Via Viento Sur
Escribo este artículo después del sábado, 27 de marzo de 2021, fecha del tradicional Día de las fuerzas armadas 1/, inaugurado por un desfile militar digno de un 14 de julio francés en la capital administrativa, Naypyidó. ¿Acaso fue para celebrarla por todo lo alto que la soldadesca se puso las botas asesinando al menos al 102 personas, inclusive niños y niñas y un buen número de adolescentes, batiendo así el récord diario de muertes desde el golpe de Estado del 1 de febrero?
Una vez más, nos hallamos ante una acción concertada: según las cifras facilitadas por la AAPP 2/, el ejército ha utilizado fuego real en más de 40 cantones de nueve regiones, inclusive en zonas residencialdes y en Rangún, la capital económica y la ciudad más grande del país. La población que vive en diversos Estados nacionales de la periferia tampoco se ha salvado. The Irrawaddy ha publicado numerosas fotos de personas (muy) jóvenes asesinadas en diversas circunstancias por el ejército. Zue Wint War, de 15 años, fue abatida el 14 de marzo en la región de Rangún. Esta alumna de instituto murió en el acto después de recibir un balazo en la cabeza en el curso de una incursión nocturna en el poblado South Dagon. Su familia ha difundido la nota que dejó escrita y que dice: “Si muero en una manifestación, no recuperéis mi cuerpo y dejadlo como esté. Y seguid luchando. Si nuestra revolución [triunfa], estaré contenta de morir.”
La escalada de la violencia continúa, inexorablemente, cuando ya han perdido la vida 423 personas por lo menos. Alrededor de otras 3.000 están encarceladas desde el 1 de febrero, 2.000 se hallan todavía detenidas.
Una política de terror declarada
La junta militar en el poder pretende aplastar la resistencia democrática al precio que sea en vidas humanas. Para ello aplica una verdadera política de terror. Una dictadura suele negar o relativizar sus crímenes, y la junta militar se atiene a esta regla en el plano internacional, pero en la propia Birmania ya es otro cantar. Claro que tachará de peligrosos amotinados a manifestantes no violentos, pero también busca aterrorizar con su lenguaje. “Apuntamos a la cabeza”, afirman los soldados en las redes sociales. El ejército patrulla anunciando por altavoz que “si construís barricadas, os mataremos”. Este sábado negro, durante el desfile militar, el general Min Aung Hlaing, golpista en jefe y número uno de la junta, amenazó sin ambages a la población a través de la televisión pública: “Aprended la lección de quienes han muerto después de haber recibido sendos disparos en la cabeza y la espalda… No muráis en vano… 3/”
Los institutos, universidades y hospitales, centros de la contestación, están ocupados por el ejército. El funcionariado y otros sectores en huelga están amenazados de severas represalias. Por negarse a ponerse a las órdenes de la junta, estas personas son expulsadas de sus viviendas y obligadas a vivir en condiciones precarias. La violación se utiliza como arma de guerra. Con sus armas en ristre, los soldados obligan a las y los habitantes de los barrios y poblados a desmantelar las barricadas rudimentarias que habían erigido. Se acabó el tiempo del cara a cara, cuando la firmeza de la gente congregada bastaba para detener el avance de las unidades represivas.
La juventud todavía sale a la calle, pero si sus endebles escudos les protegen de las balas de goma, de nada sirven contra el fuego real. ¿De qué sirven las hondas, incluso algunos sables, frente a francotiradores y carros blindados? El ejército extiende inexorablemente su férreo control. Las minorías nacionales poseen una capacidad efectiva de autodefensa armada, pero nada de esto existe en el país bamar. [En este artículo, la palabra birmano designa al conjunto de la población del Estado federal, y la palabra bamar a la etnia mayoritaria que puebla básicamente la cuenca del río Irrawaddy.]
Se ha declarado la ley marcial en los distritos populares, dotando formalmente de plenos poderes al mando militar, incluido el de ordenar ejecuciones sumarias. Los bancos privados que se niegan a reabrir sus sucursales corren el riesgo de que los nacionalicen a la fuerza. La junta anuncia que encarcelará a los propietarios de supermercados que se atrevan a cerrar sus tiendas. Los haberes de organizaciones sospechosas de financiar la resistencia, como la Fundación Soros, han sido embargados. El régimen trata de asegurarse un control total de la información y las comunicaciones; ya no pueden difundirse los diarios impresos independientes. Se han llevado a cabo importantes operaciones militares hasta en territorios de minorías étnicas, provocando los primeros desalojos forzosos y masivos de poblaciones. El país se halla en estado de guerra.
