Pensar la resistencia: el paro nacional en Cali

Via Viento Sur

[Pensar la resistencia: mayo de 2021 en Cali y Colombia” hace parte de los documentos especiales del Centro de Investigación y Documentación Socioeconómica (Cidse). Se trata de un libro compilatorio que contiene diez textos académicos de profesores, profesoras y estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle. Tiene el valor de haberse publicado casi en simultáneo con los hechos que analiza, pues vio la luz en los primeros días de junio y se refiere a lo acontecido en el mes de mayo, en el marco de un paro nacional que ya es considerado como uno de los más masivos, duraderos e influyentes en la historia de Colombia. A continuación reproducimos el capítulo dedicado al Paro Nacional en Cali. Abajo el acceso al libro en pdf.]

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El objetivo del presente texto es aclarar lo que está sucediendo en la ciudad de Cali y, desde mi perspectiva como sociólogo, describir y proponer explicaciones iniciales a un conjunto de acciones colectivas violentas en las que se encadenan y articulan distintos actores, motivos y formas de acción, que en su conjunto tienen consecuencias distintas para la ciudad. ¿Qué interpretación se le puede dar a lo que está ocurriendo?

El contexto general

Como punto de partida, considero que se deben tener en cuenta circunstancias que contextualizan lo que se ha vivido en la ciudad.

1.- En el plano internacional, pero especialmente en el latinoamericano, en Chile, Ecuador y Venezuela se han presentado eventos similares en los últimos tres años. En cada caso se hacen manifiestos nuevos repertorios y nuevos actores, especialmente de jóvenes, y presencia muy significativa de mujeres. Aparecen temas de estabilidad laboral, ambientales, derechos sexuales y reproductivos. En general son reivindicaciones por la democratización de la sociedad.

En Chile, a raíz de un alza en el transporte público, se presentaron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública. El gobierno del Presidente Piñera no insistió en la muy fuerte estrategia represiva, con la que inicialmente quiso enfrentar el conflicto, sin lograr solucionarlo. Optó por llamar a un cambio en la Constitución que regía desde la época de Pinochet. En Ecuador, en octubre de 2019, fueron los indígenas los que se opusieron a un decreto que eliminaba el subsidio a la gasolina. Hicieron movilizaciones, bloqueos y marchas indígenas muy significativos en los que se dieron también fuertes enfrentamientos con la fuerza pública. El Gobierno cedió, con la intermediación de Naciones Unidas, y puso en perspectiva el cambio de Gobierno, según el calendario electoral, lo que contribuyó a la solución del conflicto. Se hizo evidente la existencia de una sociedad polarizada y el papel significativo de los indígenas en el conflicto y en la solución del problema. En Venezuela, el descontento popular y generalizado con el Gobierno llevó a fuertes enfrentamientos en las calles. El régimen de Maduro se reafirmó, con el apoyo del Ejército, la Policía y las milicias civiles, armadas por el mismo régimen. En este caso, la represión violenta sobre la población reafirmó al régimen y mantuvo el problema latente hasta hoy, con una población empobrecida que ha optado por migrar del país. En Colombia, tenemos que evaluar entonces lo que está sucediendo, lo que está en juego, la manera como se expresa el conflicto, tanto desde los manifestantes como desde la respuesta del Gobierno y del Estado. En suma, sugiero tener en cuenta el contexto internacional de conflictos similares para entender nuestros propios problemas.

2.- En el caso colombiano es importante volver sobre las manifestaciones multitudinarias que se dieron en varias ciudades en noviembre de 2019. En ese momento se manifestaron temas y demandas similares de democratización en un repertorio agenciado también por jóvenes y mujeres. Pero la diferencia colombiana fué que, de nuevo, se reiteraban asuntos como los acuerdos de Paz incumplidos y la necesidad de avanzar en la convivencia pacífica, los problemas agrarios y campesinos de tierras y la educación superior gratuita.

