Via Marabunta
La designación de Juan Manzur como nuevo jefe de gabinete de ministros en la Argentina nos exige reflexionar sobre las conquistas del movimiento feminista, sus alcances y sus desafíos.
El hasta hace unos días gobernador de Tucumán es un reconocido opositor a la Ley de Aborto Legal, ha participado en actos de los sectores que se oponen a la ley, pero también es el promotor de que en su provincia se sancionara en 2018 una ley antiderechos llamada ley “provida”, como la denominan los sectores civiles y eclesiásticos que se oponen al derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus propios cuerpos. Esta posición ha marcado el sesgo de convalidación de la violencia ejercida contra mujeres de la política sanitaria en materia de derechos sexuales y reproductivos en la provincia generando gigantescos obstáculos para el acceso a interrupciones legales de embarazo. El caso más destacado fue el impedimento a la realización de un aborto legal a una niña de 11 años, víctima de violación, a quien se obligó a continuar su embarazo, con la tortura y el daño físico y subjetivo que implica ese accionar del poder judicial y del sistema público de salud. Además, se mantuvo presa 3 años a una mujer que había sufrido un aborto espontáneo.
Manzur llega a la jefatura de gabinete luego de que el arzobispo de la ciudad de La Plata, de confianza del Papa Francisco, criticase al gobierno nacional por desviarse de las “prioridades que tienen las barriadas” por impulsar el debate sobre el lenguaje no binario, por impulsar el aborto legal, como si el maltrato, la violencia, la opresión que sufren mujeres y disidencias no fueran una prioridad y no tuvieran un vínculo orgánico con la desigualdad de clase y la pobreza.
Además de Manzur se nombró a Anibal Fernández como Ministro de Seguridad, conocido por su responsabilidad política en la masacre de Avellaneda en la que fueron asesinados por las fuerzas represivas los militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Otra nueva incorporación fue la de Julián Domínguez como Ministro de Agricultura, una pieza clave para mejorar los vínculos con los sectores del agronegocio que vienen presionando para profundizar el modelo extractivista.
La composición del nuevo gabinete es una señal a los sectores de poder, a la iglesia, a las fuerzas represivas, a los sectores del agronegocio, y en definitiva, un gesto también a la embajada norteamericana y al FMI. Luego de que la vice presidenta Cristina Fernández reconociera que se venía aplicando una política de ajuste fiscal, Martín Guzmán Ministro de Economía y principal responsable de esta política permanece en su puesto y cumple con el pago al FMI de 1900 millones de la deuda contraída. Se trata de un gabinete de gobernabilidad, de orden, que cierra filas con los principales responsables de la crisis que vienen soportando las mayorías trabajadoras y que sostenemos en forma desigual las mujeres.
Como contraparte, el nombramiento de Manzur generó un fuerte rechazo desde distintas expresiones del feminismo argentino. La colectiva Actrices Argentinas comenzó una campaña pidiendo la renuncia de Manzur y señalando su responsabilidad en garantizar impunidad en casos de violencia sexual, por su negativa a cumplir la legislación vigente en materia de derechos sexuales. También se expresó la Campaña Nacional Contra las Violencias hacia las Mujeres con la consigna #ManzurNo. Distintas regionales de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto se expresaron en repudio al nombramiento considerándolo un “retroceso en los derechos conquistados en las calles”.
Todas estas muestras de indignación generaron al mismo tiempo un debate con otros sectores oficialistas del feminismo que plantean que la Ley está conquistada y que la designación del jefe de gabinete no la puede revertir, o que los reclamos de las colectivas feministas son hechos desde un feminismo “porteñocéntrico” alejado de la realidad de las provincias. Inmediatamente que se conociera la designación, la Ministra de Mujeres Género y Diversidad de la Nación expresó su apoyo al Gobierno nacional planteando que seguirán trabajando para diseñar políticas que favorezcan los derechos de mujeres y el colectivo LGBTIQ+. La ministra no ve incompatibilidad entre la designación de Manzur y la priorización de una línea de género y diversidad. Es necesario hacer una pausa y detenernos a pensar qué significan estas afirmaciones respecto de la compatibilidad entre un gabinete completamente masculinizado, habitado por un hombre que, tolera la violación y la violencia, se enorgullece de ser anti derechos por un lado y la propia perspectiva de defensa de derechos de mujeres y disidencias, por el otro.
En principio esta apelación a la convivencia de ambas perspectivas se sustenta en la absoluta fragmentación de la perspectiva de género respecto de un proyecto político integral. Se piensa que la igualación en materia de derechos para las mujeres y disidencias puede estar circunscrita a algunas medidas aisladas, un capítulo de la acción de Gobierno. Esto nos hace considerar que no alcanza con cursos de formación en perspectiva de género para funcionarios mientras que quien dirige un gabinete es un militante contrario a esta perspectiva, que no alcanza con generar políticas de atención a mujeres que padecen violencias si se mantiene una perspectiva patriarcal de la justicia y se sostienen las redes de complicidad entre los violentos, los gobiernos, la justicia y la policía.
or otro lado, las luchas que lleva adelante el feminismo no son luchas sectoriales, son luchas que ponen en evidencia la articulación sistémica de esta fase neoliberal del capitalismo con la opresión y explotación de mujeres y disidencias. El acuerdo con el FMI supone condicionamientos y reformas estructurales (laboral, previsional, en materia de salud y educación) que profundizarán la sobrecarga de las mujeres en las tareas de reproducción y la superexplotación del mundo del trabajo. No hay políticas nacionales de cuidado con, un 50% de personas debajo de la línea de la pobreza, la salud y la educación desfinanciadas y sostenidas a base de trabajo precario, un déficit habitacional creciente y la represión como respuesta a la lucha por tierra para vivir. Las violencias hacia mujeres y disidencias son múltiples, son sistémicas y no se reducen a magras e insuficientes respuestas a la violencia sufrida en el ámbito familiar.