Prosigue la resistencia
Pese a todo, el movimiento de desobediencia civil se mantiene en pie. La huelga sigue paralizando una parte de la administración pública, la banca y las empresas. Sucede que en materia de servicios públicos, la operatividad del ejército parece limitada, como ha revelado el personal ferroviario (son funcionarios): los soldados son incapaces hoy por hoy de hacer rodar los trenes y funcionar el sistema ferroviario.
La juventud sigue manifestándose y blandiendo la bandera de la resistencia. Llevan a cabo manifestaciones relámpago, a pie o sobre dos ruedas, dispersándose antes de que acudan las fuerzas represivas (que emplean brigadas motorizadas para intervenir más rápidamente). Hay barrios que se llenan de símbolos anodinos, pero que indican que practican la disidencia. Se realizan operaciones de ciudad fantasma, ciudades muertas. Periodistas y fotógrafos fundan colectivos para informar al mundo, pese a las detenciones y brutalidades a que está sometida esta profesión. Mujeres fabrican artefactos caseros a base de azúcar y nitrato de potasio que generan una nube de humo que impide a los soldados apuntar con precisión. Los funerales por las víctimas son la ocasión para mostrar, alzando la mano con tres dedos extendidos (señal de apoyo al combate democrático en la región), el compromiso de proseguir la lucha hasta la victoria, es decir, hasta poner fin de una vez por todas al poder militar instaurado en 1962.
La batalla de Hlaing Thar Yar ha marcado un punto de inflexión en las modalidades de la resistencia. Hlaing Thar Yar es una vasta zona industrial, sita en el noroeste de Rangún, en la que la huelga general fue masiva 4/. Esta zona industrial se desarrolló al amparo de la apertura económica iniciada en 2011. Allí trabajan más de 700.000 migrantes del interior: son personas del mundo rural, en un 80 % mujeres, que viven en dormitorios comunes y cabañas de bambú en un enorme asentamiento de chabolas. Las fábricas textiles salieron como setas y son las que emplean el grueso de la mano de obra. Sus exportaciones representan el 30 % del total del país. El 60 % de los inversores son chinos, pero el 75 % de esta producción se destina a la Unión Europea y Japón, y está exenta del pago de derechos de aduana en Europa.
En Hlaing Thar Yar se sucedían las movilizaciones de calle hasta el 14 de marzo. Ese día, los y las manifestantes fueron víctimas de los soldados armados con fusiles ametralladores y los tiradores de elite, que apuntaban a matar. En respuesta a la represión, la gente atacó las fábricas, incendiándolas (no se sabe cuántas) y de este modo arreglando cuentas con los empresarios chinos adeptos de la sobrexplotación: ausencia de aseos, jornadas prolongadas, prohibición de sindicatos…
Hay quien se pregunta si aquellos incendios fueron o no una provocación para obligar a China a reaccionar, pero no hay nada que parezca confirmar esta hispótesis. El sentimiento antichino es patente desde el comienzo de la resistencia democrática, que reprocha al Partido Comunista Chino (PCC) que reclamara en la ONU un imposible diálogo entre la junta y el Movimiento de Desobediencia Civil. China también es la principal proveedora de armas del ejército birmano (junto con Rusia) y –negocio e influencia política obligan– también las vende a las minorías étnicas del norte, junto a su frontera, que combaten más o menos esporádicamente al ejército federal (cuyo nombre oficial es Tatmadaw).
Las particularidades del ejército birmano
La primera pregunta que se planteó tras el golpe del 1 de febrero fue esta: ¿por qué decidió el ejército dar este paso en un país en que ya controlaba lo esencial del poder? Un poco para garantizar el futuro del general en jefe Min Aung Hlaing, cuya edad ya le acerca a la jubilación, pero sobre todo para recuperar las riendas cuando a fuer de sucesivas derrotas electorales, la legitimidad política del Tatmadaw se hallaba en declive en beneficio de la Liga Nacional por la Democracia (LND) de Aung San Suu Kyi, que triunfaba con contundencia en todos los comicios. Los militares birmanos optaron por hacer trumpismo: jamás nos planteamos que esto pudiera suceder, así que no ha sucedido.
