[Presentado en la III Conferencia Nacional de la Nueva Central de Trabajadores -NCT]

Los efectos de la peor recesión económica mundial desde 1929, agravada por los efectos recesivos de la epidemia del COVID, en la economía mexicana, son desastrosos. En 2020 el Producto Interno Bruto registra una caída del 9.3%; alrededor de un millón de pequeñas y medianas empresas han cerrado temporal o definitivamente; el Instituto Mexicano del Seguro Social registra una pérdida de 676,400 empleos; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) determinó que hubo 10 millones de nuevos pobres.

Para tener una mejor dimensión de la profundidad de la crisis, veamos sus efectos en algunos sectores productivos claves.

• En 2019 la industria automovilística ya registraba una caída en la producción de autos (3.772.861) del 3.46%, con respecto al año anterior (3.908.139). Pero eso no fue nada frente al primer semestre de 2020 cuando se produjeron 1,172,698 vehículos nuevos, una caída de 40.82% comparado con el mismo periodo del año anterior (1,981,487 unidades). En el mes de agosto del 2020, las armadoras fabricaron 293.463 unidades, un 13,15% menos que en igual mes de 2019. En los últimos meses la producción de autos se viene recuperando, pero muy lentamente, en noviembre se fabricaron un total de 312,184 vehículos, lo que supone un incremento del 1.44% respecto a los 307,756 vehículos fabricados en noviembre de 2019.

• A pesar de los megaproyectos como el nuevo aeropuerto o la nueva refinería de Dos Bocas, la industria de la construcción también se ha desplomado, en comparación con 2019, el valor del sector de la construcción registró una contracción de -24%; el personal ocupado total de -19.7% y las horas trabajadas decrecieron 19.6%. Esto demuestra que los niveles que se tenían antes de la pandemia aún están lejos de alcanzarse.

• En el importante sector turístico la caída es aún más espectacular, a noviembre del 2020 el número de visitantes extranjeros fue de 3,916,709 personas que, frente a los 8,576,973 del año anterior, significó una caída de -54.3%. En divisas este desplome representó una baja del 54.8% al caer de 1,897 millones de dólares a 856.

• Además de una baja brutal del precio del petróleo al inicio de la pandemia, el barril de crudo llegó a cotizarse a 10 dólares, también se redujo su producción. Al mes de julio nuestro país extrajo 1.60 millones de barriles diarios, su nivel más bajo desde abril cuando extrajo 1.72 millones de unidades, cuando comenzó la pandemia de covid-19. Esta plataforma petrolera representa un hundimiento de 4.2% en su comparación anual, y un retroceso marginal de 0.7% comparado con junio de este año.

La política contra cíclica del gobierno de López Obrador

Hasta este momento los terribles efectos de la recesión y los enormes gastos provocados por la pandemia, no se han traducido en nuevos impuestos para la clase trabajadora o alza desmedida en los artículos de primera necesidad, la suspensión de los megaproyectos, recorte de los programas sociales o adquirir nueva deuda pública. Existen varias razones que explican la relativa capacidad del gobierno para hacer frente a los gastos inesperados provocados por la pandemia y la recesión.

El gobierno de López Obrador subraya que, con los ahorros obtenidos con el combate a la corrupción, obligar a la oligarquía a pagar impuestos que antes eludía y la reducción de los altos sueldos de los funcionarios públicos, se ha logrado estabilizar la situación económica. Aunque este argumento tiene una gran importancia en un país ahogado por los altos grados de corrupción y la evasión de impuestos, es importante tomar en cuenta otros factores que han ayudado a evitar el colapso de la economía, pero que son de alcance limitado y se hace necesario pensar en estrategias más radicales para evitar que, de nueva cuenta, seamos los trabajadores los que paguemos el precio de una crisis provocada por la avaricia patronal.

1. La política salarial del gobierno de la 4T (Cuarta Transformación) ha permitido una recuperación del 60% del salario mínimo (que beneficia a más de 4 millones de trabajadores) y una ligera recuperación de los salarios contractuales. Aunque estos modestos aumentos están muy lejos de recuperar la pérdida del 70% del poder adquisitivo del salario durante los últimos 40 años, para quienes tienen la fortuna de conservar su empleo, significan un amortiguador del impacto recesivo.

