Via Marabunta
El gobierno nacional, que de la mano de Ginés Gonzalez García había anunciado 10 millones de vacunades a febrero, al día de hoy sólo vacunó a menos de la mitad y sólo en primera dosis. Mientras se niega a discutir la liberación de las patentes, el laboratorio que en Argentina produce el principio activo de la vacuna AstraZeneca ya lleva exportados componentes para fraccionar 40 millones de dosis. ¿No será momento de declarar de utilidad pública ese laboratorio? En la elección entre las políticas de cuidado societarias y la defensa del negocio capitalista, es claro que el gobierno nacional continúa defendiendo el negocio de Hugo Sigman, propietario del laboratorio en cuestión.
El gobierno apuesta a una aceleración de su campaña de vacunación mientras restringe las actividades de esparcimiento, sin considerar restricciones en la circulación y aglomeración para las actividades productivas y reproductivas. Pretende dejar que la actividad privada reactive la economía y confía en mejorar así su posición de cara a las elecciones de este año. Resultan impracticables las restricciones al uso del transporte público sin afectar los intereses empresariales.
Las necesarias restricciones a la actividad económica implicarían que el Estado destine presupuesto a subsidios y compensaciones para poder atravesar el temporal pandémico. Desde el Ejecutivo dejaron en claro que no tienen intenciones de hacerlo, ya que pondría en cuestión la reducción del déficit necesaria para un nuevo acuerdo con el FMI y la confianza de grupos de especuladores financieros, o bien requeriría mayores impuestos a los grandes empresarios, reduciendo sus récords en ganancias de los últimos años. Esa política se evidencia desde que pusieron la deuda como cuestión primordial de gestión o levantaron el insuficiente IFE del año pasado, mientras la pobreza en el país viene marcando cifras que no se veían desde los años posteriores a la crisis del 2001. También en el hecho de que, mientras debatimos todo esto, el Ministro de Economía de la Nación Martín Guzman avanza en las renegociaciones de la deuda con el FMI, deuda que el propio partido de gobierno catalogó de “estafa”.
Pero no todos perdieron en esta pandemia: hay empresas que han multiplicado sus ganancias, sostenidas por un gobierno que desplegó múltiples políticas para garantizar esa ganancia de la clase capitalista, aún a costa de empeorar nuestras condiciones de vida como trabajadores.
Salud
La apuesta exclusiva a las vacunas es insuficiente, entre otras cosas, debido a las dificultades en acceder a su compra, profundizadas por nuestra posición geopolítica periférica. Ante esto, el gobierno ha decidido perpetuar nuestra posición subordinada al priorizar la compra de vacunas y los acuerdos público-privados por encima de la producción pública, que se desarrolla en forma paralela con una asignación de recursos mucho menor a la invertida en compras a grandes empresas farmacéuticas. Un apoyo decidido a posibles vacunas contra el Covid 19, que se están desarrollando en organismos dependientes de universidades públicas del país, podría acelerar sus plazos y volverlos una solución real.
Pero además de la necesaria vacunación, hace falta una activa política sanitaria con inversión en infraestructura en salud, hospitales, insumos de diagnóstico y tratamiento para menguar los síntomas, así como contratación y pase a planta permanente de trabajadoras de la salud con salarios dignos. Les trabajadores de salud estamos agotades y no sólo por las contingencias de la pandemia, sino por la acumulación de destrato de parte de los gobiernos nacional y provinciales que no nos aumentan los salarios ni nos brindan insumos necesarios para desarrollar nuestra labor. Es urgente el desarrollo de políticas tanto para enfrentar las consecuencias de la pandemia como las consecuencias en salud no asociadas directamente al COVID-19 pero que derivan de la saturación del sistema (enfermedades crónicas no transmisibles, embarazadas, niñes, salud sexual reproductiva y no reproductiva), lo que está aumentando la tasa de mortalidad.
Para Trotta y Vizzoti, los contagios no se dan en el trabajo
Más de 500 trabajadores de la salud, más de 15 trabajadores de la educación, un joven trabajador del Astillero Río Santiago, trabajadoras de la primera línea en comedores… La lista de compañeres aumenta velozmente. Pero por todos los medios, oficialistas y opositores, el discurso implementado es que los contagios no se dan en las aulas, ni en las fábricas, ni los comercios o el transporte. Según les funcionaries del gobierno, los contagios ocurren solamente en el ámbito de la vida privada, en reuniones sociales, y la responsabilidad de esto es individual y personal. Nosotres sabemos que lo personal es político y queremos discutir esta idea.
Este discurso no es casual. Cuando la extensión de la pandemia se fue de las manos y alcanzó las cifras más altas del año pasado, el gobierno nacional abandonó la premisa de informar el desarrollo de las políticas que llevaba adelante, transfiriendo la responsabilidad casi plenamente a los gobiernos provinciales, de CABA y sobre todo a la población, igualando insólitamente las responsabilidades de aquellos que toman las decisiones con las de les demás. Así, la apertura indiscriminada de los lugares de trabajo y la reciente apertura de las escuelas, son elementos que muestran no sólo la desidia sino la incompetencia criminal con la que se vienen manejando. Como era de esperar, y denunciamos en su momento, la presencialidad escolar en medio de la segunda ola de COVID-19 sólo podía ocasionar consecuencias dramáticas como las que estamos padeciendo.