En Cali, se llevó a cabo una multitudinaria manifestación que se concentró en el CAM: pacífica, entusiasmada por la música y las escenas de teatro callejero. La Policía hizo presencia, pero no intervino. Sin embargo, en horas de la tarde, cuando se dispersaban los manifestantes, se presentaron situaciones de vandalismo y saqueo. El Alcalde Armitage declaró el toque de queda. Durante las primeras horas de la noche desde las redes sociales se dijo que los vándalos se estaban tomando las unidades residenciales en distintos sectores de la ciudad, especialmente en el sur y se llamaba a los residentes a armarse y defenderse. La Policía con sus sirenas prendidas parecía desbordada en el patrullaje. Se presentó una situación de pánico en la ciudad, pero el hecho importante es que al día siguiente no se pudieron documentar los hechos multitudinarios de vandalismo e invasión de unidades residenciales. En el fondo se asistió a una realidad inventada en sus dimensiones por las redes sociales.

En suma, en noviembre de 2019 se hizo evidente una movilización ciudadana legítima que llevó al vandalismo, a la intervención de las redes fabricando falsas realidades y mostrando una reacción en principio armada desde el Estado y con la participación de civiles armados. El conflicto, que se presentó en otras ciudades con rasgos similares, no se canalizó adecuadamente por los gobiernos municipal, departamental o nacional en previsión de situaciones futuras. Se convocó a unas conversaciones sin consecuencias prácticas.

3.- En marzo del 2020 llega la pandemia de la Covid-19 que nos afecta ya por 14 meses. En Colombia hay recesión económica, así como en Cali, aunque no tan acentuada como en otras ciudades y regiones. En la ciudad, según el Dane, la pobreza monetaria aumenta del 21.9% al 36.6% del 2019 al 2020. También se estima una reducción de la clase media del 22% que es importante detener ya que la movilización ciudadana incluye a los estratos medios. La pandemia misma no afecta tanto a Cali, como sucede con Bogotá, Medellín y Barranquilla, pero en los sectores populares de la ciudad hay oposición a la manera policiva como se quiere controlar el aislamiento de los ciudadanos. El Secretario de Seguridad de Cali parece más un agente de la Fiscalía que habla de comportamientos delictivos, que un estratega de la cultura ciudadana que busca fortalecer el aislamiento ciudadano. En el fondo, se considera que la pandemia se reproduce con más fuerza en los sectores populares y se requiriere de la fuerza y no del convencimiento para lograr el aislamiento.

En esta difícil situación nacional el Gobierno de manera inexplicable propone una reforma tributaria que recae especialmente en una clase media trabajadora y empobrecida, estratos 3, 4 y 5. Se convoca entonces a un Paro Nacional para el 28 de abril de 2021 que desencadena una serie hechos de conflicto hasta el día de hoy.

Aunque la situación en Cali ha sido particularmente grave y difícil, los hechos de violencia se han repetido en toda la geografía nacional, especialmente en las ciudades. Creo que estamos en presencia, por lo tanto, de un problema nacional, marcadamente urbano. Cali, sintetiza de manera pronunciada las contradiccio- nes que se viven en otras regiones y ciudades del país.

4.- Los hechos de Colombia, han tenido reacciones en el nivel internacional, en organismos como la Naciones Unidas, en gobiernos como el del Presidente Biden, en manifestaciones ciudadanas en Madrid, Londres, Paris, Bruselas, entre otros lugares y en los medios de comunicación más importantes de Europa y Norteamérica. En todos hay preocupación por la situación y un llamado al Gobierno colombiano para que no se exceda en el uso de la fuerza. Como ya dije, esto ha sido positivo, ya que los organismos de seguridad saben que también son vigilados y desarrollan con más cuidado sus tareas. Incluso en Cali se pudo mostrar, el 19 de mayo, día de paro, que podía haber manifestaciones pacíficas con un mínimo de vigilancia policial. Esto también se conoce internacionalmente.

