El proyecto extractivista MARA[1], sin ningún tipo de licencia social, continúa su avance. El día de ayer integrantes de la Asamblea El Algarrobo fueron detenidos en lo que señalan como un accionar antidemocrático, fraudulento y pro-minero del gobierno provincial.
Manuel Fontenla, miembro de Pucara “Pueblos Catamarqueños en Resistencia y autodeterminación”, nos relata que el día lunes la ciudad de Andalgalá amaneció sitiada. Policías de la provincia de Catamarca y de grupos especiales desde la mañana iniciaron una serie de detenciones a integrantes de la Asamblea El Algarrobo y a vecinos y vecinas que se habían estado manifestando pacíficamente, como todos los sábados en las ya históricas “Caminatas por la Vida y por el Agua” que el pueblo realiza hace más de 10 años.
Las órdenes para detener e interrogar a los miembros de la asamblea del pueblo fueron emitidas por la fiscal Soledad Rodríguez. Manuel refiere que ha sido comprobado que ella ha trabajado como abogada para las empresas mineras. Las detenciones se realizaron durante el día lunes pero se espera que los detenidos tengan sus interrogatorios recién el día miércoles: “Este procedimiento no tiene ninguna razón de ser. Estas detenciones no hacen más que demostrar que el accionar antidemocrático y fraudulento está queriendo impulsar a toda costa el Proyecto MARA[1] [2] ”.
La razón para las detenciones radica en una serie de disturbios que se sucedieron el pasado sábado en las oficinas que Agua Rica tiene en el centro de la ciudad y en la sede del Frente para la Victoria, centros simbólicos del aparato represor estatal megaminero.
En un comunicado, el sábado por la noche, la Asamblea El Algarrobo[2] negó cualquier vinculación con los incidentes violentos al tiempo que denunció públicamente a la policía por liberar la zona y enviar infiltrados que comenzaron los incendios y los ataques contra los inmuebles.
Manuel describe el clima hostil que se venía percibiendo hace días en el pueblo, afirmando el ingreso de muchísimas camionetas de policías y grupos especiales con la aparentemente justificación de la situación sanitaria en relación al COVID. Pero todos los ciudadanos y ciudadanas sabían que la situación tenía que ver con la política pro minera del gobierno y una clara política represiva hacia aquellos que se están manifestando en contra de este proyecto. Semanas atrás Jose Martiarene, miembro de la Asamblea El Algarrobo, denunciaba que se encontraban vivenciando situaciones de amedrentamiento donde estaban siendo filmados por la Policía y amenazados por estar cometiendo un delito, dado que impedían el desarrollo de la megaminería, actividad que ha sido catalogada como esencial por decreto del Gobierno Nacional. Paradoja existencial ya que pone en riesgo la calidad y la cantidad de agua necesaria para el cuidado de la salud de todo el Departamento de Andalgalá.
Más allá de la situación del sábado, la tensión en Catamarca se reavivó en el momento que vecinos y vecinas decidieron realizar un corte selectivo el 22 de Marzo, cuando asambleas de todo el país se convocaron para movilizarse por el Día Mundial del Agua. Se trató de bloqueos de ruta selectivos en los distritos El Potrero y Choya, donde la minera multinacional Yamana Gold viene intentando concretar un proyecto extractivista que pone en peligro el agua y la vida en todo el territorio. El bloqueo selectivo e informativo está ubicado en los caminos comuneros, que es por donde pasaría la empresa hacia el lugar donde es la explotación. Hace unos días, los vecinos y vecinas vieron que estaban empezando a subir al cerro las máquinas de perforación y explotación, lo cual significa el inicio concreto in situ de la explotación del Cerro Aconquija y del inicio del Proyecto MARA.
Se trata de un proyecto que no cuenta con licencia social. Las diferentes organizaciones ambientalistas afirman su ilegalidad, ya que la empresa está violando dos resoluciones dictadas por la ex secretaría de Minería provincial (hoy Ministerio) en 2009, que prohíbe el tránsito minero por el camino de Choya y de Potrero, los dos accesos que la asamblea está bloqueando hace dos semanas de forma selectiva. A su vez en Andalgalá aún sigue vigente la ordenanza municipal 029/16 que “prohíbe toda actividad minera metalífera, en la modalidad a cielo abierto, y la actividad minera nuclear, bajo cualquiera de sus formas, en la cuenca alta del río Andalgalá”. Además el proyecto MARA viola la Ley de Glaciares, la Ley General del Ambiente y el artículo 41 de la Constitución. Tampoco cuenta con los Informes de Impacto Ambiental aprobados como corresponde. Los argumentos, razones y pruebas han sido presentados una y mil veces por asambleas de Catamarca, por universidades nacionales, por investigadores nacionales e internacionales[3].
Los reclamos del pueblo de Andalgalá contra el proyecto megaminero de Agua Rica están amparados por la mencionada ordenanza 029/16, aprobada por unanimidad en el año 2016. La misma prohíbe la actividad megaminera en la cuenca alta del río Andalgalá. Agua Rica está emplazada justo en la naciente del río Minas, que es uno de los afluentes que conforman el Río Andalgalá el cual provee de agua a todo el departamento. Este emprendimiento donde se pretende construir la mina está a 17 km de la población. No por casualidad, un día antes de Nochebuena del 2020, la ordenanza fue declarada inconstitucional por la Corte de Justicia de Catamarca, pero no por unanimidad.
