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Via APORREA

Bajo el título: «Repudiamos la inhabilitación de Eduardo Samán, exigimos se respeten los derechos democráticos de las organizaciones políticas y los electores», varias organizaciones de izquierda emitieron una declaración política conjunta frente a la inhabilitación de Eduardo Samán y la vulneración de los derechos tanto de las organizaciones como de las y los electores.

El texto de la declaración es firmado por las organizaciones EnComún, Partido Socialismo y Libertad, Marea Socialista, Liga de Trabajadores por el Socialismo y la agrupación Luchas.

En el comunicado denuncia «la consuetudinaria confiscación del derecho a la participación política por parte del gobierno de Maduro y las Fuerzas Armadas» y particularmente la inhabilitación política de Eduardo Samán, candidato de la APR a la Alcaldía de Caracas, así como de otros candidatos asociados alianza». Esto lo califican como un ejercicio de «autoritarismo político» y lo rechazan como una «arbitrariedad antidemocrática», por lo que reclaman su derecho a postularse y llaman a sumarse en apoyo a esta exigencia.

Eduardo Samán fue ministro del presidente Hugo Chávez, representando posiciones radicales y estableción una notable conexión popular. Posteriormente asumió posiciones críticas frente al PSUV y al gobierno del presidente Maduro. Durante su desempeño como ministro llegó a sufrir atentados. 

De manera nada transparente y sorpresiva, sin notificación ni proceso previo, apareció como impedimento electoral para su postulación a alcalde de Caracas, una «inhabilitación» que impidió su inscripción como candidato con la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela, con respaldo de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR).

Ante esta situación el PCV – APR levantan el nombre de Rafaél Uzcátegui para sustituirlo; dirigente que viene de experimentar también una decisión que le arrebató el reconocimiento electoral como directivo de su partido, el PPT (Patria Para Todos), tras venir asumiento posiciones críticas y autónomas, siendo favorecido un sector aliado del gobierno de Nicolás Maduro para representar a esa organización.

Sin embargo, las organizaciones y electores que respaldan a Eduardo Samán, así como otras que independientemente de su postura electoral, defienden su derecho democrático a postularse, continúan insistiendo en el reclamo de un derecho que le fue conculcado de una manera que consideran como absolutramente arbitraria y antidemocrática.

A continuación el remitido completo, originalmente publicado, con fecha 2 de octubre en https://www.laizquierdadiario.com/Repudiamos-la-inhabilitacion-de-Eduardo-Saman-exigimos-se-respeten-los-derechos-democraticos-de-las?utm_source=lid&utm_medium=wp&utm_campaign=article-social-actions

Repudiamos la inhabilitación de Eduardo Samán, exigimos se respeten los derechos democráticos de las organizaciones políticas y los electores

Como un episodio más de la consuetudinaria confiscación del derecho a la participación política por parte del gobierno de Maduro y las Fuerzas Armadas, se sacaron de debajo de la manga la inhabilitación política de Eduardo Samán, candidato de la APR a la Alcaldía de Caracas, así como de otros candidatos asociados alianza. Es un ejercicio más de descarado de autoritarismo político, proscribiendo a un candidato para facilitarle el camino a la candidata del gobierno.

Las organizaciones que suscribimos esta declaración, aun sin necesariamente compartir las posiciones políticas y programáticas de Eduardo Samán, rechazamos de plano esta arbitrariedad antidemocrática y reclamamos su derecho a postularse. Como corrientes de izquierda, obreras y socialistas, es para nosotros y nosotras una cuestión de principios oponernos a la confiscación de los derechos democráticos por parte de este Estado.

La proscripción de candidatos y organizaciones políticas es una práctica ya común por parte de este gobierno, en función de su sostenimiento en el poder aún en contra de la voluntad del pueblo venezolano, que lo repudia ampliamente. Una práctica que corre en simultáneo con la violación de otros derechos democráticos elementales, como el derecho a la protesta, a la organización sindical, entre otros, manteniendo a cientos de trabajadores y habitantes de los sectores populares presos o criminalizados en libertad condicional.

Al proscribir a candidatos y organizaciones políticas a su antojo, el gobierno se delinea una oposición a la medida de sus necesidades y, además, violenta el derecho elemental del pueblo venezolano de elegir. Por supuesto, las elecciones en la democracia capitalista siempre serán elecciones más o menos amañadas, con enormes desventajas sobre todo para quienes expresamos los intereses de clase de lxs explotadxs y oprimidxs, y precisamente por eso, mucho más reaccionario aun es que desde el poder gubernamental se restrinjan a su antojo las opciones electorales, permitiendo solo aquellas que les resulte conveniente.

