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Protest Against Sebastian Piñera Amid First Anniversary of The Murder of Camilo Catrillanca

El impresionante resultado de la reciente «mega-elección» chilena abre una nueva etapa en el proceso iniciado con el estallido social de 2019, el histórico levantamiento que ocupó las plazas del país, inició la formación de cabildos populares, impuso una nueva constitución y casi derrocó al presidente derechista Sebastián Piñera. Los resultados positivos de los partidos de izquierda y de las candidaturas independientes en las elecciones locales y en la elección constituyente demostraron el deseo de cambio profundo de la gran mayoría del pueblo de Chile.

Con el anuncio de los resultados, la Bolsa de Santiago sufrió su mayor caída desde marzo del año pasado, demostrando el descontento del mercado financiero. Piñera, el gran perdedor, declaró que «no está en sintonía con las demandas y necesidades de la ciudadanía». Evelyn Matthei, a pesar de haber sido reelecta como alcaldesa de la comuna de Providencia, se retiró de la posible candidatura presidencial por la UDI (Unión Demócrata Independiente) por «no estar ciega». En la Democracia Cristiana (DC), la senadora Ximena Rincón declaró que el resultado fue «desastroso», mientras que Pamela Giles, primera en algunas encuestas para las elecciones presidenciales de noviembre próximo, declaró que su candidatura «no existe» tras los malos resultados de su Partido Humanista (PH).

Por otro lado, las candidaturas independientes tuvieron más del 30 por ciento de los elegidos y representan la fuerza más significativa del proceso, al igual que el más del 10 por ciento de indígenas elegidos. La lista Aprobar la Dignidad, integrada por sectores de izquierda como el Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido Igualdad, alcanzó casi el 20% de los escaños constituyentes, completando un escenario de mayoría de izquierda en la convención que redactará la próxima constitución chilena.

En los municipios también hubo triunfos significativos para la izquierda, como la reelección del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp (ex Convergencia Social), y las victorias del Partido Comunista (PC) en Santiago con Irací Hassler y en Recoleta con Daniel Jadue, otra figura bien ubicada en las encuestas presidenciales. Aunque los municipios chilenos tienen mucha menos autonomía administrativa que en Brasil, estas victorias son políticamente significativas.

El estallido que fue a las urnas

Es imposible entender los resultados de estas elecciones sin remontarse al levantamiento de octubre de 2019. En ese momento, y en los meses posteriores hasta la pandemia, se abrió un profundo proceso de indignación del pueblo chileno y de cuestionamiento de las bases neoliberales establecidas por la dictadura de Pinochet a partir de los años 70. La violenta represión que siguió al golpe de Estado de 1973 contra Salvador Allende preparó el terreno para una profunda transformación social que amordazó a la oposición política y mercantilizó todos los aspectos de la vida chilena.

La privatización de los recursos naturales básicos, la concepción del Estado de carácter subsidiario y la mercantilización generalizada se combinaron con décadas de violencia política para crear un profundo trauma social que culminó en el levantamiento de 2019. Entre los principales objetivos de la revuelta popular se encontraban las odiadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), empresas privadas de pensiones que controlan el sistema de jubilación del país (excepto para las fuerzas armadas y la policía) y cuyas políticas son responsables del empobrecimiento generalizado de los chilenos, que sólo reciben una fracción de su salario tras la jubilación.

Otro de los objetivos de la indignación fue Carabineros de Chile, un cuerpo policial federal que sirvió de brazo represivo de la dictadura de Pinochet y que vive prácticamente en un estado paralelo, con sueldos superiores a los del trabajador medio, un sistema de previdencia diferenciado y una red propia de servicios públicos. Los pacos, como se llama a los carabineros, reaccionaron violentamente desde el inicio del estallido y fueron uno de sus primeros objetivos, habiendo apedreado vehículos e incendiado cabinas en todo el país.

El levantamiento de 2019 fue también una insurrección anti patriarcal impulsada por el poderoso movimiento feminista chileno. Las mujeres estuvieron en primera línea desde el principio, en el enfrentamiento contra la represión y en la movilización de los territorios, imprimiendo un carácter feminista al amplio movimiento popular. La performance «Un violador en tu camino», del colectivo Lastesis, se convirtió en un símbolo contra la violencia machista en un país donde el acoso y la violación han sido y siguen siendo utilizados sistemáticamente como forma de represión política. La Coordinadora Feminista 8 de Marzo fue una de las organizaciones centrales de todo el proceso y eligió a cinco líderes feministas para la próxima constituyente.

El símbolo de la lucha fue el Wenufoye, la bandera creada por el Consejo de Todas las Tierras que se convirtió en un símbolo de la resistencia mapuche en el sur del país. Al igual que el derribo sistemático de las estatuas de los colonizadores españoles, la adopción de la bandera por el conjunto de los manifestantes fue otra señal concreta de que este movimiento popular tenía reivindicaciones mucho más profundas. El rostro del joven mapuche Camilo Catrillanca, asesinado por la policía en 2018, fue otro símbolo de la lucha común de este país andino donde la población de origen indígena es mucho menor que la de sus vecinos del norte debido al genocidio colonial.

