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Vestido en su uniforme azul de prisionero, Medardo Mairena luce apacible. Lo rodean decenas de custodios cargando armas de alto calibre y encapuchados, que permanecen de pie en un auditorio del Complejo Judicial de Managua. Junto a otros tres campesinos del Caribe nicaragüense, Mairena está a la espera de la sentencia que dictará el juez Edgar Altamirano. El judicial, quien ya lo ha declarado culpable de infundir pánico en la población para “romper el orden constitucional y pretender derrocar al Gobierno con métodos violentos”, finalmente, dicta la sumatoria de la pena: 216 años de prisión. En vez de tristeza, al líder campesino le causa gracia la sentencia. “Nos pusimos a reír, porque sí, ya sabíamos que era una cuestión política”, recuerda ahora.

Mairena (42 años) se dio a conocer nacionalmente el 16 de mayo de 2018. Ese día se inauguró un Diálogo Nacional en Nicaragua, después de casi un mes de iniciadas unas protestas contra el sistema de seguridad social y la inmediata represión estatal que en menos de un mes había dejado al menos 86 muertes. El Gobierno había aceptado dialogar con los manifestantes, y la Iglesia católica medió las conversaciones convocando a diversos sectores para que plantearan sus demandas, incluyendo los campesinos.

“Quiero que sepa, señor presidente, que son los campesinos los que están exigiendo justicia, porque hemos reclamado justicia desde muchos escenarios y no hemos sido escuchados. Nos hemos unido a respaldar a los jóvenes. No tenemos armas, somos un cuerpo civil”, le dijo Mairena al presidente Daniel Ortega, presente en aquella primera sesión que fue televisada en vivo.

Desde hacía 5 años que Mairena se había integrado al Movimiento Campesino Anticanal, un grupo que demandaba la derogación de la Ley 840, que entregaba a un empresario chino la concesión para la construcción de un canal interoceánico que partiría a Nicaragua en dos y que ordenaba la expropiación de los territorios por los que pasaría.

El 13 de julio de 2018, mientras Mairena se disponía a salir del país junto a Pedro Mena, de 51 años, otro campesino del Movimiento, agentes de Migración los retuvieron y entregaron a la Policía Nacional. “Nosotros siempre preguntamos que por qué, para dónde nos llevaban, qué nos iban a hacer, [nos decían] que nos íbamos a dar cuenta después, tratándonos con ofensas y golpes”, recuerda el líder campesino. Ese mismo día fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial. Así narra la tortura psicológica a la que lo sometieron:

“Me dijeron que el Gobierno quería negociar conmigo, que cuánto dinero quería, que qué trabajo quería. Me dijeron que de mí dependía si aceptaba o no. Pero yo jamás acepté, no iba a acusar a personas inocentes. Me mencionaron a mi hija de tres años, a mis hijos de 13 y de 17. Dijeron que iban a ser los primeros en sufrir. El investigador me dijo que iban a grabar un vídeo en donde a mi niña de tres años le iban a cortar dedito por dedito, pieza por pieza, y que luego, si no aceptaba, iban con mí otro hijo. Me sentí horrible. Son capaces de hacer tantas cosas, no tienen escrúpulos, no saben lo que significa el amor. Solo le pedí a Dios que me perdonara y que protegiera a mi familia. Me encerraron y me dijeron que decidiera”.

Cuatro días después de su detención fue presentado ante el juez Henry Morales. Este juez, de acuerdo con una revisión de 100 actas de audiencias preliminares e iniciales, fue el que más casos de presos políticos atendió durante el año pasado: 21 de 100. Es decir, casi la misma cantidad de audiencias que atendieron en conjunto siete juzgados locales penales de Managua.

La Fiscalía de Nicaragua acusó a Medardo y otro de sus compañeros, Pedro Mena, de ser los jefes de una “estructura delincuencial” que creó tranques o bloqueos de carreteras en cuatro ciudades del país desde los cuales robaban, dañaban propiedad pública, asesinaban y secuestraban. El hecho más grave que se presenta en la acusación ocurrió el 12 de julio, y según el fiscal Lenín Castellón Silva, Medardo había sido el responsable de planificar, coordinar y dirigir un ataque a la delegación policial de la ciudad de Morrito. En el suceso murieron cuatro policías y un profesor, además del secuestro de nueve policías que se encontraban en la misma delegación. Por esos hechos estaban siendo procesados por varios delitos, entre ellos crimen organizado y terrorismo.

Pero ese 12 de julio, medios de comunicación mostraron a Medardo asistiendo al mediodía a una marcha en Managua. En el juicio, una testigo relató que por la tarde de ese día se había tomado un café con Mairena, y un sacerdote jesuita testificó que había estado con el campesino al caer la tarde, viéndolo por última vez cuando hacía sus maletas para el viaje que emprendería al siguiente día.

Esta investigación reveló dos grandes tipos de acusaciones: las que se relacionaban con terrorismo, financiamiento al terrorismo o provocación, conspiración y proposición para cometer terrorismo, cuyas penas sobrepasan los 20 años; y las vinculadas con delitos menos graves, cuyas penas no excedían los 5 años. De 486 personas acusadas formalmente por la Fiscalía de Nicaragua por supuestos delitos relacionados con las protestas antigubernamentales, 262 (el 54%), fueron acusadas por terrorismo.