Hay entonces un problema nacional en el que tienen protagonismo las ciudades, especialmente Cali. Pero sería muy importante hacer una diferenciación según situaciones regionales, en las que se articulan los problemas urbanos con los rurales, alrededor de una ciudad central. La región del suroccidente, con centro en Cali, es clave para entender el conflicto por el que se atraviesa. Su geografía más inmediata incluye un eje sur-norte desde Santander de Quilichao hasta Cartago y un eje este-oeste que parte de la vertiente occidental de la cordillera central, pasa por Cali y llega a la ciudad de Buenaventura en el Pacífico. Es una región de economías diversas y de poblaciones étnicas también distintas. Tiene una historia de conflicto armado y de violencia que hace presencia en los hechos de hoy. Importante el rol que han tenido los acuerdos de Paz, su carácter inconcluso o saboteado por diversas fuerzas. Esta problemática rural se superpone entonces en la región sur occidental con la que aparece en las ciudades del sur-occidente, especialmente en Cali.

En las ciudades y regiones aparecen combinados:

Protestas y manifestaciones pacíficas.
Vandalismo de diverso tipo.
Presencia de barricadas en sectores estratégicos de las ciudades.
Participación de sectores sociales diferenciados desde pobladores directos, que lideran y aquellos que se adecúan y padecen las barricadas y bloqueos.
La intervención de las autoridades civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y de Policía que usan abiertamente una fuerza excesiva e ilegal, en algunos casos.
La presencia de civiles armados, desde varios lados, que usan sus armas.

Se requiere, entonces, una interpretación de conjunto y de lo que sucede en Cali. Creo que los hechos se pueden explicar argumentando que hacen parte de una movilización social, agenciada especialmente por jóvenes, que cuestionan el orden social y político vigente de tiempo atrás y con un sentido de injusticia social, que se enfrentan a un gobierno que no les ofrece alternativas, por fuera del tratamiento policial y militar del conflicto, y que los considerara vándalos, delincuentes y terroristas, sin tener en cuenta las manifestaciones legítimas de descontento. En mi opinión, este movimiento viene conformándose desde hace varios años, se articula con unos acuerdos de paz que no se han asumido a cabalidad y han encontrado toda suerte de tropiezos por parte del Gobierno. Estos acuerdos reflejan el sentir de una gran parte de la Colombia rural que hoy se combinan con una agenda ampliada por los jóvenes de las ciudades, que tienen el 70% de la población colombiana, que viven el desempleo y la falta de educación y protestan por los asesinatos de líderes sociales, especialmente en las zonas rurales en las que ha prevalecido el conflicto armado. El tema de fondo en el conflicto social es la voz no escuchada por mucho tiempo de la Colombia rural, que ha vivido el conflicto armado combinada con la voz de nuevos sectores urbanos que se sienten excluidos por el orden social y político existente, representado por el Gobierno.

El caso de Cali y el sur-occidente colombiano

A continuación, me detengo en algunos aspectos que permiten entender, en mi consideración, por qué un problema nacional tiene rasgos más acentuados en Cali y en la Región del sur-occidente.

1.- La sociedad vallecaucana y caleña ha tenido una historia de fragmentación, tanto por clase como por etnia. En términos de clase, la desigualdad es muy pronunciada y se reproduce en el tiempo. Se refleja en sectores opuestos, de poseedores y desposeídos, con poca movilidad ascendente entre ellos. Buena parte de la movilidad social, cuando se ha dado en las últimas décadas, ha sido agenciada por las economías ilegales y los grupos sociales que de allí emergen. Desde el punto de vista étnico, se ha formado también históricamente un sentido de superioridad de los sectores de población blanca sobre los sectores de población negra e indígena. Esto puede haber cambiado desde la Constitución del 91, pero muy lentamente. El racismo subsiste hoy. El hecho es que los sectores que sufren las consecuencias de la fragmentación étnica y de clase, han desarrollado un sentido de injusticia social que se consolida y aumenta en los sectores sociales subalternos, en oposición a los sectores privilegiados de la sociedad. Piden respeto, derechos e identidad. Cada vez organizan más y mejor sus reclamos ciudadanos que son justificados.