El levantamiento de 2019 llevó a la formación de cabildos, asambleas de barrio que buscaban organizar el proceso de lucha en cada territorio de las ciudades. Las muchas dificultades en la construcción de los cabildos reflejaron las dificultades del propio proceso de organización territorial, que fue amplio y diverso, y no lograron establecer una organización nacional, pero el significado de ese proceso quedó en la conciencia popular. Permaneció también la desconfianza hacia los partidos del orden, especialmente tras la firma del escandaloso «Pacto Social» que pretendía poner fin a la insurrección.

El Pacto de la Cocina

El «Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución» fue llamado popularmente «Pacto de la Cocina» por haber sido a puertas cerradas, firmado por los principales partidos en la madrugada del 15 de noviembre de 2019 sin ningún tipo de consulta pública. Este Pacto fue un intento del Presidente Piñera de desinflar el estallido a través de la promesa de una nueva constitución que reemplazara la legislación vigente desde Pinochet. La nueva Constitución era una de las principales reivindicaciones de la izquierda y las organizaciones populares desde hace décadas, y prácticamente imposible de conseguir antes de 2019.

Pero en unas pocas semanas de insurrección, la nueva constitución no solo se hizo posible, se convirtió en una vía de escape para la derecha. El llamado a un nuevo proceso constitucional fue el camino que encontró el mandatario para mantenerse en el poder, ya que en ese momento el «Fuera Piñera» era el principal grito entre los manifestantes. A diferencia de Brasil, Chile nunca ha tenido un presidente derrocado por un juicio político, pero la presión social por su renuncia fue gigantesca y, al proponer el Pacto, Piñera logró su objetivo de mantenerse en el poder.

El gran detalle es que no fueron solo los partidos de la derecha o del viejo Concierto los que respondieron al llamado de Piñera. El Frente Amplio, un frente electoral integrado por partidos progresistas y la izquierda radical, apoyó mayoritariamente al Pacto, lo que generó indignación y desorganización por parte de organizaciones y militantes. Mientras partidos como Revolución Democrática (RD) y Comunes apoyaron la propuesta de Piñera con el argumento de una gran victoria política y el riesgo de un golpe militar, otros como Igualdad, el Movimiento Popular Democrático y la Izquierda Libertaria (IL) se retiraron del Frente.

La Convergencia Social (CS) se dividió cuando el diputado y ahora candidato presidencial Gabriel Boric firmó el Pacto sin consultar al partido -por lo que sólo recibió una leve sanción-, lo que provocó la salida de Cristian Cuevas, vicepresidente de la CS, los restos del IL y otros militantes. El PC se negó a firmar el Pacto y en cierto modo se redimió de años de composición con el gobierno de la Concertación ante una parte importante de la población radicalizada.

La nueva Constitución propuesta era genérica y estaba muy lejos de las demandas populares. En primer lugar porque convocó un plebiscito en lugar de iniciar un verdadero proceso constituyente, abriendo la posibilidad de una convención mixta compuesta por la mitad del antiguo parlamento que acabaría con el carácter de poder originario de la nueva constituyente. En segundo lugar, porque no garantizaba la paridad de género, ni el espacio de los pueblos originarios, ni la posibilidad de candidaturas independientes. Estas distorsiones de la voluntad popular creadas por el Pacto fueron derrotadas una a una, especialmente en el referéndum de 2020, en el que el 80% de la población votó por una constituyente soberanista, lo que hizo que la situación fuera mucho mejor para la izquierda de lo que el régimen político había planeado.

Además, el Pacto establecía que el futuro órgano constituyente no podía cambiar sus propios quórums de decisión, lo que consolidaba el poder de veto de un tercio de los participantes en caso de cambios constitucionales profundos, como la modificación del sistema de las AFP o la estructura de la policía. Esta maniobra serviría para que la derecha mantuviera su veto sobre los principales cambios deseados por el pueblo en las calles, haciendo casi imposible la nacionalización de los fondos de pensiones y la reversión de otras privatizaciones, así como la desmilitarización de la policía y otras demandas callejeras. En ese momento, Piñera seguramente pensó que su lista de Vamos por Chile (unión de la derecha) obtendría una mayor votación que el 25 % de las últimas elecciones.

El Pacto de la Cocina también contribuyó directamente al enfriamiento de la movilización porque alejó del horizonte la posibilidad de derrocar a Piñera. Las manifestaciones siguieron siendo gigantescas en las principales ciudades, pero perdieron el impulso inicial de los cabildos debido a la orientación exclusivamente institucional de una parte de los partidos de izquierda. Unos meses después, el gobierno aprobó la Ley Anti barricadas, que endurecía el castigo a los manifestantes. No por casualidad, las banderas de los partidarios del Pacto se vieron cada vez menos en las manifestaciones y se desarrolló una ola a favor de las candidaturas independientes.

