Via New Politics
Es difícil recordar la euforia de los primeros días del levantamiento de 2011 en Siria contra el régimen de Bashar al-Assad. Al reflexionar sobre esa época, los sirios hablan de la ruptura de la «barrera del miedo», el autoritarismo asfixiante y la represión que los había silenciado durante décadas. En las protestas por la libertad que surgieron en todo el país aquella primavera, había un ambiente de carnaval lleno de bailes y cantos. Con el tiempo, a medida que la tierra se liberaba del control del Estado, los sirios construyeron colectivamente una cultura revolucionaria creativa y vibrante y plantaron las semillas de una nueva sociedad democrática. Los sirios, tanto en su país como en el extranjero, se mostraron optimistas respecto al futuro. Creíamos que el régimen caería. Pensamos que nuestra justa lucha ganaría.
Una década después, el dolor, el trauma y la desesperación definen la experiencia siria. Gran parte del territorio ha vuelto al control del régimen. El país está en ruinas. Más de la mitad de la población ya no vive en su propia casa, y más de seis millones de personas han huido del país. Muchos de los que permanecen viven en condiciones lamentables, sin vivienda, medios de subsistencia ni acceso a los servicios básicos. El «reino del miedo» se ha restablecido, no sólo en forma de represión estatal continuada, y en algunas zonas el conflicto continúa, sino también como resultado de la lucha de poder entre varios señores de la guerra. Sin embargo, aunque el movimiento revolucionario parece sometido a una derrota salvaje, al menos por el momento, no está en absoluto claro que «Assad haya ganado».
El tenue control de Assad sobre el poder es mantenido por fuerzas extranjeras. Desde el inicio del conflicto, Rusia ha proporcionado ayuda militar al régimen, y fue la participación militar directa de Rusia en 2015 la que alteró profundamente la dinámica sobre el terreno, en un momento en que el régimen estaba a punto de colapsar. Aunque en un principio Moscú afirmó que tenía como objetivo grupos terroristas como el Estado Islámico, los ataques aéreos rusos dieron prioridad a las zonas controladas por la oposición y atacaron repetidamente infraestructuras civiles, incluidos hospitales. Esta intervención, que ha convertido las zonas liberadas en zonas de exterminio, ha hecho que grandes franjas del país vuelvan a estar bajo el control del régimen.
Rusia también ha sido el principal aliado político de Assad, proporcionando la influencia diplomática necesaria para proteger al régimen de la responsabilidad internacional. En la actualidad, el poder ruso eclipsa ampliamente al de Estados Unidos en relación con Siria, y Moscú se ha establecido como actor dominante en la región. El coste económico para Rusia ha sido grande, pero ha sido recompensado con lucrativos contratos de gas y petróleo. La empresa rusa Stroytransgaz, propiedad de un oligarca vinculado al Kremlin, se ha adjudicado el 70% de todos los ingresos procedentes de la producción de fosfatos durante los próximos cincuenta años, lo que probablemente suponga un total de cientos de millones de dólares o más (se calcula que Siria tiene una de las mayores reservas de fosfatos del mundo, utilizados para fabricar fertilizantes). También se le ha concedido el control del puerto comercial de Tartus, necesario para sus exportaciones.
Sin embargo, es Irán quien representa la mayor amenaza para cualquier esperanza de autodeterminación siria. En algunas partes del país, los sirios viven ahora efectivamente bajo la ocupación iraní. Teherán, que ha apoyado al régimen de Assad desde el principio, ve a Siria como una parte clave del llamado «eje de resistencia» contra Estados Unidos e Israel, y como un eslabón estratégicamente importante en el bloque chiíta que une a Irán e Irak con Líbano y el Mediterráneo. Teherán ha apoyado a un gran número de combatientes en Siria, organizando milicias chiítas sectarias de Irán, Líbano, Irak y Afganistán, y ha establecido numerosas bases militares en Siria (algunas de las cuales son objetivos principales de los ataques aéreos de Israel, que teme una presencia iraní atrincherada en su frontera norte).
Irán ha sido el principal financiador del régimen, tanto financiera como económicamente. Desde 2013, Teherán ha proporcionado a Siria líneas de crédito para importar combustible y otros bienes y es un importante socio comercial. Se han creado foros empresariales para mejorar las relaciones económicas y comerciales bilaterales. Así como la recompensa de Rusia por su lealtad son los recursos naturales de Siria, la de Irán son los bienes inmuebles, que está comprando en Damasco, Homs, Deir al-Zour y Alepo. Empresas iraníes, a menudo vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, han obtenido lucrativos contratos para proyectos de reconstrucción e infraestructuras. Al cimentar su presencia económicamente, Irán se asegura de mantener su influencia en caso de un acuerdo de paz que exija la salida de las milicias extranjeras.
