Via APORREA
Ante la grave crisis económica que padece nuestro país, producto de la incapacidad manifiesta del gobierno en conducir nuestra industria petrolera, el mismo ha colocado como su prioridad política-económica, entregar el petróleo y privatizar PDVSA, por lo cual, tiene la intención de modificar la Ley Orgánica de Hidrocarburos, promulgada durante el gobierno del presidente Chávez.
Tal como se ha anunciado en la propia Comisión de Energía de la Asamblea Nacional, el gobierno está listo para aprobar, utilizando para ello la mayoría de la bancada del PSUV, un proyecto de ley –que todavía es secreto– donde se deroga la Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente, así como, las leyes promulgadas por el presidente Hugo Chávez en el desarrollo de la política de Plena Soberanía Petrolera.
Estas intenciones entreguistas del gobierno, que hemos venido denunciando de manera sistemática desde el año 2017 y que nos ha generado todo tipo de acusaciones, de acciones legales, de persecución y de exilio, forman parte del desmantelamiento de la obra y legado del presidente Chávez, la más importante de ella, su política petrolera, la Plena Soberanía Petrolera, que dio base material indispensable para sostener todo el proceso de cambios económicos y sociales, que se produjeron durante el período de la Revolución Bolivariana.
El desmantelamiento de la Plena Soberanía Petrolera, ha sido un objetivo permanente del gobierno de nicolás maduro, quien, luego de descabezar al chavismo dentro del Ministerio de Petróleo y PDVSA, colocó al frente de la empresa, al general Manuel Quevedo, un militar represivo y de derecha, quien inició el desmantelamiento de la misma y la entrega del petróleo a los factores privados del madurismo.
Para ello utilizaron al Tribunal Supremo de Justicia con la Sentencia 156, mediante la cual, éste órgano se abroga la facultad de aprobar la creación de empresas mixtas –sin cumplir los mecanismos establecidos en la Ley Orgánica de Hidrocarburos–, así como, el Decreto 3.368 donde maduro autoriza crear los llamados «Contratos de Servicios Petroleros», –una mala copia de los llamados «Convenios Operativos» de los tiempos de la Apertura, cediendo de manera ilegal nuestra producción de petróleo a factores privados.
Igualmente, en el marco del desmontaje de nuestra Política Petrolera, se produjo la venta de nuestra participación en las empresas mixtas más importantes de la Faja Petrolífera Orinoco, violando lo establecido en el Decreto 5.200 de la Ley de Nacionalización del 2007, y donde se cedieron las operaciones de producción y la comercialización de crudo, tanto a las trasnacionales petroleras, como, a todo tipo de agentes privados que soportan al gobierno, en abierta violación a la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
Luego, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, el gobierno comenzó a «legislar» para desmontar el marco legal de nuestra industria petrolera, aprobando leyes inconstitucionales y contrarias a la soberanía del país, exigidas por el capital transnacional y sus agentes privados, tales como, la Ley de Protección de Inversiones Extranjeras del año 2017 y la llamada Ley Anti Bloqueo del año 2020.
Sin embargo, nada de ésto le ha funcionado al gobierno. El ensayo privatizador en PDVSA y la actuación de la Comisión Alí Rodríguez Araque, han sido un fracaso. Hoy en día la industria petrolera está colapsada. El último reporte de monitoreo del mercado de la OPEP del mes de agosto, indica que la producción de Venezuela al mes de julio 2021, se ubicaba sólo en 512,000 barriles diarios de petróleo. Es decir, una caída de 2,5 millones de barriles diarios con respecto a la nuestra de 3,5 millones de barriles de petróleo al día, al cierre del año 2013. La producción actual de 512 MBD de petróleo, es la misma que teníamos en el año 1930, representando un retroceso de 91 años.
Por otra parte, el sistema de refinación nacional opera escasamente a un 10% de su capacidad, y no ha sido capaz de satisfacer la demanda interna de nuestro país, sometiendo a nuestra población y a la economía nacional a una escasez aguda y sostenida de gasolina, diésel y gas.