El caso de Medardo Mairena es uno de los que mejor explica el primer tipo de acusaciones: es el líder de un sector específico, con poder de convocatoria y que expresaba sus opiniones públicamente. También entran aquí los exmilitares o exsandinistas que fueron tildados de “traidores” porque abandonaron su militancia y se unieron a las manifestaciones cuando supieron de la brutal represión. A este tipo de personas, la Fiscalía casi siempre imputó un combo de delitos que incluía terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos, portación ilegal de armas y robo agravado.

Estas personas fueron condenadas a la mayor cantidad de años. De 151 detenidos que recibieron un fallo de culpabilidad, a 56 se les condenó por terrorismo, 11 obtuvieron condenas que superaban los 30 años de pena máxima legales en Nicaragua: tres campesinos (216, 210 y 56 años), tres exmilitares (52, 47 y 42 años), tres personas que participaron en los tranques (53, 43 y 33 años), una cantante soprano (33 años) y una mujer transgénero exsandinista (40 años).

Al segundo tipo de acusaciones cabe más el perfil de ciudadanos comunes que se manifestaron en diversos espacios: en sus barrios, pueblos, universidades, pero que en general no tenían papeles de liderazgo. A estos se les imputaba casi siempre dos o tres delitos juntos o uno por separado, como entorpecimiento de servicios públicos, portación ilegal de armas, exposición de personas al peligro, robo, lesiones o daños. Las penas impuestas a estas personas fueron las más bajas: 46 de 151 personas condenadas tuvieron penas de 7 meses a 4 años y medio de prisión.

El Juicio

Después de asistir a las audiencias preliminar e inicial, Medardo y Mena, en conjunto con otros dos campesinos que fueron capturados posteriormente, fueron remitidos a juicio con el juez Edgar Altamirano. Al proceso la Fiscalía llevó a testificar a 26 policías, 8 trabajadores del Estado, 7 peritos o forenses, dos civiles e incluso una persona que se identificó como secretario político del Frente Sandinista, el partido de Daniel Ortega. Entre los policías estaba un oficial encubierto, el Código Uno. Sentado desde el banquillo de los declarantes, el oficial con pasamontañas fue interrogado por Julio Montenegro, defensor de Mairena.

—¿Cuál es el procedimiento que usted siguió en este caso, según la Ley 735, Ley de Crimen Organizado?— preguntó el abogado.

—La ley no la domino bien— respondió con irritación el Código Uno, con cuatro años de experiencia en el Departamento de Delitos Especiales, según consta en la transcripción de su testimonio.

—¿Cómo es posible que no domine la ley, si usted es un oficial de seguimiento?— refutó Montenegro, mirando a los ojos del oficial.

—Ya le respondí— grita entonces desde el banquillo.

Con ese grito, Medardo reconoció al Código Uno. “Lo reconocí por la voz, porque no se me va a olvidar su voz”, dice Medardo. Ese oficial se había encargado de torturarlo solo un par de semanas antes, mientras estuvo detenido en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial de Managua. Ese oficial lo había sacado de su celda, tras tres días sin dormir, para golpearlo en la sala de interrogaciones. Ese oficial lo acusó de haberse puesto una sotana clerical y planear el asesinato de cuatro policías y un profesor en la ciudad de Morrito.

Defensores de presos políticos nicaragüenses confirmaron que en una gran cantidad de procesos judiciales primaron las pruebas testimoniales, sobre todo de policías, trabajadores del Estado y simpatizantes sandinistas, quienes sospechan que pudieron haber proveído testimonios falsos o falsificado pruebas.

En este caso, además de las pruebas testificales, la Fiscalía intentó comprobar la culpabilidad de Mairena y Mena con mensajes de texto extraídos de sus celulares. Los medios oficiales informaron de que una “gigantesca trama terrorista y golpista” había sido destapada con la revisión de los dispositivos personales de los campesinos. Pero en juicio, el perito en informática no logró confirmar que en efecto se hubiera encontrado información incriminatoria.

Mairena recuerda que estando en prisión, durante uno de los interrogatorios, un oficial lo presionó para que aceptara en el juicio que había estado organizando un golpe de Estado y que a su vez, inculpara a otros activistas: “el investigador me dijo que él iba a decidir mi destino, que el juez era sandinista, el fiscal era sandinista y que si no aceptaba, mi familia iba a pagar las consecuencias”.

El abogado Julio Montenegro —defensor de Mairena y quien también participó en la defensa de otros 80 acusados y trabajó antes para la Fiscalía— sostiene que en estos casos hubo una coordinación institucional para acusar a manifestantes.

“Por un lado, los oficiales de Policía recabaron información que no era la mejor, la Fiscalía citó testigos parcializados, acusó a pesar de las deficiencias, el juez, a pesar de que había detenciones ilegales o pruebas ilícitas, llevó a cabo un juicio con nulidades absolutas… Algunas veces yo lo decía así: un contubernio, están coludidos”.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reafirmó el 10 de septiembre, en su más reciente informe sobre Nicaragua, la falta de independencia del Poder Judicial respecto del Ejecutivo. Dijo que “se ha utilizado el sistema de justicia para criminalizar la disidencia y garantizar la impunidad de los responsables de las violaciones de los derechos humanos”.