De esta manera, Irán está ampliando su presencia en Siria y busca insertarse en la sociedad siria de una manera que Rusia no hace. En un intento de crear un electorado local, compra la lealtad pagando a los jóvenes sirios altos salarios (hasta 700 dólares al mes) para que se unan a las milicias iraníes, y ha creado centros culturales y educativos y mezquitas para difundir la cultura iraní y el chiismo. En Damasco, la gente informa de un notable cambio demográfico en barrios como Bab Touma y Bab Sharqi, que antes albergaban una gran comunidad cristiana y ahora están poblados por miembros de las milicias respaldadas por Irán. Las propiedades de los sirios desplazados por el conflicto están ahora habitadas por los milicianos y sus familias. En Hama y el sur de Idlib, las tierras de cultivo incautadas por el régimen se han subastado a precios simbólicos, y los principales compradores son miembros de las milicias. Los carteles y los anuncios de las tiendas suelen estar escritos en farsi. Aunque muchos sirios no pueden regresar a su país de origen, el régimen ha acelerado la naturalización de extranjeros para garantizar que los iraníes y otros puedan convertirse en ciudadanos. El desplazamiento forzoso de las comunidades que apoyan a la oposición y la repoblación de las zonas con comunidades percibidas como leales forma parte de una estrategia deliberada del régimen para cambiar la demografía y asegurarse un electorado obediente en las zonas que controla. Como dijo el propio Assad en un discurso de 2015, «Siria no es para los que tienen su pasaporte o residen en ella; Siria es para los que la defienden.» Una de las razones por las que aún no se ha alcanzado una solución política puede ser que el régimen esté parando mientras crea «hechos sobre el terreno» que refuercen su mano en las negociaciones.
Como resultado de esta flagrante expropiación y colusión, el sentimiento antiiraní en Siria está en su punto más alto. Tanto en el campo de Deir al-Zour como en el de Deraa, estallan regularmente protestas que exigen el fin de la hegemonía iraní y la expulsión de las milicias iraníes. La alianza entre el régimen nacionalista árabe supuestamente laico de Assad y el Irán teocrático siempre ha sido más pragmática que religiosa. Sin embargo, la creciente presencia de musulmanes chiíes vinculados a Irán (en un país de mayoría suní) y sus políticas (tanto en Siria como en la región en general) han aumentado en gran medida el sentimiento de victimización entre los suníes, un factor que ha contribuido a aumentar el sectarismo y el ascenso de grupos como el Estado Islámico.
La desesperada situación socioeconómica del país es otro factor que provoca una crítica generalizada al régimen, incluso entre las comunidades consideradas leales. Más del 80% de la población vive en la pobreza, luchando por sobrevivir, y el 60% sufre inseguridad alimentaria. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas informa de que los precios de los alimentos han aumentado un 376% entre octubre de 2019 y febrero de 2021. Hay escasez de alimentos básicos, medicamentos y combustible. La gente hace cola durante horas en las panaderías y gasolineras, y a veces vuelve a casa con las manos vacías. Los cortes de electricidad son habituales y han provocado el cierre de negocios locales, agravando aún más los altos niveles de desempleo. El colapso de la moneda significa que el salario de un empleado estatal equivale ahora a unos 20 dólares al mes, frente a los 400 dólares de marzo de 2011. Muchos se ven obligados a aceptar un segundo empleo, si es que lo encuentran, sólo para llevar comida a la mesa. Mientras tanto, los que tienen conexiones con el régimen (y los señores de la guerra) no sólo se benefician de la miseria de la gente, sino que hacen alarde de su riqueza y su estilo de vida privilegiado mostrando sus coches de lujo y sus propiedades en las redes sociales.
La razón principal de esta miserable situación es, por supuesto, la destrucción total del país por parte del régimen y su aliado ruso, incluyendo la infraestructura física, las viviendas, las tierras agrícolas y las instalaciones de producción. La crisis económica y financiera de Líbano, de la que dependen la economía y el sistema bancario sirios, ha hecho que las condiciones empeoren drásticamente. La corrupción del régimen y el rampante capitalismo de amiguetes que llena los bolsillos de los bien conectados agravan aún más la situación. En la base, los funcionarios del Estado exigen sobornos por los servicios básicos y los comerciantes inflan los precios de sus productos. En la cima, los leales al régimen o los miembros de la familia del presidente reciben contratos ventajosos para construir pisos residenciales de alta gama y centros comerciales de lujo, cuando muchos carecen de acceso a una vivienda básica. Por lo tanto, los planes de reconstrucción del régimen exacerbarán aún más las desigualdades sociales e impedirán el regreso de los desplazados con bajos ingresos, que son los que formaban el núcleo de la oposición.