El poder del ejército no estaba seriamente amenazado en ningún momento. Venía garantizado por la Constitución de 2008, que le garantiza por derecho un bloque del 25 % del poder legislativo (diputados no elegidos), que constituye a su vez una minoría de bloqueo, puesto que toda modificación constitucional exige un 75 % de los votos por lo menos. Los ministerios clave de Defensa, Interior y Seguridad de las fronteras se atribuían automáticamente al Tatmadaw. Este no estaba sometido a ningún control civil, pero podía impedir cualquier decisión que a su juicio le perjudicara. En materia de orientación política general, no había desacuerdos con la LND que justificaran la ruptura.
Haciendo valer su legitimidad electoral, la LND pretendía modificar el desigual equilibrio de poder ampliando poco a poco las competencias del gobierno civil. Se cuidó mucho de no cuestionar las fuentes de enriquecimiento de los generales y desde luego no previó la violencia de su reacción. El Tatmadaw decidió finalmente acabar de una vez con el reparto de prerrogativas. El golpe del 1 de febrero puso fin a la coexistencia entre el ejército y un gobierno elegido en comicios libres, que otorgaban inexorablemente la mayoría al partido competidor, dirigido por la consejera de Estado Aung San Suu Kyi 5/. Más en general, la junta militar se ha plantado frente a la sociedad civil, que se había desarrollado tras la apertura económica del país, operada una década antes: asociaciones y sindicatos, derechos civiles, etc. Si el Comité de Desobediencia Civil (CDC) se constituyó inmediatamente tras el golpe, no fue únicamente para protestar contra el derrocamiento de un gobierno elegido, sino porque suponía una amenaza directa contra las libertades; seguía fresco en la memoria el precedente del 1988 6/.
La segunda pregunta que se planteó, en el extranjero, después del golpe, se refería justamente a esta cuestión: ¿actuaría la generación de generales representada por el comandante en jefe Min Aung Hlaing con la misma brutalidad que la que le precedió o sería más moderada? La respuesta no se ha hecho esperar: el Tatmadaw no ha cambiado.
El Tatmadaw no puede cambiar. Compuesto como poco por 350.000 hombres, constituye un Estado dentro del Estado, una forma de poder total, un mundo aparte. Hace de ascensor social de jóvenes educados en el culto al jefe, cuyas familias viven en un círculo cerrado, y los oficiales gozan de privilegios que hacen de ellos una casta superpuesta a la sociedad (como también es el caso, dicho sea de paso, de sectores de la burguesía globalizada). Se ha construido un mito que lo convierte en el garante de los intereses de la nación. Más prosaicamente, el cuerpo de oficiales extrae enormes beneficios de su control de la burocracia estatal y de dos grandes conglomerados, la Myanmar Economic Corporation (MEC) y la Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) 7/, así como del tráfico de piedras preciosas o de madera. En algunos casos constituyen verdaderos monopolios y engloban numerosos sectores: aviación, banca y seguros, energía, industria farmacéutica, importaciones, construcción, turismo, minas (sobre todo de jade), etc.
El ejército otorga las autorizaciones y licencias en numerosos sectores de actividad. La economía caqui no es exclusiva de Birmania, ni mucho menos, pero en este país está especialmente extendida, dando lugar a un capitalismo clientelar, instrumento de corrupción y de control. El poder del Tatmadaw no solo se organiza a escala nacional, sino que constituye una autoridad paralala que duplica, de arriba abajo, la administración civil, lo que le confiere, en cada nivel, una gran capacidad de influencia en la sociedad. Incluso en tiempos de crisis es aleatorio esperar defecciones significativas en su seno (a diferencia de la policía, en la que sí se han producido). La experiencia del pasado le hace confiar en su capacidad de perdurar, pese al oprobio y a las (relativas) sanciones internacionales.