Luego del estruendoso fracaso del gobierno en la conducción de la industria petrolera durante el periodo 2015-2021 y del fracaso de sus políticas privatizadoras, el madurismo tiene el agua al cuello y está desesperado por entregar el petróleo y la conducción de la política petrolera al capital privado transnacional, tal como ha hecho con el resto de la economía del país.
Así, una vez obtenido el control de la Asamblea Nacional, el gobierno, en el marco de su objetivo de lograr un «acuerdo de convivencia» con la oposición tradicional y el capital transnacional, se ha propuesto – a través de la bancada del PSUV–, modificar y derogar la Ley Orgánica de Hidrocarburos y las leyes que, en el marco de la política de Plena Soberanía Petrolera, fueron promulgadas por el presidente Chávez. Cumpliendo, –a casi 20 años del golpe de Estado del 2002 y del Sabotaje Petrolero del 2002-2003–, la máxima exigencia de los golpistas de entonces y de la Gente del Petróleo: derogar la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
De esta manera, entregando el petróleo, el gobierno de maduro cancela las posibilidades revolucionarias y transformadoras en el país, y le arrebata al pueblo venezolano sus inmensos recursos naturales para entregarlos al capital privado, despojándolo de su única posibilidad de salir de esta crisis atroz creada por el mismo madurismo.
Cierra el madurismo de manera desleal y artera el ciclo de transformaciones revolucionarias, la conquista de la soberanía, iniciada por Chávez con las leyes habilitante de 2001 –, entre ellas, la más importante, la Ley Orgánica de Hidrocarburos– así como, deroga el andamiaje legal y constitucional de la Plena Soberanía Petrolera que nos permitió, rescatar PDVSA, rescatar el petróleo, la Faja Petrolífera del Orinoco y colocarla al servicio del pueblo, del vivir bien, de la construcción de un país más justo, soberano, independiente, entregando al interés privado, lo que por ley y derecho pertenece a todo el pueblo: el petróleo.
Una discusión necesaria.
Más allá de la intención del gobierno, de las negociaciones secretas en México con la oposición y de las exigencias de las transnacionales, los venezolanos, los trabajadores y el pueblo en general –la inmensa mayoría nacional– dentro o fuera de la Patria, debemos superar el caos cotidiano en que nos ha sumergido el gobierno, sobrepasar sus estrategias de distracción y falsas ilusiones –como las elecciones regionales–, dejar atrás la resignación y detenernos a pensar, discutir, lo que está sucediendo en el país, con la economía y el petróleo, factores fundamentales y origen directo de la grave crisis en que nos encontramos, para entonces movilizarnos en defensa de nuestros derechos colectivos como sociedad.
Hay que desenmascarar las verdaderas intenciones de los cinco personajes que controlan al país y denunciar los intereses personales, económicos y políticos de las élites que gobiernan o están dispuestos a «convivir» con esta situación, quienes, para mantenerse o beneficiar sus intereses, están dispuestos a entregar el petróleo, la soberanía, el Orinoco, el Esequibo, el Panteón Nacional, y a Chávez y al pueblo por un puñado de dólares, todo ello en secreto, de espaldas al pueblo.
Las pretensiones de entregar el petróleo, es un hecho tan grave, que se impone superar el caos, la división y la desesperanza, para dar una gran discusión nacional, más allá de las diferencias de cualquier índole, de las peleas de grupos, y de las elecciones, para detener a tiempo el proceso de subasta del país que está descuajando la Patria y que pretende entregar ahora el fundamento, el pilar de nuestra economía, la única posibilidad que hemos tenido siempre de avanzar, el petróleo.
Lo que se pretende con la entrega del petróleo es tan definitivo para el país, que amerita una discusión abierta, franca, responsable.