2.- La manera tradicional como se sostuvo el orden social y político en la ciudad y en la región fue la hegemonía filantrópica. Esto significa que los sectores sociales empresariales, agrarios e industriales que detentaban el poder económico, se compenetraron con el funcionamiento del Estado y canalizaron parte de sus utilidades y esfuerzos personales a través de las ONG, en beneficio de la ciudadanía. El gasto público se reflejaba en el progreso de la ciudad y su población. Esta forma de ejercer el poder pudo sostenerse hasta la primera Alcaldía de Rodrigo Guerrero (1992-1994) con su Programa bandera Desepaz para la seguridad ciudadana. Pero se presentó una crisis en el establecimiento regional cuando se hizo evidente la vinculación del narcotráfico con la política desde 1994 (Proceso 8.000) hasta nuestros días. Durante este período hay diferentes momentos y no todos los actores tienen la misma responsabilidad, pero con el tiempo se entronizó un sentido paramafioso de hacer política, de ganar las elecciones y de participar en utilidades a partir de la contratación pública y el acceso a la burocracia estatal. El impacto negativo del narcotráfico y del lavado de dinero ha sido muy grande en la economía y en la política y en la difusión del comportamiento mafioso, en la ciudad y en la región.

El trabajo de varios años que he realizado como analista de la violencia urbana y regional tiene su principal explicación en el narcotráfico y en la estructuración de un orden social paramafioso. ¿Cómo es posible que desde 1991 hasta 2021, es decir durante 30 años, Cali, el Valle del Cauca y el Norte del Cauca, tengan tasas de homicidio similares que, en promedio, están 25 puntos por encima de las tasas nacionales? En 2019, la tasa de homicidios para Cali fue de 49.7 x 100.000 habitantes, casi el doble de la nacional (25.1). En 30 años se ha tejido una sociedad para-mafiosa y armada, en los distintos sectores de la sociedad y en todos los niveles.

Es importante tener en cuenta que las élites regionales no son homogéneas y que una parte civilista ha tratado de recomponer su poder y papel en la sociedad, con una alternativa en la que participan de nuevo los sectores empresariales, jóvenes en algunos casos, que buscan una alternativa civilista para resolver los problemas desde el Estado. Pero lo cierto y verificable es que hasta el momento no han tenido éxito. No lo pudo hacer Rodrigo Guerrero en su segunda Alcaldía; parcialmente lo hizo Maurice Armitage quien manejó bien las finanzas municipales, invirtió en educación y vinculó a sectores afros excluidos a la administración. El actual Alcalde, por segunda vez en el Gobierno municipal, tiene apoyo de sectores populares pero carga el Inri de la corrupción, ya desde su primera Alcaldía, con contrataciones en favor de sus familiares y amigos políticos. En síntesis, hay una acuerdo social y político muy débil sobre las reglas básicas para manejar el Estado local y regional. Que la hegemonía sea precaria y el poder esté disperso no hace sino incentivar el conflicto y la violencia. En síntesis, el acuerdo de dominación existente en la ciudad y en la región no contrarresta las dinámicas de violencia. Existen camarillas atadas fuertemente con el lucro en el funcionamiento del Estado y el gasto del presupuesto.

3.- Al lado de los factores anteriores que intervienen de manera estructural, es necesario hacer referencia al paro y a su expresión en las manifestaciones y barricadas en puntos estratégicos de la ciudad. Hay que comenzar hablando de los manifestantes. Es notable la participación de jóvenes y de mujeres. Provienen en lo fundamental de los barrios aledaños a los lugares de manifestación y bloqueo en los que han tenido experiencia de organización comunitaria barrial y juvenil, algunos con influencia religiosa o de las ONG. Hacen presencia en las marchas y manifestaciones pacíficas y participan de las barricadas. Son sus actores principales. En medio de ellos se mueven organizaciones que tienen experiencia e intereses políticos definidos y hacen oposición al Gobierno, al Centro Democrático y al uribismo. Retoman banderas políticas de oposición y muestran organización y experiencia en su movilización. Participan también milicianos que pertenecen a organizaciones armadas como el ELN o las FARC residuales. No hay evidencia de que dominen y dirijan el grueso de las acciones. Participan también grupos de jóvenes vinculados con la criminalidad, las pandillas y el vandalismo. Hacen mucho daño en las estaciones de transporte público, pero no se pueden confundir ni con el primero ni con el segundo grupo. No representan ni se deben identificar con la protesta juvenil.