Entender las razones y las consecuencias del Pacto es esencial para comprender el movimiento histórico del estallido, que aun siendo traicionado mantuvo un enorme impacto social que se materializó en los resultados electorales. La táctica de «entregar los anillos para no perder los dedos» utilizada por Piñera con el Pacto sirvió momentáneamente para su propósito y desenmascaró a varios partidos de la izquierda, pero no pudo borrar el profundo deseo de cambio que se expresará en la futura Convención Constituyente.

Una nueva Constitución

El elemento más importante en la derrota de la derecha en las recientes elecciones es el hecho de que no han alcanzado el tercio de escaños necesario para el veto constitucional. Esta barrera sería el último freno para los cambios constitucionales profundos y se rompió principalmente gracias a las candidaturas independientes cuyo éxito no es tan sorprendente si revisamos todo el proceso desde 2019. El rechazo al neoliberalismo y la desmoralización de las alternativas políticas progresistas tras el Pacto hicieron que gran parte de los chilenos votasen por proyectos independientes de ruptura representados por listas independientes como la Lista del Pueblo.

La lista de izquierdas Apruebo Dignidad, que reunía tanto al Frente Amplio como al PC y a otros sectores que rechazaron el Pacto, obtuvo un buen resultado con casi el 20% de los electores. Sumados a las listas de centro-izquierda, a los electores elegidos por los pueblos originarios y a la gran proporción de independientes progresistas, hay una mayoría a favor de una nueva Constitución que sea muy diferente a la actual.

Las cuestiones que se plantean a la mayoría de la futura Convención Constitucional no son sencillas. ¿Cómo desmantelar el modelo de Estado subsidiario? ¿Cómo reconstruir la seguridad social y los servicios públicos? ¿Y cómo hacerlo en una economía casi exclusivamente en manos privadas? En los próximos meses, Chile vivirá un experimento social sin precedentes en el intento de «desmontar» los mecanismos neoliberales implantados hace décadas.

Este camino no será fácil, y será imposible sin una gran movilización popular. La derecha chilena aún tiene sus armas, y no dudará en utilizarlas si es inminente una verdadera derrota con el cambio de la Constitución. El primero de ellos es el intento de desestabilización mediante amenazas de colapso económico e incluso acciones concretas como cierres patronales y otros tipos de sabotaje. Las AFP tienen un impacto en la economía chilena mucho más amplio que el sector de las jubilaciones, ya que han extendido su negocio a otras ramas de la economía que se verían «amenazadas» con el fin del actual sistema de pensiones.

Además, el ejército y los carabineros representan la última línea de contención del Estado diseñado por Pinochet, y no se pueden descartar salidas violentas si los intereses de este grupo favorecido se ven afectados. El recuerdo del atentado al Palacio de la Moneda que asesinó al Presidente Allende en 1973 sigue vivo, al igual que la Masacre del Estadio Nacional y tantos otros episodios de violencia perpetrados por los mismos grupos políticos que hoy están en el poder, y no es improbable que estos sectores vuelvan a intentar cualquier cosa para mantener sus privilegios.

Otro reto vendrá de quienes defienden teóricamente los cambios estructurales, pero no han dado pruebas concretas de su voluntad de llevarlos a cabo. Los partidos de la antigua Concertación, como los Socialistas, los Radicales y los Demócratas Cristianos, estuvieron en el gobierno y tienen opiniones mucho más moderadas sobre la necesidad de modificar el sistema de subsidios. Con una bancada de casi el 15%, parte de este sector puede representar el freno que la derecha necesita para ejercer su veto a propuestas que realmente cambien el estado de cosas en el país.

La izquierda, especialmente la que rodea al actual Frente Amplio, también debe demostrar su valor ante las presiones institucionales, algo que no ha hecho en 2019. El Pacto de la Cocina no tuvo las consecuencias que la derecha quería porque el sentido de la movilización es muy profundo en el pueblo chileno, pero nuevas capitulaciones de esta naturaleza le costarán caro a quienes las cometan, especialmente en los temas claves de las AFP y los nuevos derechos sociales que los chilenos quieren.

Se abre un proceso constituyente en Chile que podría ser mucho más grande que su cara institucional. La nueva Constitución debe ser debatida en las bases, en los cabildos, en los sindicatos y en los territorios, en un amplio proceso de consulta democrática que utilice el proceso de elaboración de la ley como herramienta para fortalecer la organización popular. La movilización y la organización popular serán fundamentales para garantizar que la Convención Constituyente cumpla con sus objetivos y ponga a la clase trabajadora chilena en mejores condiciones de lucha, no sólo en el aspecto institucional, sino principalmente en una correlación social de fuerzas que permita victorias concretas contra la burguesía.

Los futuros convencionales constituyentes han sido elegidos en condiciones especiales y deben sentir una presión popular que haga frente a la enorme presión parlamentaria e institucional que ha reprimido la paralización desde el principio. Las próximas elecciones presidenciales de fin de año serán otro momento importante, también porque hay posibilidades de elegir un gobierno de izquierda, pero toda la táctica en Chile debe ordenarse en torno a la estrategia de construcción de poder popular, fortaleciendo los cabildos y las organizaciones populares. No hay otra forma de derrotar definitivamente a la burguesía pinochetista del país.

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