Más allá de las excusas y acusaciones sin fundamento del gobierno y su aparato de propaganda, es evidente que, luego de 7 años actuando a sus anchas en PDVSA, conduciendo el país a su antojo y sin rendirle cuentas a nadie, el gobierno de maduro ha fracasado estruendosamente; sobre todo, en la conducción de un sector, el petrolero -PDVSA-, que es clave para la economía y cuyo colapso y entrega compromete, como nunca antes, nuestras posibilidades de existir, de desarrollo, de avanzar hacia el futuro.
Si Dios habla por las matemáticas, el petróleo también. La industria petrolera y el desempeño de PDVSA se miden por sus resultados. Los nuestros -entre 2004-2013- están publicados, siempre fueron expuestos al país, al escrutinio de los organismos de control del Estado, es información del dominio público; quien la quiera ver, la busca y la encuentra, a pesar de que hoy día ha sido silenciada y borrada por el madurismo, en una «operación Gobeliana» de los aparatos de propaganda del gobierno, de la que ni siquiera se han salvado los discursos petroleros de Chávez.
Pero los resultados y los beneficios de nuestra política petrolera y nuestra gestión en PDVSA, se sintieron, se vivieron, en un período de avance y bienestar (entre 2004-2013), de transformaciones políticas, económicas y sociales extraordinarias en el país.
Por ello, habría que preguntarle al gobierno y los sectores que lo apoyan ¿Dónde están sus resultados de maduro al frente de PDVSA y de la industria petrolera? La discusión debe comenzar por allí, que cada quien asuma sus responsabilidades ante el país, nó en el tuiter, nó en el ataque artero, nó a través del abuso de poder, nó en la violencia, sino de cara al país, con números, resultados, hechos.
Lo primero que hay que discutir es si el problema del país es el petróleo, PDVSA y la Ley Orgánica de Hidrocarburos o es el gobierno de maduro, sus políticas e incapacidad para conducir la economía y dirigir la industria petrolera.
Este gobierno dilapidó todo el capital político de Chávez, todos los recursos del país, destruyendo los pilares de nuestra economía y ahora pretende entregarla, para que «otro» –que no es más que el capital transnacional– se encargue del petróleo, culpando de la situación actual a Chávez, a nosotros y a la Política de Plena Soberanía Petrolera y al control Estatal sobre el sector de hidrocarburos.
Pero todos sabemos que es falso, porque afortunadamente tenemos muy reciente aún la experiencia vivida con el gobierno del presidente Chávez, nuestra política petrolera y la PDVSA del pueblo.
Los que vivimos en el país durante el período de gobierno del presidente Chávez, sabemos que el madurismo miente descaradamente.
Todos recordamos y vivimos en un país que, a pesar de nuestros problemas y deformaciones estructurales en la economía, luego de los años de la desestabilización política y económica, de la derrota del golpe de estado, la «guarimba» y el Sabotaje Petrolero y con el nacimiento de la Nueva PDVSA –la PDVSA del pueblo– fuimos capaces de poner el petróleo, por primera vez de manera directa, al servicio del pueblo, y que, el desarrollo de la política de Plena Soberanía Petrolera y la correcta conducción de PDVSA, permitió sostener casi 10 años ininterrumpidos de crecimiento económico y profundas transformaciones sociales y económicas que crearon las condiciones para el desarrollo soberano del país, que, como decía Chávez y nos recuerda el Toby Valderrama en sus artículos, no puede ser si no es socialista.
Todos los que aún tenemos la posibilidad de pensar en el país que teníamos, que habíamos construido como hecho colectivo, recordamos que nuestras conquistas sociales y económicas eran el resultado de la acertada conducción de Chávez, su empeño en el socialismo, así como de nuestra Política Petrolera y el desempeño de la Nueva PDVSA, una empresa petrolera estatal, 100% propiedad del Estado, con todas sus capacidades productivas al máximo, produciendo 3 millones de barriles día, refinando 1,2 millones de barriles día y generando todos los combustibles que necesitaba el país, exportando, para ingresar al país 700 mil millones de dólares en el período 2004-2014, con 100 mil trabajadores, movilizados, trabajando junto al pueblo, conscientes de deber social, al servicio del país.
