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Via Fundação Lauro Campos e Marielle Franco

Incluso frente a los tanques y helicópteros, la movilización popular hizo retroceder al gobierno, derrocando al Ministro de Economía. La brutalidad represiva funcionó como gasolina en el fuego del descontento y aisló al país internacionalmente

En una de las regiones que más contribuye al aumento mundial del número de casos y muertes por Covid-19, en medio del caos sanitario, el desempleo, el hambre y el aumento de la desigualdad, los trabajadores, estudiantes y jóvenes de las periferias urbanas, los campesinos, los ribereños, los negros y los indígenas encuentran formas de levantarse en defensa de la vida, contra los planes de austeridad asesinos de los gobiernos de derecha o de centro derecha.

Sea cual sea el resultado momentáneo de la situación, lo que está ocurriendo en Colombia es un símbolo de los grandes dilemas económicos y sociopolíticos de la macrorregión. Sumidos en una inesperada crisis mundial, privados de las extraordinarias ganancias del boom de las materias primas de las primeras décadas del siglo, los gobiernos neoliberales necesitan, más que nunca, recurrir a planes de austeridad.

Tras los estallidos en Ecuador y Chile en 2019 -que se tradujeron en una grave derrota de la derecha en las elecciones constituyentes-, la resistencia al golpe de Estado en Perú en 2020, y el levantamiento paraguayo de marzo pasado -contra la incompetencia gubernamental en el manejo de la salud-, ahora, es el turno de Colombia. No es un detalle que los explotados del segundo país más poblado de Sudamérica, con una tradición histórica de guerra civil violenta, gobiernos de derechas y bastión militar de EEUU en la región, se muevan de forma radicalizada.

Unidad sin precedentes

El «Paro Nacional» colombiano del 28 y 29 de abril abrió un período de masivas protestas diarias, en una unidad sin precedentes de los movimientos urbanos, rurales, indígenas, ambientalistas y de la juventud desempleada, siendo esta última la vanguardia de los violentos enfrentamientos que se saldaron con 47 muertos (39 de ellos por el tristemente célebre Esquadrão Móvil Antidistúbios, Esmad), cerca de 600 desaparecidos, 968 encarcelamientos arbitrarios y 12 denuncias de violencia sexual por parte de las fuerzas represivas (datos del 14 de mayo de 2021).

La actual crisis económica mundial sin precedentes y el recrudecimiento del enfrentamiento entre EE.UU. y China hacen imposible la repetición de un nuevo período más o menos largo de estabilidad basado en el modelo de una época en la que el mundo crecía y EE.UU., Europa, China y Rusia coexistían sin mayores tensiones. Los casos de Ecuador, Bolivia y Chile apuntan en la dirección de un creciente espacio social y político para la construcción de alternativas anticapitalistas

Incluso enfrentándose a los tanques y a los ataques de los helicópteros, la movilización hizo que el gobierno diera marcha atrás en la reforma fiscal que acabó con la paciencia del pueblo, derrocando al Ministro de Economía. La brutalidad represiva funcionó como gasolina en el fuego del descontento, aisló al país internacionalmente (Biden y la ONU pidieron calma y diálogo, ante el clamor contra la masacre), pero no impidió que continuaran las protestas callejeras y los cierres de avenidas y carreteras, lo que llevó a la dimisión del ministro de Exteriores. Al mismo tiempo que alentaba la más bárbara represión, el gobierno uribista de Iván Duque convocó una Mesa de Diálogo con las Coordinadoras de Paro, para simplemente no ofrecer nada a cambio de la suspensión de los actos. Por su parte, Gustavo Petro, líder de la centroizquierdista Colombia Humana y principal figura de la oposición, se vio como favorito para las elecciones de 2022 y aprovechó esta condición para llamar a la paz social y desalentar una confrontación con Duque. En las calles, sin embargo, los jóvenes organizados para un enfrentamiento desigual dijeron que preferían morir de tiros luchando que morir de Covid-19 y de hambre.

Dilemas continentales

Sea cual sea el resultado momentáneo de la situación, lo que está ocurriendo en Colombia es un símbolo de los grandes dilemas económicos y sociopolíticos de la macrorregión.

Sumidos en una crisis mundial imprevista, privados de las extraordinarias ganancias del boom de las materias primas de las primeras décadas del siglo, los gobiernos neoliberales necesitan, más que nunca, recurrir a planes de austeridad: recortes del gasto social, aumentos de impuestos y precios, privatizaciones. De este modo, hacen frente a las necesidades cada vez mayores de los pueblos sumidos en la pobreza y la miseria, multiplicadas gracias a la reciente recesión. Están dispuestos a imponer sus planes a fuerza de fusiles, bazucas, tanques y, ahora, helicópteros. Pero en algún momento surge una chispa, como el aumento de impuestos de Duque (o el aumento de la tarifa del metro de Piñeira, o como el aumento de los combustibles de Lenin Moreno), que detona la caldera de la furia popular.