Ana Chayle, integrante de la Asamblea El Algarrobo, sostiene en una entrevista radial en “El Grito de la Tierra”[4] (Radio Sudaca) que entienden que hubo coimas en esa instancia ya que había jueces con antecedentes de haber presentado proyectos para prohibir la actividad megaminera: “Entendemos que su cambio de parecer no puede deberse a otra cosa que una coima porque nadie puede cambiar tajantemente en un giro tan brutal”. Además, fue declarada inconstitucional justo cuando entraba la feria judicial para darle tiempo a las mineras a comenzar su trabajo, pero apenas se levantó la feria, tanto el municipio como la asamblea apelaron la medida que actualmente está en litigio, por lo tanto no tiene sentencia firme.
Ana manifiesta que encuentran mucha ambivalencia en los dichos del intendente Eduardo Córdoba quien, en los medios de comunicación, dice estar muy enojado con el avance estatal minero manifestando el deseo de acompañar las luchas del pueblo. Pero, desde la asamblea, exigen que es necesario que ese deseo se materialice en acciones concretas: “Que decrete la prohibición de la megaminería porque Eduardo Córdoba ganó las elecciones manifestando su rechazo a estos proyectos extractivistas celebrado por el grito del pueblo “el nevado no se toca”. Necesitamos que ese grito sea realidad. Que accione para frenar este ecocidio. Que ejerza la representación del pueblo que lo votó”.
En este contexto, no resulta casual entonces la llegada del contingente de 60 policías de grupos especiales de la provincia para “cuidar” al pueblo de Andalgalá por la pandemia del COVID 19, mientras el Hospital no tiene ni agua caliente para la higienización de la personas internadas, ni insumos, ni personal médico en un edificio que fue construido con regalías mineras y que la gente del pueblo a favor de la minería toma como el monumento al progreso: “No tenemos ni siquiera un traumatólogo en Andalgalá. Nosotros sabemos que la policía viene a asegurarle a las empresas que van a poder trabajar con paz” – sostiene Ana en la mencionada entrevista radial.
Mientras tanto, como Asamblea, sus integrantes vienen realizando el trabajo que deberían hacer sus representantes elegidos democráticamente, incluso la propia policía. Durante todo este tiempo, desde hace 10 años y antes de empezar con los bloqueos y el acampe, en los accesos que llevan de Andalgalá a la mina, las camionetas y las maquinarias circulaban libremente violando las dos resoluciones del actual Ministerio de Minería. Ana relata: “Entonces nosotros tomamos la decisión de hacer cumplir lo que debería haber hecho cumplir la policía. Y tenemos que dejar nuestras vidas y nuestros trabajos en segundo plano para poder estar 24 hs por 7 días, muchos poniendo en riesgo nuestra salud. Sin embargo, el viernes pasaron varias camionetas custodiadas por vehículos de la policía para asegurarles a ellos el trabajo”.
El camino de la Asamblea El Algarrobo
José nos relata que la lucha de la asamblea nace hace más de una década, en el 2009, como reacción ante un nuevo proyecto de instalación de megaminería en la provincia de Catamarca: “Teníamos 12 años de antecedentes de la Alumbrera, que empezó en 1997, siendo uno de las explotaciones más grandes de sudamérica. Ya sabíamos de la pobreza que traía y las divisiones sociales que los extractivismos generan en nuestros pueblos”.
Una vez creada la asamblea, como modo de protesta se empezaron a dar caminatas, muchas de ellas multitudinarias. cada sábado dando 2 vueltas a la plaza.
Hoy por hoy después de 23 años de instalada la Alumbrera, la provincia es la segunda más pobre del país. Los mitos de generación de empleo y de riquezas no se sostienen más que con mentiras. Durante estos 11 años la empresa trabajó en profundizar aún más la brecha social que generan los extractivismos al interior de los pueblos en los que quieren desarrollarse: vinculaciones con los diversos sectores de la sociedad a fin de alcanzar cierto grado de legitimidad. El eje está en intervenir en las escuelas, clubes, centros de jubilados, espacios culturales y sobre todo en los medios de comunicación que invisibilizan las problemáticas y las luchas que se llevan a cabo. En un pueblo de 20.000 habitantes aproximadamente “un 80% que no quiere la mina y un 20% que sí la quiere. Entre estos últimos están obviamente los empresarios y la mayoría de la clase política”.
En este accionar de las empresas conjugadas con los diferentes sectores dominantes de cada territorio, es importante destacar el desembarco de diferentes ONG ‘s serviles que se encuentran trabajando en crear consensos. Por ejemplo la ONG “Eco-Conciencia” de Rodolfo Tarraubella (subvencionada por la ONU). Éstas van insertándose en la sociedad andalgalense y generando una suerte de mesas de diálogo donde aseguran controles socioambientales que no existen, cruzando este tipo de acciones con acciones de caridad y eventos culturales, logrando confundir a la población y fomentando esta brecha en relación a la licencia social que NO tienen en los pueblos.
Desde la Asamblea El Algarrobo aseguran que están fuertes, organizados y organizadas y con la convicción de pelear hasta el final. En palabras de Ana: “Andalgalá es un pueblo de 500 años de resistencia. “Bronca y tristeza”. Porque es increíble que nuestra vida va a ser siempre así. Siempre alerta, siempre luchando. Estamos tan cerca de perderlo todo y por eso necesitamos que, no sólo Andalgalá nos acompañe, sino todo el país y toda Latinoamérica, porque estamos en una misma lucha por la defensa de nuestros territorios”.