No podemos permitir que con este discurso se avale la continuidad indiscriminada de actividades productivas y reproductivas sin consideración por las vidas de les trabajadores involucrades y sus familias. Cuando las patronales estatales y privadas no son responsabilizadas por las condiciones sanitarias en los lugares de trabajo, nuestra salud está en juego. Como muestra, basta recordar las muertes de trabajadores de Coto y Ledesma, donde los protocolos se ignoraron y las licencias por aislamiento no existieron; las de cientos de trabajadores de salud, sobrecargades, sin elementos de protección adecuados e incluso sin licencias por situaciones de riesgo. Aún considerando un estricto cumplimiento de los protocolos, la exposición cotidiana en los lugares de trabajo y en el transporte público implican un riesgo importante. En el caso de las aulas, el registro de más de mil contagios desde que comenzaron las clases es razón suficiente para pensar clases presenciales acotadas en el tiempo o geográficamente, a la vez que se preparan verdaderas condiciones para el sostenimiento de la modalidad virtual, que en 2020 dejó por fuera a miles y miles de estudiantes.
Además, la política sanitaria no puede poner el eje únicamente en las responsabilidades individuales. Por supuesto que son relevantes, pero no pueden ser la razón de excluir al Estado de su responsabilidad en otras medidas sanitarias, de compensación económica, y a la responsabilidad patronal por las condiciones de trabajo. El foco en la responsabilidad individual tapa de la vista a los sujetos y tejidos sociales. La experiencia cotidiana en los espacios de trabajo y en los barrios muestran que la organización popular puede jugar un rol clave en estas circunstancias. Ese tejido imprescindible en torno a los comedores, a los centros de atención primaria de la salud, en torno a los lugares de trabajo realmente esenciales, permite que sean trabajadores y su comunidad quienes puedan sostener la atención de la salud, cubrir las necesidades de comida y alimentación, presionar por medidas de cuidado en espacios laborales, garantizar medios de transporte, enfrentar la violencia machista, evitar aglomeraciones innecesarias. Así como se fuerza a trabajar a sectores no esenciales, existe toda una franja de trabajadores esenciales no reconocides como tales, y un potencial entramado de cuidados que se vislumbra y prefigura en cada barrio que podemos y debemos desplegar, con organización y conciencia. El Estado debe reconocer el rol imprescindible de las organizaciones sociales en la respuesta popular a la crisis sanitaria y social profundizada por la pandemia. Junto a les trabajadores de la salud, estas organizaciones fueron la verdadera primera línea para paliar el deterioro acelerado de nuestras condiciones de vida.
Organizarse es urgente. Que se despabile la CGT
Contra la desidia estatal y patronal, y la pasividad y el co-gobierno de las conducciones sindicales, apostamos a la organización desde las bases. Como trabajadores, necesitamos impulsar asambleas y comisiones por lugar de trabajo para discutir y organizar nuestras condiciones sanitarias. En un contexto de alza de los contagios, es imperativo que luchemos por realizar nuestras tareas remotamente en todos los casos posibles, y por lograr la vacunación masiva para les trabajadorxs que deban continuar en la presencialidad. No podemos tampoco dejar de reclamar aumento y recomposición salarial, frente a la continua caída de nuestros ingresos ¡La política de vacunación debe ser para toda la población para que tenga una real acción epidemiológica!
Sabemos y denunciamos las características de un Estado que busca priorizar las ganancias frente a nuestras vidas. Nuestra apuesta es por los autocuidados colectivos, desde todos los territorios. Apostamos a las asambleas en los lugares de trabajo para organizar nuestras condiciones sanitarias. A la participación y creación de salud comunitaria en los barrios. A la creación de redes feministas para cuidarnos de la violencia patriarcal y estatal que se recrudece en la pandemia.
El capitalismo no está preparado para resolver una crisis de la envergadura que atravesamos. Se protegen las patentes farmacéuticas y los negocios a costa de la salud y la integridad de los distintos pueblos del mundo. La crisis social, económica, sanitaria y ambiental avanza y las recetas ensayadas no han hecho más que extender las miserias de la pandemia y la crisis económica, porque una salida humanitaria de la crisis no entra dentro de las posibilidades. La garantía de supervivencia y de mejoras en las condiciones de vida dependen exclusivamente de nuestra capacidad de organizarnos y enfrentar la voracidad del capitalismo y la complicidad de los gobiernos con estos intereses.
Ni responsabilidad individual ni desidia patronal: autocuidados colectivos y control popular de nuestras condiciones de trabajo. ¡Liberen las patentes!