2. En los últimos dos años, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha recaudado 736,000 millones de pesos en créditos fiscales, es decir, los adeudos que contribuyentes tienen con el fisco. El 43% proviene de los denominados grandes contribuyentes. Esta cantidad, similar al pago anual de la deuda pública, es el gran pulmón que hace respirar a las finanzas públicas. La mala noticia es que esta opción de financiamiento está llegando a su límite. (Ver)

3. Durante el 2020 el país ha recibido alrededor de 40 mil millones dólares (800 mil millones de pesos), un 10% más que en 2019, de remesas de mexicanos que laboran en los Estados Unidos. Además de fortalecer las finanzas públicas, esta gigantesca cantidad de dinero ha fortalecido el poder de compra de millones de familias mexicanas. Existen tres razones que explican este incremento: que ante la política antinmigrante de Donald Trump, millones de mexicanos de sienten amenazados de ser deportados; el deseo de obtener un mayor rendimiento por la devaluación de mediados de año; y al hecho de que cientos de miles de mexicanos cuentan ya con mejores trabajos en los Estados Unidos.

Nubarrones económicos a la vista

No obstante, estos logros coyunturales, la estabilidad económica es bastante frágil y las posibilidades de una pronta recuperación económica está muy alejada.

Entre los primeros síntomas de esta fragilidad, es la noticia de que tanto Petróleos Mexicanos (PEMEX) como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las principales empresas productivas del estado, han acusado un brutal incremento en su deuda.

La deuda financiera neta de Pemex se disparó 26.9% durante los primeros nueve meses de 2020. El gigante energético reportó un pasivo por 106,191 millones de dólares (2.43 billones de pesos), de acuerdo con su reporte de resultados financieros al 30 de septiembre de este año.

El incremento en 516,700 millones de pesos se debe a los montos utilizados de sus líneas de crédito, así como a la debilidad del peso frente al dólar. De forma desagregada, la deuda de corto plazo de Pemex aumentó 68% a 17,938 millones de dólares, mientras que la de largo plazo se elevó 18.7% a 89,853 mdd.

La deuda total de CFE, en el mercado bursátil, es de 406,913 millones de pesos hasta el 30 de junio pasado y sus vencimientos para este 2020 ascienden a 34,629 millones de pesos. Mientras que para el 2021 deberá liquidar 42,689 millones de pesos. Recientemente CFE colocó bonos por 10,000 millones de pesos, alcanzado así su objetivo de recaudación.

El incremento de la deuda de Pemex y CFE significa que, contrario al discurso, existen problemas de liquidez y se está recurriendo a nuevo endeudamiento público. Podrá no ser con el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que imponen condiciones humillantes para su pago, de cualquier forma, es endeudamiento.

Además de lo anterior, la inestabilidad política en los Estados Unidos; el auge del proteccionismo; la guerra comercial entre EEUU y China; la creciente concentración de la riqueza en unas cuantas manos, a costa del empobrecimiento del 99% de la población, son factores que apuntan a profundizar de la recesión o al estallido de nuevas crisis bursátiles.

Deuda pública

La grave crisis económica que padecemos, acentuada por la pandemia, está generando que la deuda pública aumente sin control, propiciando que los pagos por su servicio se tornen cada día más onerosos para nuestro país, y se desvíen para ese propósito recursos valiosos que servirían para reactivar a la planta productiva, generar empleos y aumentar el gasto social a fin de, por lo menos, paliar la creciente pobreza.

La deuda pública neta total, medida por el llamado Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), el cual incluye toda la deuda pública interna y externa, más el IPAB (el Instituto de Protección al Ahorro Bancario que sustituye al Fobaproa), el rescate carretero y los PIDIREGAS (Proyectos de Inversión de Infraestructura con Registro Diferido en el Gasto Público), aumentará de 10.5 billones de pesos (millones de millones) en diciembre de 2018, a 12.6 billones de pesos en diciembre de 2020 (según cifras de la SHCP), lo cual equivale a un incremento de 20% por ciento. Si agregamos el endeudamiento que se propone como límite en el Proyecto de Presupuesto para 2021 la deuda pública total aumentará hasta los 13.4 billones de pesos, un aumento del 27% desde 2018.

La caída del 9.3 por ciento en la producción nacional, ha llevado a que la deuda pública supere el 50% del PIB. En el primer semestre de 2020 la deuda pública aumentó en 7.3 puntos del PIB, al pasar de 44.8% en diciembre de 2019 a 52.1% en junio de 2020. Pero según las estimaciones de la SHCP en los Criterios Económicos para 2021, en diciembre de 2020 la deuda pública total con respecto al PIB ascendió al 53.5%, un incremento de casi 10 puntos del PIB en un año, cifra no vista en los tres últimos sexenios.