En este caso específico de Samán y la APR, es la expresión más reciente de una seguidilla de maniobras y ataques por parte del gobierno contra una coalición política que, aunque en su mayoría lo apoyó hasta el año pasado, lo cuestiona por izquierda y puede disputarle votos en determinados sectores de las bases del chavismo. De esta manera, desde el gobierno se impulsaron distintos golpes judiciales contra partidos que decidieron conformar la APR; y no bastándoles con ello, se dedicaron a perseguir a diversos candidatos y candidatas, un ejemplo de lo cual es el caso de Isabel Granado, dos veces detenida por las FAES.

El carácter brutalmente antidemocrático del gobierno se expresó también, previamente, en el hecho de negar el derecho a ejercer el cargo de alcaldes a candidatos electos por la tarjeta de algunas de estas organizaciones en 2017: así de sencillo, fueron electos, pero el gobierno decidió que no ejercerían, pisoteando además los derechos elementales del pueblo que los eligió.

Como parte también de los ataques antidemocráticos a ese sector, al único diputado de esta alianza en la Asamblea, el gobierno le ha negado el derecho a conformarse como fracción –negándole con esto los derechos que le corresponden a las distintas fracciones– y, además, le censura sus intervenciones. Una realidad que, hay que decirlo, contrasta con el entendimiento con las fracciones políticas de la oposición de derecha representadas en el parlamento, a quienes les respetan los derechos democráticos que no le otorgan a quienes, como la APR, son parte de lo que ha dado en llamarse el «chavismo crítico» o «chavismo disidente».

Más aún, la total discrecionalidad y conveniencia de las inhabilitaciones políticas se evidencia cuando, al tiempo que obstaculizan la inscripción como candidato de Eduardo Samán, le levantan las previas inhabilitaciones a dirigentes de los partidos de la derecha que negocia con el gobierno en México, para que puedan, estos sí, presentarse como candidatos. Algo similar ocurre con los trabajadores presos, que mientras a partir de las negociaciones entre gobierno y oposición este accede a liberar a algunos de los dirigentes de ese sector, sin embargo, mantiene tras las rejas a decenas de trabajadores y trabajadoras.

El gobierno, que golpea a quienes se le oponen por la izquierda, incluyendo a quienes forman parte de la izquierda chavista, ha demostrado en su viraje neoliberal, poder entenderse cada vez más con sectores de la oposición de derecha, primero con los sectores minoritarios (unos que se oponían a las sanciones, otros que simplemente se pelearon con las alas mayoritarias de sus partidos porque los dejaron fuera del manejo de los recursos otorgados por el imperialismo), y luego ahora directamente con quienes promueven las sanciones. Así, avanza cada vez en los entendimientos con la oposición patronal y con los sectores tradicionales de la clase dominante –de la cual sectores de alta burocracia chavista han pasado ya a formar parte, por su conversión en empresarios–, mientras golpea cada vez con más fuerza a la clase trabajadora, los sectores populares y las organizaciones ubicadas a izquierda del gobierno.

Es así que, de hecho, algunas de las organizaciones que suscribimos esta declaración hemos sido también objeto de esas maniobras antidemocráticas, como la negativa a la inscripción como organizaciones políticas ante el CNE, o la «renovación» de los partidos, hecha de una manera arbitraria para dejar por fuera a decenas de organizaciones.

Por todas estas razones, aun cuando la APR ha anunciado recientemente la decisión de declinar la postulación de Samán para evitar quedarse sin candidato, reiteramos el rechazo a la proscripción política de Eduardo Samán y de cualquier otro candidato u organización política, exigimos se respete su derecho y el de las organizaciones políticas que lo postulan a ser aceptado como candidato, y el derecho de aquella parte del pueblo de Caracas que considere participar en las venideras elecciones, a poder votar no solamente por los candidatos que el gobierno a su antojo decida.

Nos solidarizamos con las y los militantes de las organizaciones que luchan contra esta proscripción, y llamamos a sumar fuerzas en esta exigencia.

Firman

EnComún

Partido Socialismo y Libertad

Marea Socialista

Liga de Trabajadores por el Socialismo

Luchas

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