Movilizaciones continuas

La furia y las movilizaciones, incluso las heroicas como las llevadas a cabo en Colombia, no son suficientes por sí mismas para cambiar el trágico curso de un continente colonizado por las finanzas globales, enfermo por Covid-19 e infiltrado por el fenómeno global de la ultraderecha postfascista. Incluso con la continuidad de las luchas sociales, a partir de ahora aún más probable debido al empobrecimiento causado por la pandemia, la contraofensiva neoliberal de los últimos años no se cerrará, aunque las opciones de la derecha son menos fuertes que hace dos o tres años y podrían debilitarse aún más con nuevas batallas en las calles y en las urnas.

La catástrofe pandémica, desde el río Grande hasta la Patagonia, no ha impedido que las luchas y los choques político-ideológicos se expresen en el terreno de las elecciones. Chile es, sin duda, el ejemplo más avanzado: el resultado de la «mega-elección» del 15 de mayo muestra una contundente derrota de la derecha -que no alcanzó los dos tercios de los diputados constituyentes necesarios para vetar los avances antineoliberales-, también derrotó a la «izquierda comportada» de la alianza de la Concertación (Partido Socialista y Democracia Cristiana), que gobernó el país durante 24 años (1990-2010 y 2014-2018); apalancó a las fuerzas alternativas de izquierda, como el Partido Comunista y las agrupaciones de lo que fue el Frente Amplio. Pero sobre todo, representó la invasión de la institucionalidad chilena por parte de los llamados «independientes», entre los que se encuentran muchos de la izquierda anticapitalista.

El fenómeno del independentismo en Chile -candidatos que surgieron al margen de los partidos, a través de listas de partidos de izquierda, movimientos sociales o listas comunitarias, y que hoy son constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales-, sumado a la gran abstención (cercana al 60%), confirma el tamaño y la profundidad de la crisis de representatividad del sistema político chileno de los últimos 31 años. La composición de la Convención también expresa el tamaño de la victoria popular que fue la Constituyente en esos moldes: paridad de género, participación garantizada para los pueblos indígenas (17 escaños de 155), posibilidad de candidaturas y coaliciones fuera de los partidos tradicionales. Algo que sólo se explica por la grandeza del levantamiento antisistémico de octubre de 2019.

¿Qué pasa con las otras elecciones en la región?

En este mismo contexto de placas sociales tectónicas que se mueven dentro de las sociedades, se celebraron elecciones en otros dos países andinos a principios de abril. En Ecuador, el banquero Guillermo Lasso derrotó a Andrés Arauz, heredero de Rafael Correa (57,58% a 47,48%) en una segunda vuelta electoral, en un vuelco en el que pesaron, por un lado, el deterioro del gobierno del correísmo y, por otro, la crisis en torno a posibles irregularidades en la primera vuelta. En aquella, en febrero, la ínfima diferencia entre Lasso y Yakku Pérez, del Movimiento Plurinacional Patchakutik, fue cuestionada por los movimientos sociales, reforzando la opción de los indígenas de llamar al voto nulo «ideológico». El resultado es que el gobierno de Ecuador vuelve a manos de un representante directo de la clase empresarial, después de 35 años, con un programa totalmente ultraliberal y con la terrible contradicción de enfrentarse a un pueblo invicto y a una oposición de izquierda mayoritaria en la legislatura, que eligió como presidente a un diputado del Patchakutik.

El resultado de la «mega-elección» del 15 de mayo en Chile muestra una contundente derrota de la derecha -que no consiguió los dos tercios de los legisladores necesarios para vetar los avances antineoliberales- también derrotó a la «izquierda moderada» de la alianza de la Concertación (Partido Socialista y Democracia Cristiana), que gobernó el país durante 24 años

En Bolivia, las elecciones para la dirección de los departamentos de La Paz, Tarija, Chuquisaca (donde se encuentra Sucre) y Pando representaron derrotas para el MAS. Sus candidatos perdieron en todas las regiones, aunque el movimiento social y político de Evo Morales sigue siendo la única fuerza partidista nacional. En general, el MAS tomó la «gobernación» de tres de los nueve departamentos del país (Cochabamba, Oruro y Potosí), como en 2005. Perdió en ciudades importantes como La Paz (donde un ex ministro de Añez ganó la alcaldía), Cochabamba y la estratégica El Alto. Los números generales y, en particular, el desempeño de candidatos vinculados a movimientos que alguna vez fueron del MAS o arrastran bases masistas (como la ex senadora Eva Copa, ahora alcaldesa de El Alto, y los gobernadores electos de La Paz y Chuquisaca) elevan la temperatura del debate interno del partido-movimiento de Evo, en el que se cuestionan fuertemente las elecciones de candidatos «a dedo» del ex presidente.

