La ONG Temblores en conjunto con el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (Paiis) e Indepaz presentaron el informe sobre la presunta violación sistemática de los Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública contra los manifestantes colombianos en el marco del paro nacional.
Las organizaciones indican que ha habido 248 víctimas de violencia física, 41 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública, 1649 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 705 intervenciones violentas en el arco de protestas pacíficas, 65 víctimas de agresiones oculares, 187 casos de disparos de arma de fuego, 25 víctimas de violencia sexual y 6 víctimas de violencia basada en género.
Como resultado del informe piden al Estado Colombiano el desmonte de los Escuadrones Móviles Antidisturbios y prohibir total e inmediatamente el uso de las denominadas “armas no letales” o“de letalidad reducida”. Igualmente solicitan investigar “sobre la presunta existencia de un sistema de incentivos a los Policías por detenciones, judicializaciones y traslados por protección a manifestantes, a cambio de ascensos dentro de la fuerza pública”.
Las organizaciones, igualmente, piden al Estado “llevar a cabo una reforma estructural de la policía para ponerla a tono con los estándares internacionales de derechos humanos. Se debe tratar de una fuerza civil que no siga actuando bajo la lógica del conflicto armado y la lucha contra el narcotráfico. Esto implica entrenamientos con enfoque de derechos humanos y con perspectiva diferencial y eliminación de formas violentas de manejo de la protesta social”.
Además, solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizar una visita “que contemple una rigurosa investigación de la situación global de derechos humanos del país, que incluya sus verificaciones sobre los hechos de violencia por parte de la fuerza pública cometidos en el marco del Paro Nacional colombiano en el año 2021”.
Según las organizaciones desde que inició el paro se han documentado 65 casos, “y seguramente hay muchos más de los cuales aún no se tiene información, por lo cual ya no se puede hablar de hechos aislados o accidentales”. De hecho, durante la presentación del informe la directora de Paiis, Juliana Bustamante, indicó que al parecer hay “un conocimiento tácito por parte de la Fuerza Pública de cómo accionar de forma errónea las armas llamadas no letales”.
El informe indica que “la producción de lesiones faciales, particularmente oculares, en personas que se manifiestan o que se encuentran en lugares donde se están presentando movilizaciones sociales, es una práctica relativamente nueva en Colombia, al menos en la forma sostenida que ha empezado a darse desde las manifestaciones de noviembre de 2019. En efecto, aunque este tipo de lesiones habían ocurrido en contextos similares anteriormente parecía tratarse de actos aislados, igualmente violatorios de derechos humanos, pero no indicativos, en su momento, de una práctica represiva deliberada”.