Un factor secundario ha sido la expansión de las sanciones desde que Washington implementó la Ley de Protección Civil de Siria de César de 2019. A diferencia de las sanciones anteriores, que se dirigían a personas afiliadas al régimen -ya fueran políticas, militares o de seguridad-, estas sanciones son más controvertidas, ya que también se dirigen a empresas y sectores relacionados con el petróleo, la electricidad y la reconstrucción de infraestructuras, lo que contribuye a la escasez de bienes y servicios y repercute negativamente en la población civil. Aunque la ayuda humanitaria está exenta de las sanciones, las organizaciones no gubernamentales han informado de los efectos negativos, ya que la gente está preocupada por hacer negocios en Siria. En marzo de 2021, 14 organizaciones sirias (tanto en Siria como en el extranjero) publicaron una declaración en la que pedían al régimen sirio que pusiera fin a las sanciones participando en el proceso político dirigido por la ONU, poniendo fin a las violaciones de derechos humanos y sometiéndose a los mecanismos de la justicia.
La gente tiene hambre y está enfadada. Las protestas han estallado contra el deterioro de las condiciones de vida, el coste prohibitivo de los productos básicos y la corrupción en zonas dominadas por el régimen, como Sweida, Damasco e incluso Latakia (en el corazón del régimen). En las redes sociales, incluso los leales al régimen han expresado sus quejas por el hecho de que algunos de ellos hayan sido detenidos en virtud de la Ley de Ciberdelitos de 2018, promulgada para reprimir este tipo de disidencias. Entre ellos se encuentra la presentadora de la televisión estatal siria Hala al-Jarf, que hizo publicaciones en Facebook criticando las condiciones de vida y la escasez de productos básicos. Tras su detención en enero de 2021, fue liberada posteriormente en el marco de una amnistía destinada a apaciguar a los partidarios del régimen antes de las elecciones presidenciales de mayo. Wissam al-Tair, editor de la muy popular página de Facebook pro-régimen Damasco Ahora, fue detenido en diciembre de 2018 -probablemente por sus críticas a las condiciones que soportan los reclutas del ejército y a la crisis del combustible- y no se ha vuelto a saber de él.
De hecho, muchos creen que el régimen de Assad es incapaz de hacer frente a la crisis, incluso aquellos que no pueden prever una alternativa. Esta desconfianza generalizada se ha visto agravada por la gestión de la pandemia de COVID-19 por parte del régimen, especialmente por su incapacidad (o negativa) a proporcionar información fiable sobre el número de casos y la escasez de suministros de oxígeno, camas de hospital y vacunas. La esperanza en el futuro también es escasa.
En medio de la crisis, el régimen celebró elecciones presidenciales el 26 de mayo. Esta farsa, destinada a dar al régimen una apariencia de legitimidad en un intento de atraer fondos para los esfuerzos de reconstrucción, se convirtió en una burla de las demandas del pueblo sirio para la transición democrática. A los candidatos presidenciales se les exigía vivir en Siria durante los últimos diez años, norma que excluía automáticamente a los refugiados y a los principales miembros de la oposición en el exilio. Además, debían contar con el apoyo de 35 diputados, lo que significaba que tenían que recibir el visto bueno del régimen. Los sirios que viven en el extranjero tienen que ir a las embajadas para votar, lo que muchos no hacen por miedo a las represalias, y tienen que tener un pasaporte sirio válido y un sello de salida, que muchos no tienen. Los que viven en el 30% del territorio que está fuera del control del régimen, incluyendo Idlib y las zonas controladas por el Kurdistán y Turquía, no participaron. La administración autónoma dirigida por los kurdos en el noreste de Siria se ha negado a celebrar elecciones debido a la continua negativa del régimen a reconocer su gobierno. En Deraa, controlada por el régimen, activistas y personajes públicos llamaron al boicot. No se estableció ningún mecanismo para garantizar que la gente pudiera votar sin miedo a la intimidación por parte de los servicios de seguridad, y no hubo supervisión por parte de los observadores de la ONU. En cualquier caso, ¿cuál era el objetivo de la votación, cuando el resultado estaba decidido de antemano?
Este régimen nunca será considerado legítimo a los ojos de los sirios libres. Assad ha recuperado una forma de poder en gran parte del país mediante la fuerza bruta, el patrocinio extranjero y la ausencia de solidaridad internacional con las alternativas democráticas. El régimen no se reformará; sigue reprimiendo salvajemente cualquier disidencia y llevando a cabo crímenes de guerra con impunidad. Es incapaz de responder a los problemas económicos o de atraer fondos para una reconstrucción que se necesita desesperadamente. La mayoría de los sirios que viven fuera del país no regresarán voluntariamente mientras Assad siga en el poder y no confían en las garantías de seguridad del régimen. Las zonas de Siria que no están bajo el control del régimen siguen plagadas de crisis humanitarias, inseguridad física y la presencia de milicias a las que se oponen amplios sectores de la población. Lo que en su día fue un dinámico movimiento revolucionario se ha destrozado, fragmentado y agotado. La solución política del conflicto, requisito previo para la celebración de elecciones libres y justas, no está a la vista. El futuro, al igual que el presente, parece sombrío.