Hay entonces una heterogeneidad de manifestantes que articulan el descontento y la oposición al Gobierno, al Centro Democrático y al expresidente Uribe. Hacen oposición a lo que llaman el sistema neoliberal fascista. Estos grupos retoman y reivindican la voz y la manifestación de los sectores inconformes, tienen apoyo ciudadano en entornos amplios. Pero su estrategia de bloqueo a la movilidad también les genera oposición en los mismos sectores populares de donde provienen. En la confrontación se reviven los acuerdos de Paz a los que se ha opuesto el Gobierno y se amplía el espectro de demandas a temas propiamente urbanos de jóvenes.

Dada la polarización que se vive en la ciudad, tales manifestaciones y bloqueos se entienden, desde el lado del Gobierno y de su partido, como un proyecto petrista, castro-chavista, agenciado por la guerrilla, o como una nueva estrategia molecular del comunismo internacional para tomarse el poder con el terrorismo.

4.- Es necesario referirse a las autoridades civiles. Se ha pedido el apoyo del Presidente en la ciudad. Pero su respuesta no ha sido clara durante sus pocas visitas, más allá de pedir que se levanten los bloqueos y se reactive la actividad económica. Se debe observar que el Presidente se encuentra en una situación de debilidad, ya que ha perdido apoyo desde su mismo partido que considera que ha hecho propuestas inoportunas que le han servido a la oposición petrista para posicionarse en las próximas elecciones.

La Gobernadora pide el apoyo del Gobierno nacional, pero no logra articular un planteamiento global regional para confrontar el problema. Tiene propuestas confusas como aquella de cerrar las fronteras del Departamento, cuando de lo que se trata es de abrir la movilidad y reactivar la actividad económica con otros departamentos del país.

El Alcalde ha tenido intervenciones en las que indica que bus-ca el diálogo y la concertación con los diferentes actores involucrados en los levantamientos, paros y bloqueos en la ciudad. Ha logrado acuerdos precarios y se debe reconocer que ha buscado mediar para que se levanten bloqueos, se facilite la movilidad de los alimentos y las medicinas lleguen a la ciudad. También se le debe reconocer que es el único que ha hablado de la presencia de halcones de la muerte en el conflicto, haciendo referencia a la intervención de civiles armados que disparan a manifestantes desde camionetas blancas blindadas, tal vez con el apoyo y/o conocimiento de la Policía. Pero, por otro lado, el Alcalde cuenta con muy poca credibilidad entre la ciudadanía por el manejo corrupto que ha hecho con el presupuesto público, asunto que tiene curso en la Fiscalía, desde su primera administración.

5.- Es necesario tener en cuenta la participación de los indígenas, organizados por el CR en una minga. A diferencia de otras oportunidades, la minga no buscó una movilización en Cali para presentarle sus demandas al Gobierno central. Llegaron a la ciudad para participar en las manifestaciones, bloqueos y demandas del hubo junto con los pobladores, en distintos sectores de la ciudad. Se debe destacar que su intervención fue esencialmente pacífica, aunque coactiva con los ciudadanos que pedían la libre movilización. En el caso de la vía de Cali – Jamundí, que transité varias veces, optaron por bloquear la vía, pero posibilitando el tránsito en alguno de los sentidos durante una hora y cambiando sucesivamente el sentido. Hacía presencia la guardia indígena con sus bastones de mando, sin armas de fuego. En el caso del bloqueo que se hizo en la zona del Oeste de Cali, donde resido, los indígenas participaron abiertamente en el bloqueo, pero facilitaron la marcha de las camisetas blancas, es decir de los ciudadanos que pedían levantar el bloqueo y terminar con los enfrentamientos. Tampoco pude constatar que tuvieran armas de fuego. En mi opinión, el resultado de la interacción entre indígenas y los manifestantes de las camisetas blancas en el Oeste fue positivo. Se logró traer alguna normalidad al lugar y se facilitaron acuerdos precarios de movilidad, a diferencia de lo sucedido en Pance.

La Minga tuvo su lugar de concentración en la Universidad del Valle. Las Directivas universitarias actuaron correctamente al favorecer la llegada de la Minga a la Universidad ya que esto contribuía indudablemente a la distensión del ambiente en la ciudad. Después de graves enfrentamientos entre la Minga y residentes del sector de Pance y Ciudad Jardín, en el sur de la ciudad, donde hubo distintos hechos de violencia, de parte y parte (hubo diez indígenas heridos), la Minga decide retirarse de la Universidad del Valle y de la ciudad.

