En 2019 se expresó un gigantesco deseo de libertad y democracia en Hong Kong. Para el poder político, ha llegado el momento de la revancha y del encuadramiento de la población con las normas vigentes en la China continental. Las nuevas normas electorales promulgadas el 30 de marzo pretenden completar la eliminación de toda forma de poder compensatorio.
Durante la época colonial, el gobernador británico tenía todo el poder ejecutivo. Después de 1997, éste se transfirió a un «poder ejecutivo de Hong Kong» por orden del régimen de Pekín. El método de nombramiento para el puesto de Jefe del Ejecutivo promulgado el 30 de marzo deja aún más clara la falta de autonomía de la «Región Autónoma Especial de Hong Kong».
Un poder legislativo totalmente bajo la dirección del Gobierno
Creado en 1843, el Consejo Legislativo (LegCo) tenía como única función asistir al gobernador colonial. Hasta 1985, estaba compuesto en su totalidad por miembros nombrados directamente por el gobierno británico.
En 1991, se concedió al pueblo de Hong Kong el derecho a elegir el 30% de los miembros de esta institución por sufragio universal directo. En el fondo, nada cambió: los demás escaños se asignaron según un sistema muy complejo que permitió que la gran mayoría siguiera beneficiando a los partidarios del gobierno de Londres y luego de Pekín.
El porcentaje de legisladores elegidos por sufragio universal se incrementa entonces progresivamente hasta alcanzar el 50% en 2004, y luego el 57% en 2012 si añadimos los cincuenta diputados elegidos ahora por sufragio indirecto.
Tras las movilizaciones de 2019, el espectro de la pérdida del control del Consejo Legislativo acecha al poder. En efecto, en las elecciones locales del 24 de noviembre de 2019, la oposición obtuvo el 86% de los escaños con el 57% de los votos. Si este logro de la oposición se repitiera en las elecciones legislativas previstas inicialmente para el 6 de septiembre de 2020, se encontraría con una mayoría en el Consejo Legislativo.
Para evitarlo, el gobierno de Pekín aplazó las elecciones en el último momento. Acabó con esa posibilidad de una vez por todas al concederse, el 30 de marzo de 2021, el derecho a
1) excluir a cualquier candidato que no le convenga, sea cual sea el tipo de elección;
2) reducir el porcentaje de diputados por sufragio universal del 57% al 22%.
Tras servir de plataforma a la oposición entre 1991 y 2020, el Consejo Legislativo retoma la función que tuvo durante 154 años bajo la monarquía británica, esta vez al servicio del régimen de Pekín.
Un poder judicial domesticado
Una de las peculiaridades de Hong Kong era la existencia de libertad de expresión y de organización, así como el respeto a unas normas jurídicas que no existen en la China continental. Desde la promulgación de la ley de «seguridad nacional», el 30 de junio de 2020, todo esto ha sido ampliamente cuestionado: ahora es posible celebrar juicios a puerta cerrada, dictar sentencias que pueden llegar a la cadena perpetua, trasladar a cualquier sospechoso a la China continental para ser juzgado y encarcelado allí, despedir a funcionarios por delitos de opinión, restringir la libertad de prensa, etc.
Una represión feroz
A 31 de enero, el número de opositores procesados superaba los 2.300 (¡para una población nueve veces menor que la de Francia!). Los juicios ya están programados hasta 2023.
Muchos de los principales representantes de todas las corrientes de la oposición están en prisión, en libertad provisional o en el exilio. Hay dirigentes sindicales entre rejas, como el presidente del HKCTU y el presidente del sindicato HAEA (de empleados de hospitales públicos). En cuanto al secretario general del HKCTU, es objeto de varias acciones judiciales.
El nivel de organización de los opositores ha disminuido considerablemente: para evitar cargos, varias organizaciones se han disuelto y la coalición que organizó las grandes manifestaciones de 2019 se está disolviendo.
Ante esta situación, la solidaridad es más que nunca imprescindible con las víctimas de la represión, ya sea en Hong Kong o en el exilio.
