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Via El Desconcierto

El deseo de la clase política es de evitar a toda costa que las voluntades colectivas de cambio se conviertan en un proceso constituyente de verdad (abierto, participativo, deliberativo y, por lo tanto, libre). Buscan que estas voluntades queden contenidas y castradas, dentro de los límites de una reforma constitucional más o menos profunda, pero básicamente tutelada y mutilada. Aquellos que han sido desautorizados, deslegitimados y despreciados por la ciudadanía quieren seguir asumiendo el control del proceso, manteniendo los rasgos elitistas con los que se han acostumbrado a gobernar.

Pasada la prueba del plebiscito, el proceso constituyente, heredero directo de la revuelta de octubre, de sus indignaciones y esperanzas, de sus cabildos y asambleas, de sus marchas y performances, de sus muertos y mutilados…. sigue el curso trazado la noche del llamado “Acuerdo por la Paz”.

El proceso se enfrenta al momento decisivo de la elección de los miembros de la “Convención Constitucional”. Denominarla Convención y no Asamblea, “constitucional” y no “constituyente”, son sólo algunos de los indicadores de las intenciones de quienes firmaron dicho “Acuerdo”, incluyendo a nuestros inefables, erráticos y conversos parlamentarios de las, todavía, llamadas izquierda y centro-izquierda. Asamblea les debe haber parecido demasiado revolucionaria, demasiado popular o demasiado roja. Constitucional, por su parte, guiados por la RAE, significa que “pertenece o es relativo a la constitución o Constitución de un Estado” o “partidario de la Constitución” o que se “ajusta a la Constitución”. Constituyente, en cambio, es lo que “constituye o establece”. Se dice de las “cámaras o asambleas convocadas para elaborar o reformar la Constitución del Estado” y de la “persona elegida como miembro de una Asamblea Constituyente”.

Como se ve, constitucional es un adjetivo blando, de adecuación y subordinación, mientras que constituyente es un adjetivo fuerte, de creación, de participación, de implicación, de refundación. Constituyente tiene que ver con “poder constituyente”, es decir, con la fuerza, la potencia y el derecho de los ciudadanos, a través de dinámicas deliberativas autónomas, fuera y dentro de los marcos institucionales, de escribir el guion de su propia historia. El poder constituyente es un “motor de renovación no tanto del orden político como del orden social”, es una “potencia innovadora que emancipa a los ciudadanos de la miseria económica y de la superstición política” y “hablar de poder constituyente es hablar de democracia”, dice Antonio Negri. El poder constituyente es un proceso ético-político mucho más amplio que el acto de redactar una nueva Constitución; es también el sujeto de ese proceso.

Pero el diseño del actual proceso está plagado de trampas. Es el resultado de una ingeniería electoral minuciosa, perversa e inmoral, justamente ideada para reducir el poder destituyente y constituyente de la ciudadanía. Es un diseño, desde arriba, que busca encauzar las energías de transformación que vienen desde abajo y convertirlas en una cuestión, técnica y especializada, de codificación y redacción de normas, decretando que “la Revuelta ha terminado”.  Todo esto, a pesar de las evidencias de que existe un amplio acuerdo, esta vez social y ciudadano, no cupular, acerca de un cambio profundo de las formas no sólo institucionales, sino también existenciales, de nuestra convivencia. La clase política actúa como un ralentizador solapado, cuando no como un entorpecedor explícito, del proceso de refundación y de ruptura democrática abierto en octubre, incluso después del rechazo popular mayoritario de ese invento de última hora llamado “Convención Mixta”.

El deseo de la clase política es de evitar a toda costa que las voluntades colectivas de cambio se conviertan en un proceso constituyente de verdad, es decir abierto, participativo, deliberativo y, por lo tanto, libre. Buscan que estas voluntades queden contenidas y castradas, dentro de los límites de una reforma constitucional más o menos profunda, pero básicamente tutelada y mutilada. Aquellos que han sido desautorizados, deslegitimados y despreciados por la ciudadanía quieren seguir asumiendo el control del proceso, manteniendo los rasgos elitistas con los que se han acostumbrado a gobernar. Eso lo dice explícitamente Andrés Allamand: “Sería un gravísimo error que Chile se refundara en la nueva Constitución”, agregando: “Siempre fui partidario, como lo refleja mi trayectoria, de que el cambio constitucional se efectuase a través del Congreso nacional, como es la norma en las democracias representativas”. Continuidad sociopolítica y mantenimiento del poder de mando de un Congreso devaluado son sus obsesiones actuales, es decir, sometimiento de lo constituyente a lo constituido.

El diseño maestro del actual proceso quedó establecido hace un año a partir del “Acuerdo” que llegó la mayoría de la clase política, convertida en Partido del Orden, tratando de reducir la energía sociopolítica de la Revuelta a un hecho jurídico, un festín para abogados constitucionalistas. Unido a la pandemia, el proceso ha cumplido principalmente una función contra-insurgente desactivadora de las voluntades de cambio. La misma clase política que no participó o incluso llamó a reprimir a la Revuelta, pero que se apropió de esas energías de cambio, domesticándolas. Refractarios a la evidencia de la total obsolescencia de su modelo de representación, insisten en proyectar sobre los espacios constituyentes las formas del actual mapa político. Desangrados en sus apoyos y militancias, yermos de ideas, con categorías de análisis y acción obsoletas como oposición/gobierno o centro-izquierda/centro-derecha, ofrecen una cartografía política altamente restrictiva para la expresión y expansión de la igualdad y la diversidad expresada durante y después de octubre.