No hay «nuevos ciclos», ni neoliberales ni progresistas

La crisis de los regímenes democrático-burgueses en América Latina (con variaciones de país a país) se profundiza, sin solución a la vista, y permite el crecimiento aquí y allá de alternativas neofascistas. Todo indica que las próximas disputas tendrán lugar entre las opciones neoliberales-oligárquicas (más o menos debilitadas), por un lado, con los herederos del llamado «progresismo» que gobernó la región durante buena parte del presente siglo.

En este momento, sin embargo, aún con la derecha derrotada en Bolivia y Chile, no se puede decir que se haya abierto, ni es probable que se abra, un «nuevo ciclo» del llamado «progresismo», categoría bajo la cual se inscriben experiencias tan distintas como los procesos venezolano y boliviano (de incursiones frontales con el imperialismo) y, por otro lado, los social-liberales de la Concertación chilena, el Frente Amplio uruguayo y el Frente chileno

Frente Amplio en Uruguay y el PT en Brasil.

El problema es que el éxito relativo de esos gobiernos se sustentó en lo que fue (y es, véase la situación actual de Venezuela) la limitación estructural: se nutrió del boom de las materias primas, creando modelos de desarrollo extractivistas, tendentes a reforzar el carácter agrario-exportador (por tanto, colonial y depredatorio) de las economías de la región. Para ello, construyeron conscientemente coaliciones de clase entre las fuerzas populares y sectores más o menos amplios de las clases dominantes. Estos últimos han desembarcado de estos proyectos y no parecen dispuestos a volver a intentarlo. La actual crisis económica mundial sin precedentes y el recrudecimiento del enfrentamiento entre EE.UU. y China hacen imposible la repetición de un nuevo período más o menos largo de estabilidad basado en el modelo de una época en la que el mundo crecía y EE.UU., Europa, China y Rusia coexistían sin mayores tensiones.

Los casos de Ecuador, Bolivia y Chile apuntan, sin embargo, en la dirección de un creciente espacio social y político para la construcción de alternativas anticapitalistas con programas que, emergiendo de los enfrentamientos sociales, avanzan en las respuestas a las desigualdades de todo tipo, el machismo, el racismo, el hambre, los regímenes corruptos, la violencia policial-militar, la destrucción del medio ambiente y el etnocidio de los pueblos indígenas.

1 – Según el Instituto para Estudios de la Paz (Indepaz), que advierte que se trata de cifras parciales.

2 – Una referencia al uribismo, un espectro político populista, ultraderechista y neoliberal liderado por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, del que Duque es heredero directo. Archienemigo de la guerrilla en su país y denunciado por sus vínculos con grupos paramilitares, Uribe fue la punta de lanza de la campaña de rechazo al Acuerdo de Paz con las FARC.
3 – En el período 2014-2018, los partidos de la Concertación se unieron al Partido Comunista de Chile para formar la coalición Nueva Mayoría.
4 – Aunque fue parte de la Nueva Mayoría, que perdió las elecciones presidenciales frente a la derecha de Piñeira en 2018, el PC tenía derecho, durante el levantamiento de 2019, a no aceptar firmar el pacto de transición, con el que Piñeira obtuvo el levantamiento de los movimientos a cambio de convocar la Asamblea Constituyente.
5 – Hay varios «bandos políticos» entre los llamados independientes: 28 diputados y diputadas de la Lista Apruebo Dignidad (Frente Amplio y PC), 27 de la Lista del Pueblo (movimientos sociales, comunitarios, generalmente de izquierda anticapitalista); 11 más hacia el centro-izquierda, llamados Independientes No Neutrales; y otros 10 elegidos fuera de cualquier coalición o «lista» – para un total de 76, o el 49% de la Convención. Si se suman a los 17 representantes de origen étnico (todos los elegidos son de izquierdas en sentido amplio), serán 93 votos de 155, es decir, el 60%. Esto sin contar los 25 elegidos por la Lista del Apruebo (PS, DC y pequeños partidos de centro derecha), identificados con los gobiernos social-liberales de la Concertación. La derecha, con 37 elegidos, tiene razón al temer lo que será el nuevo estatuto.

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