Hay que preguntarse qué hay detrás del cambio de táctica de los indígenas al llegar a la ciudad para participar en las manifestaciones y bloqueos de sus habitantes. Hay que preguntarse también cuál ha sido su motivación y papel en la región, especialmente en el Norte del Cauca, con los bloqueos en la vía Panamericana en distintos lugares. La quema de cultivos de caña y las amenazas a los ingenios y empresas del Norte del Cauca son muy preocupantes. Las empresas han suspendido la producción por varios días. Ciertamente hay que tener en cuenta también las demandas de los indígenas de tiempo atrás, que tienen que ver con tierras y con los acuerdos a que han llegado y que han sido incumplidos por diferentes gobiernos. No se puede olvidar el asesinato de indígenas, líderes sociales y de Derechos Humanos sucedidos en el Norte del Cauca. Existen entonces justificaciones para la movilización indígena, pero no queda clara la agenda que manejan y son cuestionables algunas de sus acciones que contribuyen a una escalada de violencia que no se sabe las consecuencias que pueda tener.

Para algunos sectores de la élite caleña y del Gobierno nacional son los indígenas los causantes de los hechos de violencia que se viven y esto amerita, en su consideración, que las Fuerzas Armadas respondan con mano dura. Como en otros momentos, ésta es una consideración que ha dado lugar a la aparición del paramilitarismo. En mi opinión, se ha hecho evidente el racismo antiindígena en sectores de la sociedad caleña. Se requiere mostrar una cara de diálogo e inclusión. Son preocupantes algunas decisiones que ha tomado la Minga o mejor, que han sido agenciadas por indígenas, organizados o no por el CRIC. Se requiere desarrollar la estrategia del diálogo y los acuerdos con los indígenas. Por otro lado, más allá de la Minga y el CRIC, quien conozca la población indígena del Norte del Cauca, sabe que una proporción muy grande de ellos depende del trabajo en la zona, en y por fuera de los resguardos, y ha tenido que padecer, en esta oportunidad, la falta de ingresos, alimentos y medicinas.

6.- Militarización del orden público. Como se ha venido argumentando, hay protestas y manifestaciones de diverso tipo, algunas con violencia y otras pacíficas. En Colombia hay apoyo en la Constitución a la manifestación pública y pacífica. El problema es que en Cali ha sido evidente la presencia en las protestas y manifestaciones, de distintas formas de violencia con diverso origen y propias de un levantamiento urbano, desde las barricadas hasta la represión policial y militar. El tema grave es la aparición de civiles armados que han disparado desde los bandos enfrentados. Preocupa mucho la visión de ciertas élites que afirman que el Estado no está en capacidad de responder y llama a las armas en manos privadas. Sólo algunas voces han planteado que las armas deben ser monopolio del Estado y que éste sólo puede usarlas dentro de la ley, aunque esto no ha sucedido. En Cali, en medio de los enfrentamientos, policías han usado abiertamente armas letales contra los manifestantes. También policías, sin el uniforme, aparecen armados en las confrontaciones. Es muy probable, además, que apoyen a los civiles armados que actúan como paramilitares urbanos.

El Gobierno ha decretado la asistencia militar para el control del orden público. Esto es un error desde el punto de vista de la función del Ejército en el control del orden público y la seguridad de los ciudadanos. Vale la pena destacar que las denuncias que se han hecho en los organismos internacionales han contribuido a que la Policía y el ESMAD controlen mejor sus acciones ilegales con las armas. Por su parte, paradójicamente, no se conocen desmanes abiertos e ilegales de los militares con las armas en el patrullaje urbano.

La legitimidad de la Policía en Cali es baja, tanto entre las élites que argumentan que no pueden confiar en su seguridad, como por parte de muchos pobladores que hacen referencia a una Policía corrupta en sus barrios, especialmente en relación con el micro-tráfico. En algunos sectores de la ciudad, la Policía no puede entrar. En los sectores populares, la policía tiende a argumentar, de tiempo atrás, una criminalización por principio de los jóvenes, pobres y negros.