El proceso diseñado está lleno de limitaciones a la expresión democrática. Estas son, al menos, las siguientes: a) de procedimiento (regla de los dos tercios); b) de temas o contenidos a tratar (no se pueden cuestionar los acuerdos internacionales suscritos por los gobiernos de la Transición; c) de participación (las vergonzosas limitaciones a la elección de los “independientes”, entendidos como aquellos que no militan en partidos políticos).

Dentro de este marco explícitamente reductor de las posibilidades democráticas han aparecido propuestas de candidatos independientes y una emergente batalla contra las grotescas limitaciones para su elección dentro del marco del “Acuerdo”. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones, muchas de estas iniciativas adolecen del mismo elitismo y “famoseo” de la política-espectáculo actual, haciendo del traspaso de su “imagen de marca” desde un espacio anterior (académico, profesional, mediático, etcétera) al constituyente actual, su estrategia básica. Es decir, son candidaturas con déficit democrático y, por lo tanto, con débil capacidad constituyente, por carecer de base social, deliberativa y mandante, que los sostenga. No negamos la legitimidad de su existencia, pero afirmamos que no colman las demandas democratizadoras del proceso constituyente en marcha.

Desde una perspectiva de ruptura y ampliación democrática, lo relevante no es tanto la independencia de los partidos políticos sino la oposición entre representación y mandato. Los constituyentes deben reflejar con la mayor precisión posible la diversidad social y ser portavoces, no “representantes”, de esa diversidad. Se trata de evitar el modelo de clásico de representación liberal-republicana que busca eximir a los ciudadanos de la responsabilidad, para que otros, supuestamente más capacitados, se hagan cargo por ellos de las decisiones técnicas y políticas de la redacción de la norma. El proceso, por el contrario, debe contener la mayor cantidad de sentidos sociales posible y eso se logra únicamente si es la ciudadanía la que conversa, dialoga, expresa opiniones, aprueba y refuta las ideas de otros y llega a comunes, no a unanimidades, para entrar en diálogo con otros procesos de debates similares realizados en otros espacios sociales. Esas conversaciones, esas decisiones, las tienen y las asumen quienes las han expresado en sus respectivos lugares de vida y lucha social.

Los miembros elegidos deberían ser, mayoritaria y no exclusivamente, personas de verdad independientes de los partidos políticos, pero también de otras formas organizativas que, aunque se autodenominen “movimientos sociales”, mantienen rasgos burocráticos, no deliberativos, piramidales, cupulares y crepusculares, como muchas organizaciones gremiales y sindicales. Pero, a la vez, altamente dependientes de otras formas sociales, económicas, culturales y políticas de organización y deliberación ciudadana, con estilos y procedimientos de funcionamiento participativos, horizontales, deliberativos y mandantes, como han sido y están siendo las asambleas y cabildos que proliferaron en el fragor de octubre. Deberían ser mujeres y hombres, jóvenes y adultos, que asuman que su papel es “mandar obedeciendo”, con una total subordinación a la voluntad de quienes los han elegido como sus portavoces no como sus representantes y, por lo tanto, son revocables. “Las personas que elijamos deben tender un mandato soberano; hasta ahora los que elegimos no tienen un mandato, hacen lo que les da la gana. Si ellos no cumplen con el mandato, deben ser revocados. Esta vez tenemos que aprovechar esta oportunidad única y salir adelante con una Asamblea Nacional Constituyente. A través de asambleas territoriales, comunales y soberanas… destacando los problemas reales que tenemos”, afirmaba Gabriel Salazar hace un tiempo.

No obstante, sabemos que este “mundo social” está en re-constitución, después de ser expresamente desarmado por la clase política de la “Transición” y, por lo tanto, es débil. Por otra parte, las posibilidades de elegir independientes dentro del actual diseño son mínimas, salvo que se reactive la presión popular para modificar las trampas del “Acuerdo”. La otra posibilidad es que los partidos políticos integren en sus listas no sólo a los “independientes” sino a los “dependientes”, es decir, a los elegidos en asambleas, cabildos y otras formas de organización popular. Sin embargo, esta segunda opción tiene dos problemas. El primero es que siguen aceptándose las perversas reglas del juego, mucho más que las habituales, y lo que se busca es torcerle la mano a la Ley a fuerza de pragmatismo. El segundo es que se desconocen los criterios para que los partidos escojan a uno u otro candidato, las condiciones que les pondrán, ni las exigencias a las que se les someterá una vez elegidos.

Para concluir: se debe entender que un proceso constituyente es, ante todo, una gran conversación social sobre el mundo que se inaugura. Es entender que se vive en un tiempo suspendido y a la vez acelerado,donde lo inaugural está en la base de la vivencia diaria de cada ciudadano. Es esa magia constituyente la que debe ser empujada. Sin esto, difícilmente, podamos resolver el candado legal que los poderes constituidos quisieron ponerle a este proceso. La Revuelta continúa.

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