacía un llamamiento a que las familias impusieran su autoridad y mandaran a sus hijxs a la casa, desconociendo al estudiantado como interlocutor en el debate acerca de la reforma que suscitó las tomas. El corolario de esta orientación llegó con la imputación de 43 padres y madres a causa de las tomas de colegios realizadas por sus hijxs.
Educación Sexual Integral
El evento más reciente de esta sucesión de polémicas que enfrentaron a escuelas y familias, y tal vez el que manifiesta con mayor claridad la naturaleza de esta tensión, se dio en torno al tratamiento de los contenidos de Educación Sexual Integral en las escuelas.
La polémica siguió al debate parlamentario por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 2018. Esta se desarrolló en el marco de una gran movilización social en la que se destacó la participación de estudiantes secundarias que se colocaron masivamente el pañuelo verde de la Campaña por el Derecho al Aborto. En contra de la aprobación de la ley, se manifestó el movimiento «en defensa de las dos vidas», en el marco del cual fue clave la participación de las escuelas confesionales como centro organizativo de la movilización.
En el contexto del debate parlamentario, que finalizó con el rechazo de la ley, pareció que se había establecido un piso de consenso en torno a la importancia de la Educación Sexual Integral en las escuelas, tanto entre las autoridades legislativas como en la opinión pública. Sin embargo, frente a la posibilidad de avanzar en su implementación efectiva, el movimiento autodenomidado «por las dos vidas» viró hacia una confrontación directa contra el tratamiento del tema en las escuelas, articulando una campaña bajo el lema «Con mis hijos no te metas». La campaña tomó el nombre y los colores (celeste y rosa) de un movimiento que surgió en Perú durante 2016 en oposición a las políticas públicas del gobierno nacional a favor de la implementación del enfoque de género en la educación y en otras áreas de la administración pública.
¿Qué hay detrás del conflicto?
Hay una idea subyacente que entra en juego cada vez que se enfrentan familias y docentes: lxs niñxs y lxs jóvenes son propiedad de sus padres y sus madres.
Aunque nunca falta quien quiere darla por muerta, la escuela como la conocemos en la actualidad es una institución muy exitosa en la socialización de la crianza, el cuidado y la educación de lxs niñxs. La pandemia lo puso en evidencia. En un sentido, puede decirse que la escuela expresa objetivamente una tendencia contradictoria con la supervivencia de la institución familiar tradicional. Esto es así en la medida en que su expansión supone la socialización creciente de las tareas de cuidado de niñxs y adolescentes. Sin embargo, la familia sigue reclamando para sí –y parece concedérsele de manera absoluta– una suerte derecho de propiedad sobre lxs niñxs y adolescentes. Cuando Macri sostiene que la educación «es un tema fundamental de cada familia», reivindica ese derecho por encima del derecho a la autonomía de cada estudiante.
El reclamo de la derecha por la apertura de las escuelas y, al mismo tiempo, la reivindicación de la familia como espacio privilegiado de la reproducción social, se nos presentan como una contradicción. Sin embargo, esta contradicción es sólo aparente. La relación entre la socialización de la crianza de lxs niñxs –que acompaña la expansión de las relaciones sociales capitalistas– y el supuesto derecho de propiedad de la familia sobre ellxs es análoga a la que existe entre la socialización de la producción y la apropiación privada de la riqueza en el ámbito de la producción capitalista. En este sentido, la derecha sigue promoviendo a la familia tradicional, objetivamente debilitada, como el principal espacio de realización personal y afectiva, reforzando ideológicamente en el mismo movimiento el derecho de propiedad.
Así, cuando la escuela pone en cuestión la apropiación que las familias hacen de lxs niñxs para concebirlxs como sujetos autónomos, las familias reaccionan violentamente. Son llamadas a la trinchera de la batalla, sea contra la rebeldía de lxs estudiantes, sea contra el atrevimiento de lxs docentes. Parece que lo que no puede ser puesto en cuestión es la propiedad, y para la mayor parte de las familias, la única propiedad es la que tienen sobre «sus hijxs». La apropiación familiar de la vida de niñxs y jóvenes es parte de un entramado más complejo que incluye otros mandatos y opresiones sociales, como la apropiación estatal y masculina sobre el cuerpo de la mujer, la heterosexualidad y la maternidad obligatoria. Sobre esta realidad opera la ideología de los think tanks de la derecha en la región, agitando los ánimos de las familias cada vez que la escuela se constituye en un espacio abierto a la crítica social.
Si queremos discutir con éstas ideas, debemos estar dispuestxs entonces a discutir la aparente comunión entre la familia y la escuela. A lxs docentes nos corresponde hacerlo si queremos tratar a nuestrxs estudiantes como personas.
En el ejercicio de la docencia, nos cabe un rol fundamental en la defensa de la educación pública como un espacio privilegiado para comprender y también para socavar los cimientos de estas formas de dominación. Debemos tomar partido en esa tensión y enlazar con aquellos movimientos que apuntalan la tendencia a la autonomía de los sujetos, especialmente la de nuestrxs jóvenes estudiantes.
Si volver a encontrarnos en las escuelas es fundamental, no es porque las familias tienen el derecho a decidir qué es lo que sus hijxs deben hacer o dejar de hacer, sino porque en la escuela, muchas veces en contra del interés privado de las familias, se libra una batalla fundamental por la libertad y la autonomía de las personas.