La Ley 27.610 de IVE es una conquista de la lucha de años del movimiento feminista, no hay dudas de ello. Sin embargo, en el debate del 2020 desde algunos sectores feministas vinculados al oficialismo hubo reticencias para sostener la movilización y la presencia en las calles para presionar por su aprobación planteando que alcanzaba con esperar dado que la decisión política del gobierno estaba tomada. Luego de años de presencia en movilizaciones ocupando el espacio público, desafiando irreverentemente la institucionalidad comenzó a perfilarse cierto encauzamiento del reclamo por la vía parlamentaria o gubernamental. Esto generó tensiones al interior de los propios espacios organizativos generados de manera conjunta, de los que se había dotado el movimiento de lucha por el derecho al aborto.
Explorar estas tensiones, ahondar en los debates sobre las estrategias de lucha contra el patriarcado debe servirnos para no quedar fagocitadas en la institucionalidad existente, para desbordarla, para transformarla profundamente. En este sentido desde el día posterior a su aprobación los sectores en lucha, las colectivas, las redes, las campañas siguen organizadas por la implementación, por garantizar el acceso, por enfrentar las ofensivas de los sectores conservadores y anti derechos. Muchas compañeras sostuvieron que un funcionario no puede ir en contra de una ley conquistada y puede ser cierto, pero también es verdad que las formas para negar derechos son múltiples y las batallas para garantizarlos son permanentes. En los primeros días de septiembre una médica fue detenida por actuar dentro de la Ley en la provincia de Salta, y esta es solo una muestra de los múltiples obstáculos y reacciones que enfrentamos cotidianamente.
En todo este contexto la pregunta es acerca de los límites de las disputas encorsetadas en la institucionalidad existente. La pregunta por el carácter patriarcal del Estado no puede responderse solamente con la necesidad de más políticas públicas de género, debe avanzar sobre los vínculos entre su propia forma organizativa, su forma burocrática, su carácter de clase y la necesidad de perpetuar la opresión de mujeres y disidencias. Es por esto que desde el feminismo (o desde algunos feminismos) planteamos el vínculo entre la opresión hacia las mujeres y la política de endeudamiento promovida por el FMI y el Banco Mundial como forma de disciplinamiento de los pueblos, entre las políticas extractivas y de saqueo de nuestros bienes comunes y el sojuzgamiento que se ejerce contra prácticas comunitarias y colectivas, entre las necesidades de ajuste fiscal y la sobrecarga para las mujeres que sostienen con sus cuerpos las tareas de cuidado.
Este carácter patriarcal no es patrimonio de un solo poder del Estado, hemos visto su vigencia en el ámbito legislativo durante el debate en el Congreso para la legalización del aborto. Pero también el poder judicial se encuentra plagado de ejemplos de la reproducción de esta lógica de opresión patriarcal en la impunidad de femicidios, en la desprotección a las personas que padecen violencia y las trabas burocráticas para formular denuncias y acceder a medidas de protección. Esto también se evidencia en la lógica individual y fragmentada con que interviene y en la mirada responsabilizante sobre las propias víctimas que tienen que “demostrar” su padecimiento.
Los avances de las gigantescas movilizaciones del movimiento de mujeres y disidencias han logrado permear todo el tejido social, las instituciones, las organizaciones políticas, los espacios de trabajo, los vínculos al interior de las familias, incluso las expresiones culturales. Pero el patriarcado sigue en pie, no hemos logrado revertir su funcionamiento sistémico y la apuesta sigue siendo a revolucionarlo todo. Mientras consolidamos las conquistas, no podemos tener una mirada ingenua de la confrontación, no se puede dar ventaja, ni ser tolerantes con los opresores; no se resignan a perder los privilegios del uso y de la decisión sobre nuestros cuerpos y nuestras vida. Los dinosaurios no desaparecieron aún, siguen agazapados.
Notas
[1] Trabajadora social en salud y docente en la Universidad de Buenos Aires, es delegada en la Asociación Gremial Docente de la UBA y miembro de la Corriente Social y Política Marabunta. Forma parte de equipos de formación y educación popular en organizaciones populares de Argentina.
En las luchas por el Aborto Legal se denominaban dinosaurios a quienes rechazaban el proyecto, negando a mujeres y personas gestantes ese derecho. Este texto es una alegoría a la canción “Los dinosaurios” del compositor argentino Charly García, en la que auguraba que iban a desaparecer, a la vez que una manera de alertar que ellos siguen estando entre nosotres.
[2] Fátima Chaves. Docente y comunicadora social argentina. Militante estudiantil y cultural de la organización social y política Marabunta.