Las instancias del budismo
En este país budista, en el que la orden monástica está dividida en nueve sectas, que agrupan a unos 500.000 monjes, el clero se ha mantenido durante mucho tiempo en un discreto segundo plano ante la contestación. Se entiende que las autoridades oficiales (la Sangha) no han de inmiscuirse en los asuntos políticos, pero de hecho no se privan de ello y tradicionalmente apoyan al régimen establecido. Tras el 1 de febrero, el ejército ha procurado más que nunca cortejar a la jerarquía religiosa. No obstante, los movimientos de referencia budista pueden cubrir, según los periodos o las disyuntivas en juego, la totalidad del espectro político.
En 2007, la junta militar, que entonces ostentaba el poder, decidió incrementar sin previo aviso los precios de los carburantes, provocando una crisis social. Los y las militantes de la generación de 1988, que se movilizaron de inmediato, fueron duramente reprimidas. Entonces se pusieron a la cabeza de las manifestaciones masivas los monjes budistas y su organización clandestina, la Alianza de todos los monjes birmanos. Con motivo de otras movilizaciones, en otras coyunturas o sobre cuestiones diferentes, el papel predominante lo desempeñó una extrema derecha budista facistizante, como en el caso de la Organización de Defensa de la Raza y de la Nación (Ma Ba Tha), que fue clave en el genocidio de los rohinyás.
Ahora, bajo la presión continua del movimiento de desobediencia civil, la alianza conservadora de las autoridades religiosas y el régimen militar se resquebraja. Una de las figuras más influyentes, Sitagu Sayada, muy cercano al comandante en jefe, ha recibido un sinfín de críticas en las redes sociales. Al final, su secta, la Shwe Kyin, ha reclamado a los militares que moderen la represión. Los monjes favorables a la democracia han alzado ahora la voz, en particular en Mandalay, segunda ciudad de Birmania, donde varios monasterios han mostrado abiertamente su disidencia. En esta ciudad, todos los días los monjes encabezan una manifestación relámpago, conscientes de que su presencia hace de escudo protector.
Últimamente, el presidente del Comité Nacional del Sangha –una estructura creada por la junta y compuesta por venerables nombrados por ella misma– ha anunciado que suspendía todas sus actividades. ¡Mala noticia para la junta!
Un impacto geopolítico
Si hubiera conseguido aplastar rápidamente el movimiento de desobediencia civil, es probable que la junta habría podido salir airosa en el plano internacional sin demasiados destrozos. En materia de inversiones y comercio, la inserción de la economía birmana es ante todo regional: Singapur, China, Tailandia, India… (el primer país occidental que aparece en esta lista es el Reino Unido). La regla de oro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) estipula la no injerencia en los asuntos internos de los países miembros (esta asociación es un club de regímenes autoritarios). Esta es también la posición tradicional que defiende China en el Consejo de Seguridad de la ONU. Algunas empresas occidentales (la petrolera francesa Total es un ejemplo típico) tienen un peso económico y financiero considerable, pero acostumbran a colaborar con dictaduras sin escrúpulos.
El movimiento de desobediencia civil no se ha extinguido y ha modificado las reglas del juego diplomático. La actitud de China lo demuestra. En tiempos normales, se habría contentado con oponerse, junto con Rusia, a toda injerencia en los asuntos internos de Birmania en el Consejo de Seguridad de la ONU (la prensa china había calificado al principio el golpe de Estado de importante reajuste ministerial). Esta vez, se ha opuesto a que el Consejo condene a la junta, pero ha tenido que aceptar que este organismo manifieste su grave preocupación y reclame la puesta en libertad inmediata de todas las personas detenidas, así como el levantamiento de las restricciones a periodistas y activistas.
Más en general, Pekín ha de conciliar intereses contradictorios, cosa harto difícil en tiempos de crisis aguda. Aung San Su Kyi mantenía excelentes relaciones con el presidente chino, Xi Jinping; hoy está en la cárcel y se ha anunciado su enjuiciamiento por alta traición. El PCC considera que los territorios fronterizos, ocupados, en el norte, por minorías nacionales, forman parte de su perímetro de seguridad geoestratégica y les vende armas. Por otro lado, necesita asegurar las importantísimas inversiones realizadas en Birmania, lo que exige un acuerdo con los militares en el poder. El acceso al océano Índico es un objetivo importante, y el corredor birmano (además del corredor paquistaní) le ofrece uno. En estas condiciones, probablemente dará prioridad a la estabilidad del país, hoy por hoy en entredicho.