Si comparamos el período de Chávez y de la PDVSA Roja Rojita con este desastre, entendemos que el problema es político, de capacidad de gestión de tipo de gobierno.
Si nos referimos nuevamente a los números, el desempeño de PDVSA y la situación del país, nos encontramos con el desastre resultado de las políticas y decisiones del gobierno de maduro: con sólo 512 MBD de producción de petróleo, sin gasolina, ni diésel, ni gas, sin exportaciones petroleras, sin ingresos petroleros, endeudados, con los trabajadores presos, empobrecidos, sin derechos de ningún tipo y con un pueblo desesperado, un país quebrado, descuajado, subastado por el gobierno, del que han salido 6 millones de venezolanos desesperados.
Entonces, nos daremos cuenta, si queremos ser objetivos, responsables ante la historia y el país, que el problema NO es el petróleo, ni PDVSA, mucho menos, la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el problema es maduro, el problema está en Miraflores.
En el propósito de entregar el petróleo, PDVSA y derogar las leyes de Chávez coinciden el gobierno y las distintas facciones de la oposición, todos con el apoyo y aplauso de las transnacionales petroleras y sus representantes políticos en el país, desde FEDECÁMARAS hasta la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, quienes exigen, presionan a un gobierno débil y una oposición deseosa de poder, para que les entreguen el petróleo, rematen PDVSA y el país retroceda al período concesionario que fue superado con la nacionalización de los hidrocarburos.
Estas élites, profundamente antinacionales y entreguistas, esperan que el país, rendido por el caos y la desesperanza, les entreguen el control de la reserva de petróleo más grande del planeta y los activos de nuestra PDVSA, –activos que son patrimonio de todos–, valorados en 2013 en 231 mil millones de dólares. Será un monumental saqueo a las riquezas del país y un gigantesco obstáculo a nuestra posibilidades de reconstruirlo, una puñalada a la patria. Un retroceso a la época de Juan Vicente Gómez.
Por ello, la discusión es secreta entre las élites, en medio del caos, de la desesperanza, para que nadie piense en lo que está sucediendo, ni el pueblo, los sectores patriotas, revolucionarios, ni los trabajadores; y mucho menos, los militares a los que le han dado su tajada en el negocio con la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petroleras y de Gas (CAMIMPEG).
El madurismo ha perseguido al Chavismo, perseguido a los sectores revolucionarios, populares, obreros, ha desmovilizado al pueblo, desarticulado al Poder Popular y convertido al PSUV en un partido adeco, para consumar la mayor felonía y crimen contra nuestro pueblo.
La lucha por la defensa del petróleo, PDVSA y nuestra Política de Plena Soberanía Petrolera, el legado más importante del presidente Chávez, debe constituir un elemento de unidad y batalla del movimiento popular, revolucionario, de todos los sectores que amen al país, que quieran y sientan la patria de Bolívar, porque el petróleo –desde el Decreto de Lima del Libertador Simón Bolívar–, es por derecho, del pueblo venezolano, para su desarrollo y disfrute a través del Estado, porque es la riqueza más grande con la que contamos – la única– que podemos y sabemos desarrollar y producir, como lo hemos hecho desde hace más de 100 años.
Aún al día siguiente de resolverse el problema del madurismo, de instalarse una Junta Patriótica, de restablecerse la Constitución y la soberanía popular en la conducción de nuestros propios asuntos, el país necesitará de manera urgente, indubitable, indiscutible, al petróleo y su industria petrolera, para obtener los únicos recursos que podremos obtener para comenzar a reconstruirlo, para resolver los enormes problemas sociales y económicos generados por este desastre y comenzar a reconstruir los fundamentos de una economía soberana, socialista, recuperar nuestras conquistas económicas y sociales, una economía basada en el trabajo, para comenzar a transitar nuevamente, junto al pueblo, el camino de Chávez.
