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Via APORREA

El pasado sábado 16 de enero, en el corregimiento de Las Guamas, zona rural del municipio San Pelayo, departamento de Córdoba, se realizó una nutrida marcha para exigir que se haga justicia por la muerte del trabajador Luis Fernando Rivera Mestra a manos de un capitán del ejército.

El sábado en horas de la tarde, habitantes de Las Guamas y pueblos vecinos, se movilizaron para exigir que el militar, claramente identificado, sea detenido y responda por su crimen. Al grito de «Justicia» y portando vestimenta de color blanco, los participantes de la actividad expresaron su dolor e indignación.

«Exigimos justicia, pues no se justifica que el responsable ande suelto como si nada hubiera pasado» Se escuchó de un familiar de Luis Fernando Rivera Mestra.

El hecho de fondo en el caso

En el país de las fosas comunes, falsos positivos y masacres acometidas tanto por fuerzas militares y policiales regulares, sin citar los trágicos ejemplos históricos a manos de grupos paramilitares; lo que sigue poniendo de manifiesto el asesinato de Rivera Mestra, es el grado de impunidad que cobija a los integrantes de los órganos de seguridad del Estado colombiano.

En octubre de 2020 El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) de Colombia publicó un informe que da cuenta de cómo la policía, paramilitares y el ejército son los mayores violadores de derechos humanos en aquel país y de cómo la ausencia de sanciones, en general, estimulan a una conducta represiva que va desde las respuestas por razones políticas hasta casos de violencia cotidiana (II)

Lo anterior se pone de manifiesto en el caso en cuestión no solo porque el militar involucrado se encuentre libre, sino que además el ejército emitió un escueto comunicado en el cual advierte que «están coadyuvando en todas las acciones necesarias a que hubiere lugar y por ello hicieron contacto con la Policía». Nada más.

La importante respuesta de los guameros

El día sábado, entre tantas pancartas había uno que decía «Luis Fernando, tu pueblo está contigo», una clara alusión a que sus coterráneos tienen muchísima desconfianza en que se pueda dar un proceso legal justo y transparente que lleve a que el perpetrador del asesinato pague por ello.

Por lo tanto, quieren hacer su aporte y han comenzado una cruzada colectiva con demostración de fuerza, cuya proyección, según sus propias palabras, es a no abandonar la lucha para asentar un importantísimo precedente en la región pues la verdadera justicia es fundamentalmente un asunto de protagonismo popular.

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