No hay amor entre Pekín y el Tatmadaw, que es profundamente anticomunista (el Estado chino ya no tiene nada de comunista, pero no está claro si los generales birmanos se han dado cuenta). Sin embargo, en tiempos revueltos, los golpistas pueden contar con el apoyo más o menos entusiasta de China, Rusia, Vietnam y Camboya. Estos países estuvieron representados en la tribuna durante la celebración del día de las fuerzas armadas, Pekín un poco más discretamente que Moscú. La junta ha nombrado un gobierno que incluye personalidades civiles birmanas conocidas por sus lazos con el PCC (en el ámbito de la cooperación económica y cultural). Una medida encaminada, probablemente, a facilitar el despliegue del escudo protector chino.
Al parecer, Xi Jinping no tiene nada que ver con el golpe de Estado del 1 de febrero (¿podría haberlo impedido?), pero lo cierto es que la junta militar ha utilizado la carta china como un comodín que le ha animado a ir a por todas. Así, puede contar con sus dos principales proveedores de armas, China y Rusia.
Las sanciones
Algunas sanciones adoptadas tras el golpe de Estado hacen daño, como la congelación por el presidente estadounidense Joe Biden de la transferencia de mil millones de dólares del banco federal de EE UU a Birmania. Otras muestran lo que sería posible hacer y constituyen un estímulo de la solidaridad internacional, que en el contexto actual puede ser eficaz. Sin embargo, en su conjunto las medidas solo apuntan contra los miembros de la junta o las ventas destinadas a las fuerzas represivas; no afectan al poderío económico del Tatmadaw y no se aplican por ahora a las principales empresas que comercian con el Estado y la economía caqui.
A partir de 2017 y la persecución de los rohinyás ha habido un éxodo de empresas de Birmania, empezando por la cementera LafargeHolcim. Esta compañía franco-suiza anunció en el verano de 2020 la liquidación de su filial birmana, cuando apareció citada en el informe de expertos independientes de la ONU entre las empresas que mantenían lazos contractuales o comerciales con el ejército. La cervecera japonesa Kirin anunció a su vez, a comienzos de febrero, que tenía previsto poner fin a sus relaciones con las fuerzas armadas birmanas (explota dos fábricas de cerveza locales). La Unión Europea, sin embargo, se halla a la zaga en esta cuestión, así como, en particular, las empresas francesas.
El grupo hotelero Accor se hace el inocente, cuando está asociado a un conglomerado de la economía caqui en la construcción de un hotel de cinco estrellas con 366 habitaciones en Rangún, el Novotel Yangon Max. Su socio es el Max Myanmar Group, una entidad que ha ayudado al ejército a construir infraestructuras que impiden el retorno de la población rohinyá a sus tierras en el Estado de Rakain (Arakán) tras las persecuciones de 2017, que habían provocado su éxodo. En 2019, expertos independientes de la ONU concluyeron una investigación afirmando que el socio de Accor iba a ser objeto de una investigación criminal que podía llevarlo ante los tribunales por haber contribuido a un crimen contra la humanidad. ¡Nada menos!
Total, por su parte, explota desde 1992 una parte del yacimiento de gas de Yadana, a lo largo de las costas birmanas. En 2020, el presidente birmano otorgó a Moattama Gas Transportation Co, la filial del grupo internacional Total registrada en Bermudas, el premio al mayor contribuyente en la categoría de empresas extranjeras en el ejercicio fiscal de 2018-2019. En general, Total es es la principal fuente de financiación, o una de las más importantes, del Estado birmano, habiéndole transferido 257 millones de dólares (213 millones de euros) en 2019. De ahora en adelante, según denuncia la ONG Justice for Myanmar, “los inversores extranjeros financiarán a un régimen militar brutal e ilegítimo, como ya fue el caso antes de 2011”. El CPHR, que representa la continuidad del parlamento elegido, y por tanto la autoridad legal del país, ha exigido a Total que deje de pagar cualquier suma de dinero a la junta y al ejército. Al negarse a ello, Total avala el golpe de Estado.