¿Qué hacer?

He argumentado que estamos frente a una movilización nacional compleja que ha llevado en nuestra ciudad a un caleñazo que ya dura más de 25 días. Hay que ponerle toda la atención a su caracterización y coadyuvar a darle respuestas que permitan fortalecer el bienestar y la convivencia colectivas. En la confrontación se ha hecho evidente la polarización de la sociedad que enmarca y contribuye a la escalada de la violencia. Los polos que se oponen son el de los defensores de un modelo de crecimiento económico neoliberal, excluyente y autoritario, y el de sectores sociales que buscan consolidar una nueva sociedad, apoyada en sectores rurales y urbanos, que han sido tradicionalmente excluidos y que no expresan aún con claridad la forma de economía y sociedad que defienden. Buscan la democratización con una nueva agenda. Entre las opciones extremas, hay mucho campo para el cambio social con realismo.

En mi opinión se ha iniciado de manera violenta y precipitada el debate electoral que se avecina. Es importante que este debate se pueda dar en un ambiente de paz y que se puedan escuchar las distintas propuestas para sacar adelante la Nación, la Región y la Ciudad. Entre los polos, hay opciones civilistas y democráticas que pueden dar respuestas iniciales, desde ya, a las demandas de fondo de la presente coyuntura. Es necesario tener paciencia para que las demandas y las propuestas a los diferentes problemas se vienen decantando. Los siguientes temas ameritan atención:

José Antonio Ocampo, destacado economista caleño, en una columna de opinión ha sintetizado propuestas realistas y prácticas sobre lo que puede ser una reforma tributaria que es necesaria, bajo el principio de que se grave, progresivamente, a quienes concentran la riqueza. También sobre lo que puede ser un ingreso mínimo subsidiado para quienes viven persistentemente en el desempleo y la pobreza y sobre mecanismos para incentivar la reactivación económica.
En el nivel local o regional hay que ponerse del lado del diálogo entre los sectores tradicionalmente incomunicados para llegar a acuerdos, así sean inicialmente inestables entre las partes, de manera que se reduzcan los enfrentamientos y la violencia. También personas muy prestantes, como algunos embajadores, han valorado el papel del diálogo. Esto significa identificar a los actores y buscar puentes de comunicación entre ellos para lograr acuerdos. Hay que hacer compatibles, en el nivel local, el derecho a la protesta pacífica y la libertad de tránsito, al mismo tiempo. Esto es posible y la minga indígena lo demostró en la prác198 tica, a pesar de las barricadas, que son claramente una coacción y que tienen límites, como también parece que lo entendieron.
Los bloqueos no pueden contribuir a empeorar la situación de empobrecimiento de la población. Este es un argumento muy fuerte, de carácter humano y fundado también en derechos, contra quienes persisten en los bloqueos, ellos mismos ciudadanos seguramente en situación de pobreza. Los bloqueos, en este sentido paradójico, son realizados por pobres contra los pobres, sin saber quién se beneficia.
Hay que proponer el desarme de la sociedad y el uso de las armas estrictamente dentro de la legalidad, exclusivamente por las fuerzas armadas del Estado. Se deben condenar los excesos en que se incurrió con los manifestantes. También denunciar los asesinatos, de varios años atrás y desde varios lados, de defensores de Derechos Humanos, líderes comunitarios, reinsertados de las guerrillas, indígenas que han promovido la sustitución de cultivos ilícitos y de tantos colombianos que lo que desean hoy es que se recomponga la sociedad y el Estado para vivir en Paz y Convivencia.

Álvaro Guzmán Barney, Sociólogo, Doctor en Sociología. Profesor Jubilado del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle. El siguiente texto fue motivado por un conversatorio informal entre académicos convocado por Hernando Corral sobre la situación de Cali. Le agradezco la invitación a participar, así como sus comentarios y los muy reflexivos de Gonzalo Sánchez. El texto se presentó también en una reunión en la Sociedad de Mejo- ras Públicas de Cali. Claro está, soy el único responsable de su contenido.