Este año nuestro país debe desembolsar 724 mil millones de pesos para cubrir adeudos e intereses, cantidad que podría destinarse a fortalecer el sistema de salud pública o financiar una Renta o Ingreso Básico Universal.

En México, y en muchas otras partes del mundo, existen las condiciones políticas y sociales que justifican la suspensión del pago de la deuda pública, su auditoria y renegociación. Es completamente inhumano e inmoral que, en medio de esta contingencia sanitaria y económica, los banqueros continúen amasando grandes fortunas a costa da la sangre y sacrificio del resto del mundo. Por esa razón en México se ha formado la Promotora Nacional para la suspensión del Pago de la Deuda Pública, de la cual la NCT forma parte, y a cuya causa debemos involucrarnos con todo ahínco.

Es urgente un cambio radical de política económica

Aunque existen aspectos de la política económica del gobierno de la 4T en los que toma distancia de las políticas neoliberales, como impulsar la Renta Básica para los adultos mayores o de exigir a la oligarquía el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, todavía no se atreve a impulsar medidas más radicales como la de reducir la enorme desigualdad social, suspender el pago de la deuda pública o extender el beneficio de la Renta Básica a toda la población mayor de 18 años.

Es completamente injusto e inmoral, incluso irracional, que en México se paguen los salarios más bajos del mundo cuando contamos con algunas de las familias más ricas del mundo. Tan solo cinco de las familias más ricas de México suman una riqueza cercana a los 120 mil millones de dólares: Carlos Slim cuenta con una fortuna de 57 mil 600 millones de dólares; la familia Larrea, Sara Mota y Germán, con una riqueza conjunta de 26 mil 140 millones de dólares; Ricardo Salinas, con 13 mil 200 millones; Alberto Bailleres, con 10 mil 600 y Juan Beckmann, con 8 mil 470 millones de dólares.

México está entre los países que menos impuestos cobra a su clase empresarial, apenas el 7.1% del PIB, mientras que, en los países nórdicos como Dinamarca, el impuesto a los grupos de mayores ingresos equivale al 27.9% del PIB, a su vez, el tributo sobre bienes y servicios —todas las actividades de todos los ciudadanos— significa la mitad, 14.7 %.

Una reforma fiscal progresiva, mejores salarios y la suspensión del pago de la deuda pública son acciones indispensables para terminar con esta injusta distribución del ingreso y financiar proyectos estratégicos para el desarrollo sustentable, el mejoramiento del medio ambiente o garantizar una Renta Básica Universal. Dinero o recursos existen, solo falta la voluntad política de hacerlo.

A continuación, enumeramos un programa que resume nuestras propuestas para impulsar un cambio urgente y radical para romper con el neoliberalismo y construir un mundo mejor. Estas medidas no pueden adoptarse de manera parcial, so pena de hacerlas inviables, deben aplicarse como un conjunto íntimamente relacionado.

Propuestas para un desarrollo humano sustentable:

1. Declarar la inmediata suspensión del pago de la deuda pública debido a un cambio fundamental de circunstancias y fuerza mayor. Auditar la deuda pública y desconocer la deuda odiosa. Renegociar la deuda legítima o recomprarla en los mercados secundarios.
2. Impuesto extraordinario del 3% a las grandes fortunas para afrontar los problemas sanitarios derivados del COVID y fortalecer el sistema de salud pública.
3. Reforma fiscal progresiva para las grandes empresas hasta equipararla a los países nórdicos, es decir, cercanas al 30% del Producto Interno Bruto.
4. Reducir las tasas de interés a los deudores individuales, incluyendo las pequeñas y medianas empresas, a los mínimos internacionales y negociar quitas o compras de deuda a los acreedores.
5. Recuperar la soberanía del Estado sobre el Banco de México.
6. Control de cambios.
7. Monopolio del Estado sobre el comercio exterior.
8. Recuperación del poder de compra de los salarios mínimos y contractuales al nivel de 1976.
9. Derogar el sistema privado de administración de los fondos de pensiones, regresar al régimen solidario.
10. Impulsar un agresivo programa de inversión pública para comunicaciones, energía, agua y alcantarillado, salud, educación, reforestación, limpieza de ríos y playas, tratamiento de basura y desechos y demás obras que posibiliten la creación de empleos dignos y libres de outsourcing.
11. Asegurar un Ingreso o Renta Básica Universal, para toda la población mayor de 18 años, que asegure una vida digna a quien lo reciba y que sustituya los programas sociales individuales.