Canal+ (grupo televisivo francés, filial de Vivendi) posee una sociedad de cartera registrada en Singapur. Difunde en particular la cadena de la televisión pública Myanmar Radio and Television (MRTV) y pretende ser técnicamente incapaz de retirarla de su parrilla (cosa que Facebook sí ha hecho). Las agencias de viajes en línea Hotels.com y Oui.sncf siguen ofreciendo estancias en Birmania en un hotel en primera línea de mar que al parecer pertenece al hijo del general Min Aung Hlaing. Otras empresas francesas tratan de penetrar en el mercado birmano de la ciberseguridad y de los sistemas de identificación biométrica. De hecho, el número de empresas francesas y europeas relacionadas en Birmania con el Estado o la economía caqui es bastante importante. No hay que permitirles mantener discretamente sus operaciones.
La Unión Europea y las sanciones
La Unión Europea se atrinchera en una definición reductora de las sanciones. Según un diplomático, los ministros de asuntos exteriores de los 27 Estados miembros de la UE afirmaron, el 22 de febrero, que estaban “dispuestos a adoptar medidas restrictivas con respecto a los responsables directos del golpe de Estado militar y sus intereses económicos. Las sanciones pueden afectar únicamente a determinadas administraciones o personas, militares o no, pero previamente hay que reunir pruebas y constituir una base legal para estas sanciones” 8/. Como subraya Sophie Brondel, de la asociación Info Birmanie, “no solo hay que sancionar a los militares, cuyos ahorros están depositados en mucho casos en Singapur, sino también a las grandes empresas que refuerzan su poder”.
Bamares y minorías nacionales
La entrada en escena de una nueva generación militante, la llamada generación Z, muy joven (estudiantes de secundaria), y la fuerza del movimiento de desobediencia civil permite replantear la cuestión crucial de las relaciones entre bamares, en el centro del país (el 68 % de la población), y las minorías nacionales, en la periferia. Las autoridades birmanas, incluida la Liga Nacional por la Democracia (LND), nunca han impulsado planes de desarrollo común. El nacionalismo étnico bamar es muy potente, así como el sentimiento de alienación de los grupos étnicos, muchos de ellos armados, que pueblan las zonas fronterizas. La cuestión del federalismo nunca se ha acabado de regular, y eso que el nombre oficial del país es Unión de Birmania o República de la Unión de Myanmar. Las relaciones entre el régimen militar y los Estados minoritarios se modulan, sobre todo, mediante acuerdos fluctuantes de paz o de alto el fuego, en función de las circunstancias y las prioridades del régimen.
En conjunto, las autoridades oficiales (parlamentos) de los Estados nacionales se han mantenido expectantes ante el golpe de Estado del 1 de febrero. En cambio, casi en todas partes ha habido manifestaciones espontáneas contra el golpe militar, y una parte de la juventud, en particular, se identifica con el movimiento general de desobediencia civil.
El Estado karen (o Estado de Kayin), junto a la frontera con Tailandia, es el que más se opone a la dictadura. La quinta brigada de la Unión Nacional Karen (KNU) es uno de los grupos armados más grandes del país que se declaró inmediatamente dispuesto a acoger y proteger a los miembros clandestinos del CPHR. Han estallado importantes combates, en que el ejército birmano ha bombardeado el distrito de Papun. Más de 10.000 personas han huido de sus aldeas, de las que una parte han buscado refugio en Tailandia, pese a que este país las rechaza.
En el Estado de Kachin, en el extremo norte y junto a la frontera con India y China, el Ejército de la Independencia de Kachin (Kachin Independence Army) atacó un puesto de retaguardia del ejército birmano a modo de represalia por la muerte a manos del mismo de manifestantes del Movimiento de Desobediencia Civil (MDC). Por lo visto, en la ciudad de Shwegu más de 400 funcionarios, entre los que hay policías, participan en el movimiento.
En Arakán (Etat Rakain), la junta militar ha retirado de la lista de organizaciones terroristas al Ejército de Arakán (Arakan Army, AA) y ha declarado el alto el fuego. No obstante, el AA amenaza con no respetarlo si el ejército continúa atacando a la oposición democrática en su territorio. Lo mismo sucede en otros Estados minoritarios. Las fuerzas de autodefensa permanecen en compás de espera, pero reaccionan cuando el ejército asesina a manifestantes.
Para las minorías nacionales, la cuestión del federalismo es fundamental. En estos tiempos de zozobra, la LND se ha comprometido (por fin) a tener en cuenta efectivamente esta cuestión. Si este compromiso se materializa, esto supondrá un cambio profundo de la situación geopolítica en el interior de Birmania. De lo contrario, ciertas minorías amenazan con exigir la independencia.
Hoy por hoy, China sigue pesando en el posicionamiento de los Estados de la frontera norte. En cuanto a la junta militar, hace todo lo posible por cooptar las elites sociales de las minorías con el fin estrechar lazos con ellas. Tiene lugar un pulso complejo, cuyo desenlace contribuirá a configurar el futuro del país. Cabe esperar que la historia dramática (y muy específica) de la larga persecución y del genocidio en 2017 de la población rohinyá, de mayoría musulmana y ubicada en el Estado de Rakain (Arakán), pueda ser conocida por fin por las jóvenes generaciones.
Una nueva situación política y el imperativo de solidaridad
La oposición masiva al golpe de Estado del 1 de febrero ha comportado la creación del Movimiento de Desobediencia Civil (MDC), que originalmente comprendía al personal de cuidados y a la generación Z, cuya movilización fue inmediata, así como a sindicalistas como la confederación CTUM, que llamó a la huelga general del 8 de febrero. Constituye un marco de autoorganización de la resistencia no supeditado a la LND. Su rápida creación muestra hasta qué punto se ha abierto en Birmania un nuevo periodo, portador de una experiencia fundacional para las jóvenes generaciones.
En el país bamar, las movilizaciones se llevan a cabo a menudo en nombre de la legitimidad electoral de la LND de Aung San Suu Kyi (75 años), pero el MDC es una estructura independiente de este partido y en algunos lugares la resistencia democrática tiene que autoorganizarse en condiciones adversas. Todo ello afectará a las relaciones entre la LND y la población. ¿Cómo y hasta qué punto?
Para quien no conoce a fondo el país (como es mi caso), resulta difícil desentrañar toda la complejidad de la situación. De todos modos, los elementos principales parecen claros. En ningún otro país vemos en estos momentos una dictadura tan mortífera tratando de aplastar una resistencia democrática tan excepcionalmente amplia. Una situación que implica un deber de solidaridad imperativo. Por su parte, la asociación ESSF ofrece en su web una información continua sobre la evolución de la situación y ha lanzado un llamamiento a la solidaridad económica. Lamentablemente, hay que reconocer que la solidaridad en Francia no llega ni de lejos a lo que es posible y necesario, siendo el Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) una de las pocas organizaciones que se han mostrado activas en este terreno.
31/03/2021
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article57450
Traducción: viento sur
1/ Se trata de la conmemoración del alzamiento contra el ocupante japonés en 1945.
2/ Asociación de Asistencia a los Presos Políticos, ONG local que registra el número de muertos desde el golpe de Estado, publicado por el diario en línea The Irrawaddy.
3/ Citado por Bruno Philipp, Le Monde, 27/03/2021.
4/ El Comité de Desobediencia Civil se constituyó inmediatamente después el golpe de Estado del 1 de febrero y el llamamiento a la huelga general se lanzó el 8 de febrero, especialmente por la confederación sindical CTUM.
5/ Oficialmente consejera de Estado, Suu Kyi era jefa del Estado de hecho, pero no podía serlo de derecho, pues los militares habían incluido una cláusula constitucional –dirigida contra ella– según la cual ese cargo no puede ser ocupado por alguien cuyo cónyuge o cuyos hijos fueran de nacionalidad extranjera, como es el caso de su marido.
6/ Ese año se produjo una crisis muy similar a la que vivimos hoy, en que la oposición democrática fue aplastaba en un baño de sangre: hubo unas 3.000 personas muertas en tres meses.
7/ Según un informe de Amnistía International, el MEHL distribuyó, entre 1990 y 2011, 18.000 millones de dólares de dividendos entre los militares en activo y retirados.
8/ Citado por Bruno Philip y Julien Bouissou, Le Monde, 03/03/2021.
